• Los inconformes señalaron que la destitución de Amaro Ramírez fue una represalia por su exigencia de remover a Edmundo Vázquez José, titular de la Contraloría Interna de SEPE-USET

Integrantes sindicalizados de la Delegación D-III-1 de oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), se manifestaron en la explanada de Palacio de Gobierno para exigir la reinstalación de Gwendolynee Amaro Ramírez, exrepresentante sindical.

Amaro Ramírez fue notificada de su cese en febrero de 2024. Desde entonces, trabajadores afiliados a la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han solicitado el respaldo de su dirigencia, encabezada por Cutberto Chávez de la Rosa, sin obtener respuesta efectiva.

En julio de 2024, Pablo Noé Zárate Vera fue electo como nuevo representante sindical por mayoría entre los 460 agremiados de la Delegación D-III-1 de Personal de Apoyo y Asistencia Educativa.

Durante la manifestación, los inconformes señalaron que la destitución de Amaro Ramírez fue una represalia por su exigencia de remover a Edmundo Vázquez José, titular de la Contraloría Interna de SEPE-USET. Tras las protestas y el cierre temporal de esa oficina, Amaro fue cesada, lo que, aseguraron, afectó directamente a los trabajadores del área.

“¡Basta de permitir que la base trabajadora del sector educativo quede en manos de funcionarios corruptos como Homero Meneses Hernández!”, gritaron algunos manifestantes.

La movilización se realizó en el marco del Día Internacional del Trabajo como parte de sus demandas laborales prioritarias, subrayando la exigencia de justicia y respeto a los derechos sindicales.

El cargo Trabajadores de SEPE-USET exigen reinstalación de Gwendolynee Amaro apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• Tras casi un mes sin respuesta a sus demandas, sindicalistas endurecen su postura y advierten sobre los riesgos de omisión oficial

Con un nuevo giro en su estrategia de protesta, integrantes del Sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), adheridos a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), iniciaron una huelga de hambre en la capital tlaxcalteca, frente al Palacio de Gobierno.

Esta acción llega luego de 24 días de plantón sin avances, en reclamo por lo que consideran despidos injustificados de 18 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Los manifestantes, que hasta hace unos días mantenían su presencia en las inmediaciones del Congreso local, decidieron trasladarse a la Plaza de la Constitución e instalar una casa de campaña y una carpa, como símbolo del inicio de esta nueva fase de protesta.

A través de un comunicado público, denunciaron la nula respuesta por parte de las autoridades estatales, pese al tiempo transcurrido y las gestiones realizadas. Por ello, optaron por esta medida extrema, que —afirman— busca visibilizar su situación y presionar a las autoridades a intervenir de manera inmediata.

Roberto Gallegos Tlapale, secretario del sindicato de trabajadores, responsabilizó al Gobierno del Estado por cualquier afectación en la salud de los participantes, al considerar que el silencio oficial ha prolongado de forma innecesaria el conflicto laboral.

“El día de hoy iniciamos una huelga de hambre, para ver, sí así las autoridades en este caso la gobernadora, como es la titular de la junta directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, volteé a vernos y escucharnos, porque no estamos exigiendo nada que no esté en el marco de la ley”, resaltó.

Insistió que estarán ahí hasta que los atiendan, y que su presencia siempre será de forma pacífica.

El cargo Protesta frente a Palacio de Gobierno: docentes del ITST, despedidos inician huelga de hambre apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Colectivo Yoacihuatl Frente Feminista de San Pablo del Monte y la Red de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) una investigación “imparcial y transparente” por el deceso de Brenda N., quien “perdió la vida a manos de un elemento de seguridad pública”.

Tras condenar ese hecho, a través de un posicionamiento dado a conocer en redes sociales, reprocharon a las autoridades estatales y municipales el inaceptable silencio que han guardado sobre el caso “que refleja la falta de compromiso con la justicia y la dignidad de las víctimas”.

El sábado 26 de abril, en medio de un operativo policiaco que inició por un intento de linchamiento de presuntos responsables de un robo en una casa del barrio El Cristo, esa mujer -que se encontraba entre el grupo de inconformes por la inseguridad- fue alcanzada por una bala que, de acuerdo con versiones de los lugareños, habría sido disparada probablemente por un policía y perdió la vida.

