Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Ernestina Godoy Ramos, la nueva Fiscal de la República, hereda un cúmulo de asuntos de primer nivel que prácticamente estuvieron congelados en los 7 años que Alejandro Gertz Manero encabezó la Fiscalía General de la República (FGR), casos que pasan por las investigaciones a políticos como Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno Cárdenas, Francisco García Cabeza de Vaca, redes de corrupción como la de factureros, la de huachicol fiscal y el propio caso Odebrecht, además de aquellos relacionados con el crimen organizado como la operación de La Barredora en Tabasco y el plagio de Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa.

Godoy Ramos fue elegida este miércoles como la sucesora de Gertz Manero en un proceso que se desarrolló rápidamente en el Senado de la República, en donde la semana pasada se dirimió la salida de Alejandro Gertz Manero, quien se prevé que sea designado por esa misma instancia a una Embajada de “un país amigo” aún sin precisar.

Ernestina Godoy Ramos hará nuevamente una dupla con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien ya trabajó en la Ciudad de México, cuando la Jefa de Gobierno era precisamente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La coordinación de ambos llevó a una reducción del 60 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2023. Godoy es además una mujer de todas las confianzas de la Presidenta, hasta antes de asumir al frente de la FGR se desempeñaba como la Consejera Jurídica de la Presidencia.

Junto al rato de la violencia que enfrentarán ambos, Godoy Ramos también tendrá que atender el rezago en los principales casos de corrupción que no avanzaron con Alejandro Gertz Manero, quien en casi 7 años no obtuvo sentencias en las tramas de corrupción de la Estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y la que se inició y al parecer abandonó contra el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La investigación contra Alito y Cabeza de Vaca

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fueron investigados por la Fiscalía de Gertz Manero. Ambos casos requerían que se presentaran solicitudes de desafuero. La FGR sí lo hizo con Cabeza de Vaca cuando era Gobernador, la cual no fue homologada por el Congreso de Tamaulipas, desde entonces ha permanecido prófugo, pero reuniéndose en privado con figuras de su partido.

En lo que respecta a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, la FGR abrió una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, pero nunca acudió al Congreso para solicitar que se iniciará un juicio de procedencia contra el priista para determinar si había elementos o no para quitarle la inmunidad del fuero y ser proceso. Nada de eso ocurrió. De hecho, “Alito” ha sido en los últimos días uno de los principales defensores de la gestión de Gertz Manero.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo una investigación contra “Alito” Moreno Cárdenas que difiere de la realizada por la Fiscalía de Campeche. La FGR profundizó las pesquisas a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.

La carpeta de investigación (FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002) se centró en los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, como informó SinEmbargo el 12 de septiembre de 2022. Los señalamientos abarcan el periodo de 2015 a 2020, tiempo que coincide con su desempeño como Gobernador de Campeche, aunque en 2020 ya presidía el PRI.

En lo que respecta a la investigación contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la investigación de la FGR se centró principalmente en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Este proceso judicial inició formalmente en 2021, cuando la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del panista.

A pesar de que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero el 30 de abril de 2021, el Congreso de Tamaulipas, dominado por el PAN, se negó a confirmar la resolución, permitiendo al exmandatario evadir la acción de la justicia, lo que resultó en una orden de aprehensión y una ficha roja internacional en su contra. La investigación se basa en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento de Justicia de EU, que lo vinculan con una presunta red de triangulación de más de 100 millones de pesos a través de empresas inmobiliarias y constructoras, involucrando a varios familiares.

Un punto clave fue la polémica de febrero de 2025, cuando García Cabeza de Vaca anunció la supuesta anulación de la Ficha Roja de Interpol, lo cual fue desmentido por la FGR, aclarando que solo se había suspendido temporalmente por un amparo no resuelto. Más recientemente, en octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el Amparo en Revisión 54/2024 para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en su contra. Adicionalmente, el exmandatario ha sido acusado por legisladores federales de mantener privilegios ilegales y costosos, como un cuerpo de escoltas y vehículos oficiales pagados por el Estado de Tamaulipas, a pesar de su condición de prófugo de la justicia.

El documental El populismo en México

En febrero de 2022, SinEmbargo informó que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, investigó un esquema de financiamiento presuntamente ilícito detrás del documental “Populismo en América Latina” que se enfocó en ocho empresas y once ejecutivos y empresarios por haber cometido varios delitos.

Entre las empresas clave se mencionaron la transnacional OHL de España (ahora Aleática), la cual fue una de las favoritas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y está señalada por escándalos de sobornos. El documental, realizado entre 2017 y 2018, tenía el supuesto propósito de evitar el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña prometió combatir la corrupción.

