La minuta de ley que posibilita la cobranza delegada no sólo plantea descuentos directos, vía nómina, al salario de trabajadores, sino también a las pensiones que otorgan el IMSS y el Issste por adeudos de créditos contratados por jubilados.

Por lo anterior, senadores morenistas no sólo dieron la razón a la presidenta Claudia Sheinbaum en su determinación de vetar esa reforma, en caso de que se apruebe, sino que demandaron que se deseche esa minuta que, de forma inexplicable, se revivió en la Cámara alta.

El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, comentó que las modificaciones planteadas a las leyes financieras y laborales vulneran derechos fundamentales de los trabajadores, al establecer la figura del crédito de nómina con cobranza delegada, lo que implica la retención automática de pagos desde el salario de los empleados, sin posibilidad de revocación.

Aunque el ahora diputado Pedro Haces, autor de la iniciativa original en 2018, ya se desmarcó y sostuvo que la minuta en el Senado fue modificada en San Lázaro, en el artículo310 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, base de la reforma, se establece que la cobranza delegada opera también en los contratos de seguros y en créditos que se otorguen con cargo a las pensiones de trabajadores en retiro del sector público y el privado.

Al respecto, Reyes Carmona resaltó que esa minuta, congelada desde 2022 en el Senado y que el pasado noviembre se turnó a la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos para su revisión, no contiene garantías de protección para los trabajadores, no prevé una autoridad supervisora ni establece quién sería responsable de vigi-lar que las retenciones no excedan los límites legales, lo que posibilitará abusos por parte de las instituciones financieras.

Tampoco contiene, agregó, mecanismos suficientes para evitar prácticas que perjudiquen a los trabajadores más vulnerables y es una carga excesiva sobre los patrones, toda vez que los obliga a gestionar los pagos de créditos de sus empleados, lo que puede afectar la competitividad empresarial.

A su juicio, existen mejores mecanismos legislativos para regular el acceso al crédito sin comprometer los ingresos de los trabajadores. Además, recalcó, la solución no debe pasar por la imposición de un mandato irrevocable, sino por fortalecer la regulación del crédito y promover mayor educación financiera para evitar el sobren-deudamiento”.