Las autoridades puntualizaron que la solicitud que presentó el Ministerio Público Federal ante la UIF “contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo”.

Asimismo, en un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la FGR y la Guardia Nacional, señalaron que las acciones emprendidas relacionadas con solicitudes de inmovilización de recursos, “se sustentan en la existencia de indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los recursos  o bienes vinculados con las personas investigadas. Puedan utilizarse para la comisión, continuidad o ocultamiento de actividades ilícitas, ser objeto de disposición o transferencia inmediata, o formar parte de circuitos financieros o comerciales relacionados con la delincuencia organizada”.

Se precisa que dichas medidas se solicitan exclusivamente respecto a las personas, incluidas en la investigación correspondiente, en este caso, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillen, quienes han sido acusados por la FGR, y este jueves se les dictó vinculación a proceso por contrabando, delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada por estar relacionados con una organización delictiva dedicada al contrabando de combustibles de Estados Unidos a territorio mexicano.

“El gabinete de Seguridad de México, reitera su compromiso de actuar con estricto apego al estado de Derecho, privilegiando la coordinación entre las instituciones, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas”.

CON INFORMACION DE LA JORNADA

El cargo La FGR ni UIF han congelado cuentas de la hija de Ernesto Ruffo, señala Gabinete de Seguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó este jueves que Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones y estimó que el daño a la hacienda pública es de más de cuatro mil millones de pesos.

“A parte del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones”, aseveró en conferencia de prensa.

La Fiscal detalló que junto a la Agencia Nacional de Aduanas amplió las investigaciones y, entre enero y julio de 2025, detectó que la organización investigada habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación de combustible a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

Como resultado de este primer bloque de la investigación, agregó, se desplegó una operación para obtener órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre ellos, Ernesto Ruffo y cuatro personas más que han sido aseguradas en el transcurso del día, y señaló que se trabaja para cumplimentar el resto de los mandatos judiciales en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

Entre las personas investigadas, indicó, se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.

“Es necesario hacer hincapié que, como parte de esta investigación, contamos con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, sostuvo.

¿Cómo operaba la red de huachicol que evadió miles de millones?

Ernestina Godoy explicó que este esquema de contrabando comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador de Baja California detenido este jueves en Ensenada.

Las empresas relacionadas con esta red, que se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, transportaban el hidrocarburo de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, hacía México, pero al momento de ingresar al país declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados pata luego distribuirlos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

“La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal”, indicó.

Una vez que llegaba a esos puntos, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes que se encargaban de vender y distribuir el material en distintas regiones del país sin ningún tipo de permiso.

Godoy Ramos destacó que tras el análisis coordinado se logró una primera acción operativa que generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada, así como la desarticulación de uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

En dicha investigación se detectó un primer perjuicio millonario al fisco, pues aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades y se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.

Además, agregó que tan sólo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.

Con este esquema, las empresas involucradas ingresaban al país hasta 10 veces más del diesel autorizado y hasta tres veces y media más del volumen permitido en gasolina.

La Fiscal puntualizó que la indagatoria también reveló patrones de operación de las empresas para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades, con lo que se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

“Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales”, detalló.

Como resultado de esta esquema, se estima un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.

Finalmente, la titular de la FGR señaló que del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año se ha procesado a 407 personas, relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible, que operaban tanto por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

“Continuamos trabajando, en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, para combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen al Pueblo de México terminen financiando actividades criminales”, dijo.

CON INFORMACION DE SINEMBARGO.MX

El cargo Ruffo Appel y otros operaron una red internacional que evadió miles de millones: FGR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La empresa del político de 73 años estaría vinculada con el megadecomiso que se realizó en Coahuila y por el cual se le liga con el delito de huachicol fiscal.

Fuentes federales revelaron a El Universal que las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse a inicios de agosto de 2025, a través de la FGR y fiscalías locales ante jueces de todo México.

Algunas de dichas solicitudes ya fueron giradas, mientras que otras serán otorgadas por jueces en los próximos meses, aunque por el sigilo de la investigación, no todas serán reveladas ante los medios.

¿Por este caso la FGR va contra Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel es socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., involucrada en el megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila el pasado 7 de julio.

l 24 de julio, El Universal reveló que Ingemar nació en 2018 bajo el registro ser una empresa que se dedicaría a relaciones públicas, a la construcción, compra de terrenos y de bienes raíces.

Sin embargo, el 11 de abril de 2019 solicitó la modificación del objeto de la sociedad para entrar al mercado de hidrocarburos, incluyendo actividades como:

• Servicios de almacenamiento, petrolíferos y petroquímicos
• Compra, venta, importación y exportación de hidrocarburos
• Vigilancia y custodia de hidrocarburos
• Contratista del gobierno federal y locales, entre otras cosas

Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

José Merino Valdés Cuervo, dueño de Ingemar, incluyó al panista como socio mayoritario en octubre de 2021, y sería después de dos años que lograron obtener un permiso del Gobierno Federal para la importación de 500 millones de litros de gasolinas magna y premium, así como diesel.

Tras la incautación de los carrotanque de Ingemar que trasladaban huachicol, Ruffo Appel se deslindó de responsabilidades y aseguró estar a disposición de las autoridades.

De acuerdo con El Universal, en una entrevista con Ruffo Appel el pasado 24 de julio, sostuvo que pondría a disposición del gobierno federal toda la información de las actividades de Ingemar a lo largo de los últimos años, de ser solicitada.

“¿Tiene la conciencia tranquila?“, se le cuestionó, según El Universal.

“Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, declaró.

El exgobernador de Baja California aseguró que Ingemar no tiene responsabilidades en el tráfico de huachicol y acusó a los comercializadores que operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías.

Agregó que la comercializadora con la que trabaja Ingemar es Crismón Hidrocarburos y Derivados, por lo que afirmó que les fue consignada directamente por el gobierno federal, señalando que la colaboración directa no fue su decisión.

“Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora”, expresó.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Guillermo Ruffo Appel, nacido en San Diego, California, EUA, es un licenciado en Administración de empresas que es militante de Acción Nacional.

Según su ficha curricular de la Cámara de Diputados, Ruffo Appel fue presidente municipal de Ensenada, Baja California, entre 1986 y 1989.

Al término de su gestión como alcalde, fue candidato de su partido por el gobierno de Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición que gobernó la entidad y derrotó al PRI.

También fue senador de la República y diputado federal.

CON INFORMACIÓN DE POLÍTICO.MX

El cargo FGR va por panista: solicitarían orden de aprehensión por huachicol fiscal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.