El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala llevaron a cabo la presentación del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 y el Lanzamiento Formal del proceso censal correspondiente a la edición 2026, con la participación del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Tlaxcala, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

El presídium estuvo integrado por la magistrada presidenta del TSJE, Fanny Margarita Amador Montes; el presidente del OAJ, Sergio Pérez George y la magistrada Claudia Cervantes Rosales, quien acudió en representación de la magistrada presidenta del TDJ, Violeta Fernández Vázquez.

El objetivo del Censo Nacional de Impartición de Justicia es constituirse como una herramienta estratégica para generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los poderes judiciales en todas las entidades federativas. En el caso de Tlaxcala, permite visibilizar el ejercicio de sus funciones.

La información recabada se conformó por seis módulos: estructura organizacional y recursos; impartición de justicia en materia penal, civil, familiar y mercantil; justicia para adolescentes; justicia alternativa y mecanismos alternativos de solución de controversias; así como servicios periciales y médico forenses.

Durante su intervención, la presidenta del TSJE, Fanny Margarita Amador Montes, destacó que el Censo no solo informa, sino que guía la toma de decisiones para construir una justicia más eficiente y cercana, por lo que resaltó que los resultados permiten detectar áreas de oportunidad y fortalecer acciones como la justicia alternativa, la capacitación, la difusión del RNOA y el tránsito hacia la oralidad, siempre en beneficio de las y los tlaxcaltecas.

A su vez, el presidente del OAJ, Sergio Pérez George, señaló que el Censo Nacional de Impartición de Justicia es una herramienta estratégica para conocer y analizar la realidad operativa y funcional de las instituciones de justicia en Tlaxcala. Subrayó que cada dato fortalece diagnósticos sólidos para la toma de decisiones y reconoció el trabajo del personal, CONATRIB e INEGI, destacando que generar estadísticas oficiales exige profesionalismo, capacitación y conciencia del valor público de la información.

El coordinador estatal del INEGI, Carlos Manuel Lozano García, presentó los datos más relevantes del Censo 2024, donde destacó que, a nivel nacional los poderes judiciales estatales emitieron y publicaron 700 mil 347 sentencias durante 2024; en Tlaxcala fueron 4 mil 983; mientras que en Tlaxcala se registraron 17 mil 461 asuntos ingresados en los órganos jurisdiccionales de primera instancia y 10 mil 126 asuntos concluidos durante el mismo año.

Por materia, en Tlaxcala ingresaron 8 mil 355 asuntos y concluyeron 3 mil 49 en materia Familiar; 6 mil 579 ingresados y 5 mil 878 concluidos en materia Civil; mil 11 ingresados y 964 concluidos en Mercantil; mil 506 ingresados y 628 concluidos en Penal; y 10 asuntos ingresados con 7 concluidos en Justicia para Adolescentes.

Con estos resultados, el Poder Judicial del Estado y el INEGI dieron por iniciado formalmente el proceso censal 2026, reiterando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua del servicio de justicia para las y los tlaxcaltecas.

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En cumplimiento al artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala a través del Departamento de Planeación, Estadística y Normatividad, da cumplimiento al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Así lo informó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJE-CJE), Anel Bañuelos Meneses, quien precisó que es a través del citado departamento como se suministra, intercambia, sistematiza, consulta, analiza y actualiza la información que se genere derivado del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Es importante mencionar que el RNOA es una herramienta para garantizar el ejercicio de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), y forma parte de las políticas públicas que el Estado mexicano ha implementado para evitar que las personas incumplan con las obligaciones alimentarias, concentrando la información de deudores y acreedores a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de NNA.

Este trabajo se llevó a cabo de forma coordinada con el SNDIF, institución que fue la encargada de generar estos instrumentos tecnológicos que dieron paso a la creación del RNOA, el cual emite Certificados de No Deudor Alimentario a petición de parte interesada, y sirve para informar si la persona solicitante no se encuentra inscrita con esa calidad por habérsele requerido para la realización de algún trámite o procedimiento.

Destacó que el certificado de no inscripción se emite con base en la información suministrada a la fecha por los juzgados en materia Familiar de tribunales locales y no invalida la que se encuentra contenida en los registros de deudores alimentarios morosos de las entidades federativas.

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