El esquema financiero investigado revelaba que Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general de OHL-México, habría transferido 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis S.A. de C.V.. Esta última empresa es propiedad de Federico Berrueto Pruneda, identificado por la FGR como un personaje central en la trama, quien además es socio de Gabinete de Comunicación Estratégica y ha trabajado para campañas del PRI. A su vez, Berrueto Pruneda supuestamente canalizó 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V y TV Promo S.A de C.V, empresas propiedad de Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, exejecutivo de Televisa y asesor de Peña Nieto, con el fin de realizar el documental.

Aunque el documental no se proyectó en Cinépolis, propiedad de Alejandro Ramírez, sí se llevó a cabo una profusa difusión en medios de comunicación y propaganda, incluyendo la televisión. La serie fue fuertemente promocionada en autobuses de transporte público en la Ciudad de México durante abril y mayo de 2018, con el objetivo de presentar a López Obrador, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, como un líder “populista” y “redentor furioso”. López Obrador denunció que este documental era parte de una estrategia de guerra sucia en su contra durante la campaña presidencial de 2018.

La investigación de la FGR (carpeta FED/FECC-CDMX/0000764/2020) se originó a partir de dos denuncias presentadas en marzo de 2019 por Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Previamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya habían sancionado a Quintero Íñiguez y a Mónica Bolaños Cacho Albarrán, además de otras personas y empresas, por la contratación ilegal de espacios de difusión.

La FGR envió oficios a múltiples instituciones para acreditar los movimientos financieros de los 11 implicados y las 8 empresas, que incluyen a OHL Concesiones México/Aleática, Obrascón Huarte Lain S.A. y Bufete de Proyectos y Análisis, involucradas en el financiamiento presuntamente ilícito. Sin embargo, nunca se dieron a conocer avances de este caso, como pasó con muchos otros.

El caso Odebrecht

Cuando asumió la FGR, Gertz Manero planteó que el caso Odebrecht debía traer claridad sobre la corrupción del pasado: definió al exdirectivo de Pemex, Emilio Lozoya, como “la expresión de toda una forma de conducirse de una administración y de un gobierno”, según declaró a la agencia The Associated Press.

Sin embargo, lo que prometía ser un caso emblemático de combate a la impunidad se convirtió en un laberinto: Hasta la fecha, de los más de setenta involucrados señalados por Lozoya, solo un exlegislador Jorge Luis Lavalle Maury ha sido encarcelado, y solo por un tiempo debido a que se le permitió seguir su proceso en libertad.

El principal implicado, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sigue con su proceso en curso, con acusaciones debilitadas tras la pérdida de pruebas clave como las que desechó un Tribunal en 2023 para demostrar los sobornos (transferencias a cuentas suizas y empresas offshore).

Desde febrero de 2024, Lozoya cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.

“El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos”, declaró Gertz Manero en ese entonces y nunca más volvió a dar informes.

Las investigaciones a Peña Nieto

Desde 2022 la FGR había informado que tenía al menos tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales.

Sin embargo, en julio pasado el entonces Fiscal Gertz Manero sencillamente indicó que las carpetas de investigación no se judicializaron, es decir no se presentaron ante un juez, porque no se ratificaron y porque no le entregaron las pruebas, aún cuando él mismo señaló desde hace tres años que había una investigación en curso y pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos distintos datos de prueba que apuntaban a un esquema de enriquecimiento ilícito.

¿Qué pasó con esas investigaciones? Nada. Así lo confirmó Gertz Manero que responsabilizó a otras dependencias como la UIF por no haber ratificado la denuncia. “Nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y, hasta el momento, no nos los han entregado”, se limitó a decir Gertz Manero el 8 de julio pasado.

A eso se sumó la revelación del medio israelí The Marker sobre un supuesto soborno de 25 millones de dólares que recibió Peña Nieto con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional, hechos por los que la FGR dijo que abrió una carpeta de investigación.

El caso Ayotzinapa

Gertz Manero afirmó que vendría una nueva etapa en la investigación del caso Ayotzinapa al declarar públicamente que “se acabó la verdad histórica”, la versión oficial impuesta por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra varios funcionarios implicados, incluyendo el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien lleva su proceso en prisión domiciliaria, y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), señalándolo por tortura, desaparición forzada de personas y coalición con servidores públicos, quien se encuentra en Israel

Aunque ciertos operativos y detenciones se llevaron a cabo en su gestión, la gran mayoría de responsables —sobre todo funcionarios públicos que ocupaban cargos de poder al momento de los hechos— siguen sin ser judicializados o sentenciados. Las familias de las víctimas denuncian que los avances son pequeños, que la búsqueda del paradero de los 43 normalistas continúa sin resultados concretos y que la claridad sobre lo ocurrido aquella noche permanece tan difusa como antes

De hecho, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa junto al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han pedido la extradición de tres personajes clave en este caso: el propio Tomás Zerón así como Ulises Bernabé, el exjuez de barandilla, quien habló con un grupo de al menos 17 jóvenes la noche de la desaparición; Abraham Eslava Arvizu, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Rocha Cantú y la red de huachicol fiscal

Uno de los últimos casos que hereda Gertz Manero a la nueva Fiscal es la investigación a Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, quien junto con otras 12 personas es acusado por delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La FGR abrió la carpeta de investigación 928/2024 el 29 de noviembre de 2024, tras obtener información suficiente de la Secretaría de Seguridad.

