La captura de José Guadalupe “N”, señalado como operador logístico de una célula criminal con vínculos en Jalisco, vuelve a exhibir una realidad incómoda. Según las investigaciones federales, Tlaxcala dejó de ser únicamente un estado de paso para convertirse en una pieza estratégica dentro de las rutas del crimen organizado que conectan el Pacífico con el centro del país. Desde aquí se movían drogas, armamento y recursos para sostener una estructura dedicada, presuntamente, a delitos como extorsión, secuestro exprés y robo al transporte de carga.

¿dónde estaban las autoridades estatales mientras esta organización consolidaba su presencia?

La respuesta parece repetirse una y otra vez. Cuando se decomisaron cerca de 900 kilogramos de cocaína en San Diego Xocoyucan; cuando se catearon inmuebles; cuando se identificaron laboratorios clandestinos; cuando se ejecutaron órdenes de aprehensión, los protagonistas fueron la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. El gobierno estatal aparece, en el mejor de los casos, como acompañante institucional; en el peor, como un simple observador.

No es un asunto menor. Si la inteligencia federal ya tenía identificadas las rutas, las operaciones y hasta los municipios donde se asentaba esta estructura criminal, resulta difícil creer que ninguna instancia local hubiera detectado movimientos sospechosos. Y si los detectó, ¿qué hizo para impedir que el problema creciera?

El discurso oficial insiste en que Tlaxcala es un estado seguro. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia. Cuando una organización criminal utiliza territorio tlaxcalteca como plataforma logística nacional y es el Gobierno de México quien la desmantela, queda claro que la narrativa de tranquilidad no alcanza para ocultar una realidad cada vez más compleja.

La seguridad no puede medirse únicamente por conferencias de prensa o cifras cuidadosamente seleccionadas. Se mide por la capacidad de prevenir, investigar y desarticular a las organizaciones criminales antes de que echen raíces. En ese terreno, las acciones recientes parecen demostrar que quien lleva la iniciativa es la Federación.

Más preocupante aún es que estos operativos revelan un patrón: Tlaxcala aparece constantemente en investigaciones relacionadas con narcotráfico, robo de combustible, trata de personas, robo al transporte y ahora como corredor logístico para organizaciones criminales de alcance nacional. La coincidencia deja de ser casualidad.

El mérito por estas capturas corresponde a las fuerzas federales. Pero también obligan a preguntarse cuál ha sido el papel de las corporaciones estatales y municipales. ¿Han desarrollado inteligencia propia? ¿Han infiltrado estas estructuras? ¿Han logrado detener objetivos prioritarios por iniciativa propia? ¿O simplemente esperan a que la Federación haga el trabajo?

La coordinación entre niveles de gobierno es indispensable, pero coordinación no significa dependencia absoluta. Un estado que conoce su territorio debería ser el primero en detectar las amenazas que crecen dentro de él.

Cada captura federal es una buena noticia para la seguridad del país. Pero también es un recordatorio de que Tlaxcala no puede conformarse con ser el escenario donde otros vienen a resolver los problemas.

Porque mientras el Gobierno de México golpea a las organizaciones criminales, la percepción que queda es que el gobierno estatal observa desde la barrera. Y en materia de seguridad, ser espectador nunca ha sido una estrategia. Es, simplemente, una forma de renunciar al liderazgo que la ciudadanía espera.

La verdadera pregunta es cómo pudo instalarse, crecer y operar durante tanto tiempo sin que las instituciones estatales fueran capaces de desmantelarla.

Porque esta historia tiene un patrón que comienza a repetirse con demasiada frecuencia.

Cuando se capturan operadores de alto nivel, aparece la Guardia Nacional.

Cuando se investigan redes nacionales, aparece la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

¿Y el gobierno de Tlaxcala?

Aparece en los comunicados hablando de coordinación.

La diferencia entre coordinar y depender es enorme.

Coordinar implica aportar inteligencia, investigaciones, detenciones y resultados propios. Depender significa esperar a que la Federación descubra lo que ocurre dentro del territorio estatal y resuelva lo que las instituciones locales no pudieron —o no quisieron— resolver.

Resulta preocupante que los golpes más importantes contra el crimen organizado en Tlaxcala tengan siempre el mismo sello: el del Gobierno de México. Eso habla de una Federación que actúa, pero también de un estado que parece haber cedido el liderazgo de la seguridad pública.

Mientras desde Palacio de Gobierno se insiste en presentar a Tlaxcala como una entidad segura, los expedientes federales cuentan otra historia: laboratorios clandestinos, rutas del narcotráfico, robo al transporte, trata de personas, extorsión, secuestro y organizaciones criminales que consideran al estado un punto estratégico para sus operaciones.

No son percepciones.

Son investigaciones federales.

Son órdenes de cateo.

Son aseguramientos multimillonarios.

Son detenciones de objetivos prioritarios.

Y todas tienen un denominador común: la iniciativa proviene de la Federación.

El cargo Tlaxcala: el espectador incómodo de la guerra contra el crimen apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.