Este viernes un juez de control dictó condena absolutoria y ordenó dejar en libertad a Juan Carlos García Rivera, presunto operador del software de espionaje Pegasus. 

Lo anterior luego de considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó prueba que lo vincule a la intervención ilegal de las comunicaciones de la periodista mexicana Carmen Aristegui. 

Juan Carlos García Rivera era empleado de una filial del Grupo KBH, un corporativo de empresas que se dedicaban a realizar trabajos por medio de prestanombres y operaban desde un inmueble ubicado en la Avenida Ejército Nacional, CDMX.

García Rivera, quien había permanecido en prisión preventiva desde 2021 en el Reclusorio Sur de la capital del país, reconoció -durante la última audiencia del desahogo de pruebas- haber estado en el contrato de operación del software Pegasus con la entonces Procuraduría General de la República (PGR). 

Sin embargo, el señalado afirmó solo haber sido parte del equipo de “soporte técnico”, pero no de quienes operaban el software. 

El exempleado de KBH expuso que a otros dos empleados que aparecen en el contrato: Jairo Riso, de Colombia, y Berta Sánchez, de España. Ambos laboraban en NSO Group y, según García Rivera, eran los únicos que conocían cómo funcionaba la “caja negra”.

Cabe recordar que Pegasus fue adquirido durante el sexenio de Peña Nieto, así lo afirmó un testigo protegido de la FGR  identificado como “Zeus” (que trabajó en Grupo KBH), quien detalló que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, ordenó la compra del software para intervenir comunicaciones a diversos personas públicas en el año 2014.

Con información de: Radio Fórmula

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Uno de los grandes escándalos del sexenio de Enrique Peña Nieto fue el espionaje en contra de periodistas, empresarios y personas defensoras de derechos humanos a través del malware Pegasus. A cinco años de esa administración, un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el gobierno adquirió esta herramienta con la que se violó la seguridad digital de al menos 15 mil teléfonos.

Se trata del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, el general Pedro Bonilla Muñoz, quien compareció ante un juez federal el pasado 28 de diciembre. Esto, como parte del juicio que lleva la Fiscalía General de la República para esclarecer el espionaje en contra de la periodista Carmen Aristegui.

Durante la audiencia, presidida por el juez Luis Benítez Alcantara, el general reiteró su respuesta a un requerimiento del Ministerio Público Federal, en la que, según el periodista Alfredo Maza de Animal Político, señaló que “efectivamente se adquirió ese sistema (Pegasus) de junio de 2011 a agosto de 2013”.

Pese a dar a conocer esta información, el general desconoció si este convenio se realizó con algún área en particular del Ejército. Sin embargo, acotó que su confirmación coincide con un comunicado de la Sedena de 2022 en el que la dependencia señaló que este malware fue utilizado para seguridad y operaciones internas.

Espionaje con Pegasus: ¿Para que se usó en el sexenio de Peña Nieto?

Contrario a la versión de la Sedena, la investigación “Pegasus Project” dio a conocer que el gobierno peñista utilizó Pegasus para espiar más de 15 mil teléfonos. Además de Carmen Aristegui, se buscó intervenir el número de Azman Ahmed, un corresponsal de The New York Times, así como de personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varias figuras cercanas al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el gobierno de Peña Nieto negó la autorización de esta compra, la Fiscalía General de la República lleva a cabo un juicio para esclarecer este caso en contra de Juan Carlos García Rivera, un empleado del Grupo KBH señalado de perpetrar la intervención a la periodista mexicana.

En los avances más recientes del caso, el juez federal aceptó el desistimiento de la FGR de llevar en calidad de testigo a Omar García Harfuch, exaspirante a la jefatura de Ciudad de México y titular de la Agencia de Investigación Criminal cuando se efectuó la compra, así como de otras 30 personas con las que pretendía confirmar la compra del malware.

CON INFORMACIÓN DE: RADIO FÓRMULA

El cargo Otra ‘joyita’ de Peña Nieto: su Gobierno sí compró Pegasus para espiar, revela general apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) confesó que el expresidente Enrique Peña Nieto ordenó utilizar el sistema Pegasus para espiar a los empresarios Carlos Slim Helú, Germán Larrea, y a periodistas como Carmen Aristegui.

De acuerdo con “Zeus”, el testigo protegido de la Fiscalía, era el propio Peña Nieto, a quien se le conocía como “El Patrón”, el que ordenaba a quién se debía espiar.

La revelación se dio ayer ante el Juez Luis Benítez Alcántara, durante la primera audiencia del juicio oral contra Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Corporativo KBH, red de empresas fachada que utilizó el empresario de origen israelí Uri Emmanuel Ansbacher para vender Pegasus al Gobierno mexicano, celebrada en el Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Sur.

“Zeus” –quien trabajó en el Corporativo KBH–, dijo que hubo cerca de mil 500 personas espiadas, y señaló que los nombres estaban incluidos en una lista elaborada en Excel, y que fueron enviados al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que en ese entonces era dirigido por Eugenio Ímaz Gispert; en la lista también aparecían Héctor de Mauleón, Pedro Ferriz de Con, Carlos Loret de Mola, Genaro Villamil, entre otros.

“A mí me tocó ser testigo varias veces de llamadas que [Uri Emmanuel Ansbacher] recibía directamente del Presidente [Enrique Peña Nieto], a quien Uri le decía ‘Patrón’”, explicó el testigo y dijo que también había llamadas con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación, a quien Ansbacher le decía “Jefe”.

El testigo protegido también precisó que cada registro de las personas que eran objeto de espionaje incluía fotografías, contactos, correos electrónicos, reportes de llamadas de entrada y salida, videos y mensajes.

El pasado 16 de octubre de 2022, la FRG dio a conocer que hay dos carpetas de investigación relacionadas con al sistema conocido como Pegasus, por la compra de dicho software computacional para realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia informó que hasta este momento las dos carpetas de investigación abiertas son por la adquisición del equipo de inteligencia por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La segunda indagatoria es por un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.

En el primer caso, la Fiscalía detalló que la anterior administración adquirió Pegasus por la cantidad de 456 millones 843 mil 149.00 pesos, “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.

En dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “N”, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.

La FGR agregó que el otro es un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, aunque no precisó mayor información sobre esto.

Asimismo detalló que por este hecho, el pasado el 26 de agosto de 2021 se ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; “todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo. En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en Artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.

a Fiscalía recordó que el 1 de noviembre de 2021 se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Cinco días después, un Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.

“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas. Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer”, explicó.

Con información de: SinEmbargo

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