A pesar de que existía una orden de aprehensión girada por un Juez federal en su contra, Raúl Rocha Cantú no fue detenido. En cambio, el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, convirtiéndose en testigo colaborador protegido a cambio de entregar información sobre sus presuntos cómplices.

No obstante, reportes periodísticos de Milenio y El País, así como documentos filtrados, sugieren que Rocha Cantú pudo haber corrompido a la FGR mediante sobornos para obtener información sensible y anticiparse a la orden de captura, negociando así su inmunidad. Se menciona que Rocha Cantú habría pagado hasta dos millones de pesos a integrantes de la Fiscalía, incluyendo a servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como Mari Carmen Ramírez Rodríguez y Diego Adrián Mendoza Pérez.

Aunado a este caso, figura la red de huachicol fiscal que en septiembre de 2025 llevó a la detención de empresarios, funcionarios aduanales y miembros de la Marina como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. En total han sido vinculadas a proceso 14 personas por su presunta participación en esta operación de huachicol fiscal, la cual permitió en dos años el ingreso irregular de 31 buques con combustible ilegal a través de los puertos de Altamira y Tampico.

El caso de la La Barredora

Un caso clave que también tendrá que atender Ernestina Godoy es la investigación en torno al grupo criminal conocido como “La Barredora”. Informes de la prensa que nunca fueron desmentidos indican que Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, segundo al mando de la organización, solicitó y obtuvo por parte de la Fiscalía General de la República un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido del caso.

Días después de que esto ocurriera un operativo conjunto en el que participó la FGR llevó a la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en los gobiernos del hoy Senador Adán Augusto López Hernandez y Carlos Manuel Merino Campos, quien es acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”.

El secuestro de “El Mayo”

Este 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López, e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconoció en una Corte Federal, en la que se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, que Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

En octubre pasado, Gertz Manero había sostenido que EU no había dado información sobre esto, aunque sostuvo que su secuestro fue un “delito que se cometió en México” además de afirmar que había “una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron”, como el de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). “Lo que nosotros necesitamos es que nos informe el gobierno de los Estados Unidos. Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental”, indicó sobre el caso.

Los factureros: Veyruti, Álvarez Puga

Desde al menos 2019 la FGR, apoyada por alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y denuncias fiscales, abrió una carpeta de investigación contra Álvarez Puga, su esposa, la exconductora Inés Gómez Mont, y un conjunto de empresas acusadas de emitir facturas falsas —es decir, empresas fachada o “fantasma” usadas para desviar recursos públicos

Esta red, considerada por las autoridades como una de las más grandes del país, habría facturado de forma simulada contratos públicos, sobre todo vinculados al equipamiento de penales federales bajo la administración de la antigua Secretaría de Gobernación (Segob), por un monto aproximado de 2 950 a 3 000 millones de pesos.

La FGR ha girado órdenes de aprehensión contra Álvarez Puga, Gómez Mont y otros implicados, señalándolos por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. En octubre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Florida por una revisión migratoria; aunque eso no significa que haya sido capturado directamente por los cargos en México, su detención activó de nuevo la posibilidad de que sea extraditado.

La FGR también abrió desde 2021 una investigación contra Beyruti Sánchez por su presunta participación en una red de factureras y empresas de outsourcing que operaban con recursos de procedencia ilícita. Se le acusa de delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Entre 2014 y 2017, Sánchez recibió al menos 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas consideradas “factureras”. Sin embargo, la investigación no se limita a ese monto: la FGR ha documentado posibles irregularidades por decenas de miles de millones de pesos en recursos no reportados, vinculados a unas 92 empresas del sector outsourcing.

El caso de Javier Duarte

El pasado 28 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la nueva gestión de la FGR tendría que aclarar el estado de las investigaciones contra Javier Duarte y su exesposa Karime Macías, contra quien pesa una solicitud de extradición, por el presunto desvío millonario del Gobierno de Veracruz a través de 32 empresas fantasma.

De igual forma hay otros temas pendientes en contra del exmandatario como han sido las acusaciones por desapariciones forzadas ocurridas durante su gestión.

