El exrector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso Xicohténcatl Rojas, aseguró que el esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra operó utilizando a universidades públicas como intermediarias para mover recursos federales hacia empresas externas.

En una entrevista difundida por el medio digital SinEmbargo, el exfuncionario explicó que el acercamiento con la institución ocurrió a través de Claudia Morones, a quien identificó como colaboradora de Ramón Sosamontes, operador político cercano a la exsecretaria federal Rosario Robles, figura vinculada al escándalo.

De acuerdo con su versión, el mecanismo consistía en que las dependencias federales firmaban convenios con universidades públicas, las cuales recibían un pequeño porcentaje del monto total únicamente por formalizar la documentación. Posteriormente, los trabajos incluidos en esos contratos eran transferidos a terceros.

Xicohténcatl Rojas explicó que, en un principio, la universidad creyó que participaría en proyectos académicos reales, como investigaciones o estudios especializados. Sin embargo, con el tiempo detectaron que muchas de las actividades ya estaban asignadas a empresas externas, lo que generó irregularidades.

Auditorías posteriores identificaron observaciones por montos millonarios, incluyendo cerca de 170 millones de pesos relacionados con trabajos que no se habrían realizado.

El exrector también afirmó que su situación legal se ha extendido por años. Recordó que en noviembre de 2023 un juez determinó que no existían elementos para procesarlo; no obstante, el expediente fue reactivado meses después.

El caso de la Estafa Maestra salió a la luz tras investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales revelaron un sistema de triangulación de recursos públicos mediante convenios entre dependencias federales y universidades, que posteriormente subcontrataban a empresas privadas.

El cargo Narciso Xicohténcatl revela cómo fue La Estafa Maestra apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que tras haberse diferido en 12 ocasiones la celebración de la audiencia inicial por parte del hoy imputado, Héctor Melesio “C”, con justificaciones médicas y peticiones de su defensa, el exdirector de Bienes y Suministros de la máxima casa de estudios se presentó ante el Juez.

En la causa penal 857/2023 que derivó del cuadernillo penal 1098/2023, se obtuvo la vinculación a proceso del imputado, al que se le fijó como medidas cautelares seguir el juicio en libertad, con presentaciones mensuales, no salir del país sin la autorización del juez y se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Los cargos que le imputan están relacionados con la adquisición de un servicio de restaurante-bar, con servicio de meseros, realizados a través de empleados de la universidad, quienes realizaban consumos de alimentos de manera directa en la sociedad mercantil, denominada inmobiliaria Luis XV, S.A. de C.V.

Esta sociedad está conformada por Héctor Melesio “N”, sus padres y hermanos, la cual opera el restaurante denominado Casa María, ubicado en la ciudad capital, en donde se facturaban los consumos a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Según los cargos que le imputan, durante el año 2021, esta sociedad mercantil emitió un total de 170 facturas por consumos de alimentos y bebidas a favor de la institución académica por un monto de $1,274,080.02 millones de pesos.

En el año fiscal de 2022 se expidieron a nombre de la misma institución académica un total de 428 facturas por consumos de 382 mil 299 pesos con 50 centavos, dando un total de 598 facturas emitidas por un monto total de $ 1,447.671.78 millones de pesos.

Las investigaciones abiertas revelaron que, de las facturas emitidas a favor de Universidad Autónoma de Sinaloa, con fecha 25 de agosto del 2021, por un monto de $1,145,000.04 millones de pesos, fue cancelada el día 20 de mayo del 2023, a raíz de una publicación en medios de comunicación sobre el gasto y la empresa beneficiada.

Según la autoridad judicial, la investigación se centró en lo poco creíble que un año y ocho meses después de que se emitió una factura, por consumos, la cual se pagó en efectivo, esta fue cancelada, cuando es improcedente.

Con información de: El Universal

El cargo Vinculan a proceso al hijo de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa asesinado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El ex rector estuvo acompañado de familiares, amigos e integrantes de la comunidad universitaria, quienes se trasladaron hasta una agencia funeraria de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al acto fúnebre también asistieron el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas; el ex rector, Enrique Graue; y la próxima titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

En redes sociales, facultades, centros de investigación e instituciones educativas expresaron sus pésame al ex rector y su familia. Entre ellos, Fundación UNAM, la Asociación Nacional de Lucha contra el Cáncer, el Instituto de Ecología, entre otros, así como Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, y el ex secretario de Economía, Idelfonso Guajardo.

Con información de: La Jornada

El cargo Fallece hijo mayor del ex rector de la UNAM José Narro Robles apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Despidos injustificados, nepotismo, violencia de género, intimidación, anomalías financieras, suplantación de cargos, falta de atención a los planes de estudio, laboratorios, instalaciones y alumnado, así como la prohibición de agruparse en un sindicato, son sólo algunas de las irregularidades que docentes, personal administrativo y de servicios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala denunciaron este miércoles.

En rueda de prensa, los inconformes señalaron que estas deficiencias se han registrado desde que Enrique Padilla era el rector, y continúan ahora, con Rosalía Nalleli Pérez Estrada al frente de la institución.

En este sentido, el grupo de quejosos acusó a las autoridades educativas de despidos injustificados de por lo menos 8 empleados, quienes habían mostrado interés de formar un sindicato, por lo que sin explicación fueron dados de baja de sus cargos, incluso, una de ellas, denunció violencia de género e intimidación por parte de cuerpos de seguridad, quienes la obligaron a abandonar la universidad.

Ante esto, y el resto de las arbitrariedades, los trabajadores solicitaron una auditoría urgente a través de un ente externo, que clarifique el destino de los recursos que ingresan a la UPTlax, y se expliquen los casos de corrupción y la venta de calificaciones por votos con fines electorales.

Los docentes exigieron se devuelva la calidad educativa que caracterizaba a la Casa de estudios, que algún tiempo ocupó el segundo nivel entre las instituciones de su categoría, y envió a alumnos al extranjero.

Finalmente, señalaron que ya enviaron oficios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como a la Gobernadora Lorena Cuéllar, al Secretario de Educación Pública, Homero Meneses y esta semana presentarán su denuncia por la vía legal.

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