En un comunicado difundido vía Facebook un día después, es decir el 27 de abril, la FGJE se limitó a informar que, derivado de esos hechos, “una mujer resultó lesionada por arma fuego y trasladada a un nosocomio para recibir atención médica, donde perdió la vida”. Además, desveló que se inició la carpeta de investigación respectiva “para determinar la causa y ubicar a los presuntos responsables”.

“Exigimos justicia para Brenda y su familia, quienes han sido víctimas de la violencia institucional y la impunidad (…) demandamos que se investigue exhaustivamente este caso y se sancione a los responsables”, dijeron en su pronunciamiento ese colectivo y la red Mucpaz.

También demandaron “la reparación del daño causado por la negligencia de las autoridades, considerando que Brenda deja una menor huérfana que ahora enfrenta un futuro incierto sin su madre (soltera)”.

Se solidarizaron además con la familia y los vecinos de Brenda “quienes han alzado la voz para exigir justicia y poner fin a la inseguridad y la violencia en nuestra comunidad. Exigimos que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y la justicia de todas las personas”.

Contradicciones Oficiales

El día de los hechos el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros compartió con medios de comunicación una “tarjeta informativa” sobre un operativo en San Pablo del Monte.

En ese texto -atribuido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)- se dieron a conocer datos contradictorios sobre lo sucedido en ese municipio del sur del estado el sábado 26 de abril, pero además quedó en evidencia que las propias autoridades tergiversaron y ocultaron información.

A diferencia de otros hechos similares, cuando presumen la activación de un protocolo de actuación en casos de linchamiento, en esta ocasión solo informaron que “en coordinación con policías municipales, se llevó a cabo un operativo para la extracción de dos elementos de seguridad municipales que habían sido retenidos por pobladores, luego de que los elementos recuperaron a dos personas tras registrarse un intento de robo en un domicilio en el municipio de San Pablo del Monte”.

Añadieron que “pobladores intentaron retener a un grupo de hombres, presuntos responsables de un intento de robo a domicilio. En esa circunstancia, los elementos de seguridad municipal que acudieron al lugar para controlar la situación fueron retenidos por los habitantes, quienes exigían castigo inmediato a los detenidos”.

Ante esta situación la SSC “implementó un operativo, privilegiando en todo momento el diálogo con la comunidad y el respeto a los derechos humanos, logrando la liberación de los dos oficiales. Cabe resaltar que uno de los oficiales fue trasladado al Hospital General de San Pablo del Monte para ser atendido debido a las lesiones que sufrió por parte de los pobladores”.

Como se observa, el gobierno morenista tuvo cuidado de no referirse a un intento de linchamiento, y tampoco dijo que, para dispersar a la turba, se hicieron disparos y menos informó que los policías utilizaron gas lacrimógeno.

Contrario a lo difundido por la FGJE, la Coordinación de Información del gobierno morenista ocultó a propósito lo referente al balazo que recibió Brenda y que terminó por causarle la muerte. De eso no hubo ni una palabra.

Por si eso fuera poco, en otro párrafo de esa “tarjeta informativa” se lee lo siguiente: “se detalla que los tres presuntos responsables del robo quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes”.

Este dato también se contrapone a lo que anotaron en un párrafo inicial de la “tarjeta informativa” en el que el gobierno aseguró que los presuntos delincuentes rescatados solo fueron dos y no tres, aunque pobladores refieren que se trató de cuatro: tres hombres y una mujer.

En una contradicción más, inicialmente el gobierno informó que se trató de “un intento de robo a domicilio”, pero después sostuvo que fue un delito consumado.

Sobre el estado de salud del policía municipal herido en la refriega las autoridades estatales no han informado nada.

La FGJE tampoco ha informado si los familiares de la mujer fallecida presentaron ya la denuncia respectiva por ese delito, aunque extraoficialmente se sabe que deudos de la víctima ya lo hicieron.

La institución a cargo de Ernestina Carro Roldán no ha informado si los propietarios del domicilio donde fueron encontrados los presuntos delincuentes presentaron o no la denuncia por ese delito.

Con información, de Fabián Robles, Faro Tlax

El cargo Exige colectivo justicia por homicidio de Brenda en San Pablo del Monte apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.