Javier Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México. En 2018, recibió su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. Desde entonces, ha permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO

El cargo Los 10 pendientes que hereda Ernestina: “Alito”, Peña, “El Mayo”, La Barredora… apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que no está preocupada por el acuerdo de colaboración de las autoridades de Estados Unidos (EU) con Ismael “El Mayo” Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa, y que cualquier declaración deberá de estar respaldada con pruebas.

“No han entregado nueva información ni a la Fiscalía ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores. Bueno, vamos a esperar el día de hoy”, dijo la Presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Cuestionada sobre si hay inquietud en su Gobierno por lo que pudiera declarar “El Mayo”, la mandataria afirmó: “No. Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República, pero hay un procedimiento”.

Este lunes, “El Mayo” Zambada García cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos de narcotráfico que enfrenta ante la Corte de Distrito Este de Nueva York. A su vez, “se excluye la posibilidad de juicio rápido por complejidad, caso de muerte capital, CIPA y en interés de la justicia”, dice el mensaje ordenado por el Juez Brian Cogan.

Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas en medio de un polémico operativo iniciado en México con ayuda de Joaquín Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán–, y críticas del Gobierno de México, que acusa acciones intervencionistas de Estados Unidos.

Apenas el pasado 5 de agosto, se dieron a conocer documentos emitidos por fiscales federales del Distrito Este de Nueva York, en donde se informó que la Fiscalía no pedirá la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada ni para Rafael Caro Quintero.

“El Gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al Tribunal y a la defensa que el Fiscal General ha autorizado y ordenado a esta Fiscalía no solicitar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García”, se lee en el documento.

Esta no es la primera vez que la Presidenta Sheinbaum cuestiona el acuerdo de EU con los capos del narcotráfico mexicano. La semana pasada, indicó que las autoridades estadounidenses “llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada”. “Ellos decidieron llamarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del Presidente [Donald] Trump al Gobierno de Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es que están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas. Entonces ¿cómo explican que no negocian con terroristas?”, cuestionó.

“Cualquier información que el Gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República, y que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión. Siempre que haya pruebas vamos a colaborar”, apuntó el martes pasado.

Además, la Presidenta Sheinbaum reclamó en ese momento de nueva cuenta que el Gobierno estadounidense aún no ha entregado un informe a México sobre cómo se logró el arresto del líder del Cártel de Sinaloa. “Seguimos insistiendo: ¿cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos?”, finalizó.

Hace un año, el 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada, fundador junto con el Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa y quien nunca había sido ni siquiera capturado una vez, menos pisado una cárcel, fue entregado en un pequeño aeropuerto en Texas a las autoridades estadounidenses. En el mismo avión viajaba Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de “Los Chapitos”.

El hecho de haber sido traicionado por los hijos de “El Chapo” Guzmán ha desatado una ola de violencia en Sinaloa. El estado se ha vuelto la entidad más violenta del país en medio del enfrentamiento que protagonizanlas dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos”, encabezados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y “La Mayiza”, gente de Ismael “El Mayo” Zambada. Esta situación ha duplicado la percepción de inseguridad en Culiacán en el último año, de acuerdo con el Inegi.

“Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa, eso va a ser así. Se trabaja todos los días y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo hay resultados, en Sinaloa y en todo el país. Por su puesto que se va a pacificar Sinaloa”, expresó hace unas semanas la Presidenta Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

En el segundo trimestre de este 2025, Culiacán es el municipio a nivel nacional con la mayor percepción de inseguridad ciudadana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana actualizada para los primeros seis meses del año.

Esta percepción de inseguridad entre culiacanenses aumentó en el último año. En junio de 2025, el 90.8 por ciento de habitantes en Culiacán dijo sentirse inseguro respecto al 44.7 por ciento que así dijo percibirse en junio 2024, un mes antes de la captura de “El Mayo” Zambada.

Estos nueve de cada 10 habitantes de Culiacán están por arriba del promedio nacional. Al segundo trimestre de 2025, el 63.2 por ciento (seis de cada 10) de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas encuestadas consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO

El cargo Sheinbaum niega inquietud por lo que declare “El Mayo”; todo debe tener pruebas, dice apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El intercambio inició este viernes y se ha mantenido hasta hoy lunes. La elucubración ha tenido dos orígenes. Primero, la carta que El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, envió al Gobierno de México, donde le exige que reclame a Estados Unidos su repatriación, bajo la amenaza que de no hacerlo la relación entre ambos países sufrirá un “colapso”. Juan Manuel Delgado, socio del despacho RP Abogados, ha sido el difusor de la carta del capo mexicano. Segundo, los dichos de la periodista mexicana Anabel Hernández, quien en una entrevista ha apuntado a la presunta relación del bufete jurídico que defiende a Zambada con el partido gobernante y con la presidenta mexicana.

“Si uno ve quiénes son los socios de RP de Abogados, están Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla y el propio Juan Manuel Delgado”, dijo Hernández. Dos de ellos tienen instantáneas con Sheinbaum y con otros legisladores de Morena. A esto le han seguido una de las instantáneas en donde se ve a Sheinbaum con Penilla Rodríguez. La maraña se ha ido enredando un poco más. El PAN soltó otros tiro de declaraciones sobre los presuntos vínculos de la mandataria con Penilla Rodríguez. Jorge Triana, vocero del PAN, ha publicado en su cuenta de X otras fotografías. En una de ellas se ve a Sergio Arturo Ramírez Muñoz, director general del despacho que asesora a El Mayo Zambada, con Sheinbaum. La imagen ha sido acompañada con un presunto registro del litigante como militante activo de Morena desde 2023. “Y todavía se atreven a negarlo. Son un narcogobierno. Y aún hay más…” se lee en el mensaje.

Sheinbaum ha negado conocer a Penilla Rodríguez. Sobre la fotografía en donde se le ve con él, ha sugerido que fue tomada durante su campaña a la presidencia. La mandataria ha insistido, en su conferencia matutina de este lunes, que el movimiento que encabeza no establece relaciones de complicidad ni contubernio con nadie. “No conozco a la persona, hay una fotografía ahí, pero ni siquiera sé dónde es. Durante la campaña se sacan fotos con muchísima gente. Si hay una investigación de la Fiscalía, que investigue hasta las últimas consecuencias”, lanzó.

Morena ha contraatacado. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, ha salido a plantar cara por las instantáneas en donde se les ve a él, a Ricardo Monreal y a Pedro Haces, coordinador y vicecoordinador de Morena en el órgano legislativo, junto a Penilla Rodríguez. El morenista ha sostenido, con documentos, que la exdiputada del PAN, María Teresa Castell es la responsable del reconocimiento de Embajador de la Paz que se le otorgó al abogado del narcotraficante. Castell ha rechazado los señalamientos. La panista ha referido mediante una carta que su participación en el evento se ha limitado a la solicitud para ocupar un espacio en las instalaciones de la Cámara baja para la entrega de reconocimientos a un puñado de abogados y a petición de organizaciones de la sociedad civil y no exclusivamente para la condecoración del abogado. En su misiva añade que ella, a diferencia de los morenistas, no estuvo presente en la ceremonia. “Le exhorto a que haga públicos los videos del evento en cuestión, con el fin de acreditar plenamente quiénes asistieron y quiénes no”, se lee en la carta dirigida a Gutiérrez Luna.

La polémica no ha quedado ahí. Ana Lilia Rivera y Lucía Trasviña, senadoras de Morena por Tlaxcala y Baja California, respectivamente, encabezaron en 2023 la entrega del premio Pro Humanitas, —promovido por una organización civil— a litigantes, entre ellos Penilla Rodríguez. Una segunda entrega de reconocimiento al abogado tuvo lugar en noviembre de 2024. El evento fue convocado por la organización civil The One México y encabezado por el senador morenista Juan Carlos Loera. Al entramado se suma la participación documentada de Penilla Rodríguez como asesor del Gobierno de Tamaulipas en el pasado.

CON INFORMACIÓN DE EL PAÍS

El cargo Morena y el PAN se acusan mutuamente de tener vínculos con los abogados de El Mayo Zambada apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declaró en la red social X que no existe registro de que Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal del partido en ningún proceso electoral. Afirmó que Morena mantiene su compromiso con la verdad y los principios de su movimiento: “No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”.

Posición del gobierno de Tamaulipas

El gobierno del estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, también rechazó cualquier relación con Penilla Rodríguez. A través de un comunicado oficial, precisó que el abogado no es servidor público ni asesor del Ejecutivo estatal.

Las autoridades de Tamaulipas aclararon que un documento relacionado con Penilla Rodríguez fue anulado tras una revisión de propuestas de organizaciones civiles. También indicaron que se deslindan de cualquier uso indebido del documento que ha circulado en redes sociales.

El documento que se expidió en su momento quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles como consta en el Periódico Ocial del Estado”, agregó Luis María Alcalde en su publicación.

Ciudad de México.- Juan Pablo Penilla Rodríguez fue identificado en una carta enviada por Ismael “El Mayo” Zambada al Gobierno de México como uno de sus abogados en un proceso para evitar la pena de muerte en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han anunciado investigaciones adicionales sobre la presunta vinculación de Penilla Rodríguez con actores políticos o gubernamentales.

Con información de: El Imparcial

El cargo Gobierno de Tamaulipas y Morena se deslindan de abogado vinculado a “El Mayo” Zambada apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que su Gobierno sí ha entregado toda la información sobre el “secuestro”, como lo llamó el Fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero, de Ismael ”El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, quien de acuerdo con las autoridades mexicanas fue llevado a ese país de manera ilegal.

Esta mañana, en una reaparición pública, Alejandro Gertz Manero dijo que desde la Fiscalía General de la República (FGR) se ha pedido, sin éxito, información a Estados Unidos sobre la detención de Zambada.

“Primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el Gobierno de Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos”.

En conferencia de prensa, Salazar mostró y leyó cartas enviadas por el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el Fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dirigidas tanto al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, como a la exsecretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en las cuales los funcionarios estadounidenses detallan los hechos ocurridos el 25 de julio, cuando Zambada fue trasladado de manera ilegal a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades de ese país.

Salazar primero leyó una carta enviada por el Fiscal Garland a Gertz Manero, en la que explica que la detención de “El Mayo” se dio en respuesta a la presión ejercida por la Fiscalía mexicana para capturar a líderes del crimen organizado, lo cual habría incentivado, aseguró, a algunos integrantes del crimen a entregar a Zambada.

La carta leída por Ken Salazar de Garland a Gertz señala que “los delincuentes altos niveles de traficantes, en general no se entregan si no sienten mucha presión. El trabajo de ustedes para detener y para extraditar a Guzmán López e Isidro Pérez salas le han puesto tanta presión a los líderes carteles. Por eso lo que hizo Joaquín Guzmán fue una victoria, una ganancia para dos países”.

Asimismo, Salazar leyó una segunda misiva, fechada el 19 de agosto, enviada por Garland a la entonces Canciller Bárcena en la que el fiscal estadounidense asegura que la captura de “El Mayo” fue consecuencia de un conflicto entre dos grupos rivales del crimen organizado.

“Los hechos fueron el resultado del conflicto entre dos grupos criminales y la inmensa presión que las autoridades mexicanas, con el apoyo de Estados Unidos, han ejercicio ejercido sobre las figuras de los cárteles en los últimos años , lo que demuestra los éxitos que podremos lograr a través de nuestro compromiso conjunto para combatir a estos grupos criminales’” , señala por otra parte la carta enviada por Antony Blinken el 19 de agosto a la Canciller Bárcena, según leyó Salazar.

El embajador también compartió una carta del Secretario Blinken, en la cual se asegura a las autoridades mexicanas que el gobierno de Estados Unidos no realizó ninguna operación en territorio mexicano relacionada con esta captura. Además, aclara que ni el avión ni el piloto que trasladaron a Zambada están vinculados con el gobierno estadounidense, ni son contratistas o ciudadanos de ese país.

Salazar expresó su sorpresa y molestia por la respuesta del fiscal Gertz Manero, subrayando que, desde el 25 de julio, Estados Unidos ha mantenido una comunicación fluida con el gobierno de México y lamentó que no se reconozca el trabajo conjunto que ambos gobiernos han hecho. realizado en este caso.

CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO

El cargo Embajador responde a Gertz que EU ha dado a México toda la información de “El Mayo” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La comparecencia de ‘El Mayo’ ante la corte federal del Distrito Este de Nueva York se producirá tan solo un día después a cuando está prevista la sentencia contra Genaro García Luna , exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de aprovechar su posición para ayudar a la organización criminal creada por el capo mexicano.

“El gobierno escribe para informar al tribunal de que tiene un conflicto de programación en la fecha actualmente establecida (31 octubre) para la primera audiencia sobre el estado del caso en cuestión y, por ese motivo, solicita respetuosamente que se adelante la vista”, rezaba la petición de la Fiscalía ayer.

Asimismo, se añadía que contaban con el beneplácito de los abogados defensores de ‘El Mayo’, Frank Pérez y Ray Velarde, así como del delegado de la sala del tribunal, para celebrar la audiencia el 17 de octubre a las 14:15 hora local, como quedó estableció hoy.

‘El Mayo’ Zambada se declaró no culpable el pasado 13 de septiembre en un juzgado de Nueva York de 17 cargos, entre los que se incluyen conspiración para asesinato, narcotráfico, pertenencia a empresa criminal y posesión de armas.

Aunque la ley en Nueva York dicta que el juicio debe comenzar dentro de los 60 días posteriores a la primera comparecencia del acusado, el juez de instrucción James R. Cho hizo una excepción en este caso debido a su gran complejidad y a la abundancia de documentos para la investigación.

“El señor Zambada ha sido, y puede que siga siendo, uno de los mayores y más peligrosos narcotraficantes del mundo que con el comercio de estupefacientes y con la violencia de su empresa criminal participó en sobornos, tortura y asesinato de civiles y miembros de carteles rivales”, aseguró Francisco Navarro, fiscal de la corte federal de Brookyn (Nueva York), sobre Zambada el pasado 13 de septiembre.

Con información de El Universal.

El cargo Juez Brian Cogan acepta adelantar audiencia de “El Mayo” al 17 de octubre; sería un día después de la sentencia a García Luna apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Esta decisión, subrayó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, dependerá exclusivamente del criterio de la FGR y de la relevancia que ésta le otorgue a la participación del gobernador en la investigación.

López Obrador reiteró que, en la actual administración, no se permite la impunidad y que las investigaciones se llevan a cabo con total transparencia y apego a la ley.

“Eso lo tiene que decidir la FGR, y si la Fiscalía considera que es importante para la investigación, de todos los ciudadanos, que lo decida la Fiscalía”, expresó el Presidente en respuesta a los cuestionamientos sobre la posible implicación de Rocha Moya en el caso.

Tras la información difundida por la Fiscalía General de la República, el presidente López Obrador reiteró que lo que se sabe hasta ahora de las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López es que había un acuerdo con el hijo de “El Chapo”

Sin embargo, expresó que no puede hablar a la ligera sobre el el caso y tiene que cuida sus palabras, porque todo lo que dice se usa en su contra, pero señaló que se tiene que saber todo y la Fiscalía tiene que actuar.

“Lo que sabemos hasta ahora es de que el gobierno de Estados Unidos tenía acuerdo con Guzmán López, que venían manteniendo comunicación para un posible acuerdo. Ellos han dicho de que, en efecto, había este acuerdo, o se estaba gestando este acuerdo, pero que no sabían de que en el avión iba también, o llegaba a territorio estadounidense, el señor Zambada”, mencionó López Obrador.

Eso es lo que se conoce, vamos a decir, formalmente, en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República, apuntó el Presidente.

El mandatario señaló que está abierta la investigación y la decisión que se ha tomado es que se conozca todo lo sucedido, desde luego la investigación está a cargo de la FGR.

“Y así como ayer informan, dan un adelanto, de cómo va la investigación, considero que lo van a seguir haciendo en la medida que tengan más elementos, y vamos a esperar”, refirió López Obrador.

Consultado sobre el tema, el jefe del Ejecutivo dijo que no tiene información si la exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, está indiciada, y advirtió que eso corresponderá a la FGR, que está haciendo todas las diligencias.

Y me imagino que van a llamar a declarar a todos los interesados, involucrados, señaló López Obrador.

Cuestionado sobre si seria conveniente que la investigara la FGR, López Obrador dijo que no puede opinar en el asunto a la ligera porque es un tema muy serio y es de dominio público que su gobierno está sometido a un escrutinio de los medios de información.

“Entonces, tengo que cuida mis palabras, usar más la geometría del lenguaje. De por sí no hablo de corrido, azora tengo que ser todavía más cuidadoso y precavido, porque todo lo que digo se usa en mi contra. Están muy enojaos mis adversarios”, apuntó.

“Además, le corresponde a la Fiscalía, y tengamos confianza en la Fiscalía, y tengamos confianza en que no hay impunidad para nadie. Antes no solo había corrupción, eso se olvida, hay que estar recordándolo, sino había impunidad, se cubrían unos con otros, se tapaban. Era una relación de complicidades y componendas”.

López Obrador subrayó que eso es lo que hay y sí, se tiene que saber todo, y la Fiscalía tiene que actuar.

El miércoles, la FGR avaló la versión de Ismael “El Mayo” Zambada, en el sentido de que el exrector de la UAS y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén, fue asesinado en el mismo sitio donde fue secuestrado el líder del Cártel de Sinaloa.

Con información de: Debate

El cargo AMLO: FGR decidirá si gobernador de Sinaloa debe ampliar declaración sobre “El Mayo” Zambada y Cuén apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó el inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió la presunta agresión que ocasionó la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda, lo que deja a un lado la versión oficial de la fiscalía estatal que giraba en torno a un supuesto robo en una gasolinería de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, en el inmueble también ocurrió el secuestro de Ismael El Mayo Zambada García, líder del Cártel del Pacífico o de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio de este año.

Esto coincide con los señalamientos que difundió El Mayo Zambada o El Señor del Sombrero en una carta a principios de este mes, en la que refiere que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, lo secuestró y fue llevado en contra de su voluntad en un vuelo privado a El Paso, Texas, donde ambos fueron puestos a disposición de las autoridades estadounidenses.

En el transcurso de la tarde de este miércoles, la FGR afirmó que logró establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinería en Culiacán, relacionado con el caso Cuén Ojeda, no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada.

En relación a Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro, así como por la privación ilegal de la libertad de El Mayo Zambada por entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.

La dependencia dio a conocer que ubicó la pista de dónde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de El Mayo.

“La propia fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’.

“La parte exterior del inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mientras se van realizando las diligencias respectivas”, precisó la Fiscalía General de la República.

Además, se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro y los datos serán sometidos mediante debido proceso a las autoridades judiciales federales, cuando éstas reanuden sus labores.

Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal seguirán adelante hasta integrar los expedientes correspondientes.

La carta que difundió El Señor del Sombrero por medio de su representante legal, Frank Pérez, refiere que fue emboscado durante una reunión con Joaquín Guzmán López, líderes políticos de la entidad, entre ellos Héctor Melesio Cuén Ojeda y el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, dice la misiva.

En el texto señala que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos del estado.

Agrega que estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, sobre quién debería dirigir esa institución y que también estaría presente Iván Guzmán Salazar.

“En cuanto puse un pie dentro, me tendieron una emboscada; un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta…

“Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, narra el narcotraficante en la misiva.

Enfatiza que llegaron a El Paso, Texas, donde los agentes estadounidenses los detuvieron.

También subraya que Héctor Melesio Cuén fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

“Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber de ellos. nadie ha vuelto a saber de ellos”, enfatiza.

El 16 de agosto, el gobernador de la entidad dijo que la Fiscalía General de la República le solicitó información sobre su salida del país el 25 de julio pasado, día en el que El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron puestos a disposición de autoridades de Estados Unidos.

Con información de: El Universal

El cargo FGR: “Cuén fue asesinado en el sitio donde afirmó ‘El Mayo’” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En su lugar, la agencia antidrogas estadounidense incluyó a Óscar Noé Medina González, alias “Panu”; Luis Javier Benítez Espinoza y al chino Kun Jian, identificados como operadores de “Los Chapitos” en el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.

Así, la lista negra de la DEA quedó prácticamente dominada por el hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus lugartenientes: Óscar Noé Medina González, Kun Jiang, Carlos Omar Félix Gutiérrez, Silvano Francisco Mariano, Liborio Núñez Aguirre, Luis Javier Benítez Espinoza y Alan Gabriel Núñez Herrera.

Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los líderes añejos del Cártel de Sinaloa, se mantuvo por años en la lista de los diez delincuentes más buscados por la DEA, que endureció sus operaciones contra “Los Chapitos”, a quienes acusa de “inundar” de fentanilo a los Estados Unidos.

“El Mayo”, quien nunca ha pisado la cárcel, es requerido por el gobierno de los Estados Unidos por al menos cinco acusaciones de tráfico de drogas, radicadas en la Corte de los estados de Illinois, Texas, California y Nueva York.

En tanto, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue incluido en mayo de 2016 en el top diez y está acusado ante una Corte de Distrito de Columbia. Actualmente se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien o quienes aporten información que lleve a la captura del capo michoacano.

A su vez, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “Alfredillo”, se encontraba en la lista desde 2018, señalado de coordinar para el Cártel de Sinaloa envíos de cocaína, marihuana y heroína a los Estados Unidos entre 2004 y 2005, por lo que cuenta con una orden de aprehensión girada por un juez de ese país en 2009.

Los narcotraficantes recién incluidos por la DEA son operadores cercanos de “Los Chapitos”, como Óscar Noé Medina González, alias “Panu”, considerado principal operador de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y responsable del aparato de seguridad y protección de “Los Chapitos”.

De acuerdo con la DEA, Medina González es el encargado de supervisar a los comandantes regionales de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los sicarios enviados a donde sea necesario para proteger las operaciones de tráfico de fentanilo de “Los Chapitos” y asesinar a miembros de grupos criminales rivales, destruir negocios que no los apoyen, dominar territorios en disputa, intimidar a civiles y atacar a las fuerzas del orden.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Óscar Noé Medina González, requerido por una Corte de Nueva York por participar en una empresa criminal para la importación de fentanilo al vecino país del norte.

Asimismo, la DEA señala que Luis Javier Benítez Espinoza trafica fentanilo para el Cártel de Sinaloa y que está involucrado en el movimiento de grandes cantidades del opioide desde México a Estados Unidos en forma de pastillas y polvo.

El chino Kun Jiang es señalado de proveer vía aérea precursores de fentanilo al Cártel de Sinaloa, desde la República Popular China, que llegan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Parece que la captura de “El Mencho” dejó de ser prioridad para la DEA, pues apenas en 2021 lo declaró el hombre más buscado y anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien aportara información que lleve a su detención.

Con información de: www.eluniversal.com.mx

El cargo La DEA Incluye A Lista De Los 10 Fugitivos Más Buscados A Los Operadores De “Los Chapitos” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.