La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha servido para denunciar durante los últimos dos años una serie de agresiones, a tal grado que no han bajado el tono de sus críticas.

El tema de los feminicidios y de la trata de personas, son los más relevantes, pero no los únicos.

El nombramiento de Luis Antonio Ramírez Hernández como nuevo secretario de Gobierno, abona a ese peligroso terreno de la percepción, sobre todo porque está señalado como un deudor alimentario. Ya negoció el silencio de su ex pareja, pero sigue siendo el mismo.

El artículo 38 de la Constitución Política federal, fracción VII, establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.

El segundo y tercer párrafos precisa esa suspensión: “Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

El funcionario público ha sido sujeto de reiterados señalamientos por parte de su ex esposa, en el sentido de ser eso, un deudor alimentario.

Y las acusaciones han traspasado las paredes de lo interno, al llegar a medios nacionales que han expandido la noticia de que evade el pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo de dos años de edad, quien además requiere tratamiento médico.

Ese hecho le ha costado imagen a la titular del Ejecutivo y, todo hace indicar, le seguirá costando.

La designación no favorece su discurso de ser una aliada de las mujeres, precisamente por ese antecedente.

Pero, además, en la designación de Ramírez Hernández existe una clara falta de sensibilidad.

Acaso por eso su llegada a la Secretaría de Gobierno, el cargo político de mayor importancia dentro del gabinete estatal, se dio a través de un comunicado de prensa, lo que ya representa un claro acto de arrogancia en alguien que debería dar la cara en momentos donde el ambiente político está a días, semanas, de crisparse por la definición de candidaturas en todos los partidos políticos y el inicio de las campañas electorales.

No es menor el hecho de que el nombramiento representa un duro golpe a las y a los tlaxcaltecas, comenzando por la clase política.

Se prefiere en esa responsabilidad a alguien de fuera, en lugar de confiar en alguien oriundo, que conozca la idiosincracia de los habitantes de esta entidad, que algunos han tomado como cajero automático, o agencia de colocación de empleos.

¿Pago de facturas? ¿a quién se están pagando y qué clase de facturas son las que se deben pagar?, son preguntas.

Y para terminar: ¿por qué la prisa en los cabildos municipales para validar las reformas constitucionales que abrieron el candado a un no oriundo de Tlaxcala. ¿A un favor político, o simplemente zalamería?.

Eso habrá que preguntárselo a 34 alcaldes, quienes desde sus respectivos ayuntamientos agilizaron como pocas veces, en tan solo cuatro días, la validación de la reforma constitucional. Le dejo los nombres por si quiere saberlos:

Atlangatepec, Altzayanca, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Chiautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Tepetitla, Sanctórum, Nanacamilpa, Acuamanala, Natívitas, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tocatlán, Totolac, Zitlaltepec, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Papalotla, Ayometla, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Zacualpan, Tecopilco y Nopalucan son los “ágiles” presidentes.

A estos últimos sume usted los 25 inútiles y serviles que cobran en el congreso estatal, ellos fueron, dicho por la propia gobernadora, los que sometieron a Tlaxcala a esta nueva historia en la que lo local no suma, no sirve, no se tolera.

Contáctame en innombrablemx@gmail.com y también en noticias@martinrodriguezhernandez.com

El cargo Tlaxcala para los NO tlaxcaltecas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En Tlaxcala la libre manifestación está reservada para personas con dinero o con algún cargo en el servicio público, de preferencia diputados, ayer quedó patente con el show armado por Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputado local del Partido del Trabajo (PT).

El cargo Covarrubias: “Con todos menos conmigo” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El hecho histórico de ser la primera tlaxcalteca en convertirse en vicepresidenta del Senado, Ana Lilia Rivera lo asume con responsabilidad y entiende que es producto de su crecimiento y madurez política.

La nacida en Calpulalpan tiene claro los objetivos que busca apuntalar desde esta posición: servirle al movimiento de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer visible a Tlaxcala en el escenario nacional.

Prácticamente en todos los temas de coyuntura e interés público para el país y el estado, la senadora Ana Lilia Rivera ha levantado la voz para manifestar una postura firme y acordé a los principios y valores que siempre ha defendido. Es una mujer formada en la izquierda.

Con esa convicción, buscará la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta del país; Ana Lilia Rivera sabe el año político que se avecina y su experiencia es, sin duda, un factor que abonará al diálogo con los diferentes grupos parlamentarios de los que se ha ganado su respeto desde su encargo como vicepresidenta.

Ante la confrontación política que se presentará en 2024, un perfil como Ana Lilia Rivera al frente del Senado se dibuja como la mejor opción para Morena.

Más si recordamos los hechos del último viernes de abril, donde en una sesión atropellada que se llevó a cabo en una sede alterna, los senadores de Morena apenas alcanzaron los votos para aprobar las reformas a la ley electoral.

Después de esta amarga experiencia, coincido con Ana Lilia Rivera cuando afirma que la irresponsabilidad en algunos senadores que no se presentaron a la votación, es producto de que muchos de los que llegan a cargos de elección popular por Morena, no conocen ni entiende el profundo sentido de la cuarta transformación.

Este tipo de perfiles oportunistas y que solo buscan mantenerse en el poder ya no tienen cabida en el partido, si realmente apuestan a la continuidad del proyecto de AMLO.

Y lo que es más importante, si el partido en el poder desea alcanzar la mayoría calificada en 2024 para lograr las reformas estructurales, es indispensable cerrar filas y voltear a las bases.

La senadora Ana Lilia Rivera lo sabe y entiende que la única manera de combatir la corrupción que representa el Poder Judicial es alcanzando la mayoría en el Congreso de la Unión.

Por lo que consolidar mecanismos que hagan valer la máxima plasmada en la Constitución de que el soberano es el pueblo y de el emana el poder, solo se logrará con el respaldo de diputados y senadores.

Los recientes exceso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, al exhibirse enviando mensajes por WhatsApp para reconvenir al presidente del Senado, Alejandro Armenta, son una muestra de la impunidad que impera en este poder y de la manera en que tuercen la ley a conveniencia. Ella es confesa, ahí está su carta pública, para quien lo dude.

Pero el trabajo de la tlaxcalteca desde el Senado no se limita en el ámbito político, socialmente ha impulsado iniciativas de alto impacto para el estado.

Como la Ley de Agua Comunitaria y Saneamiento que, en contraste con la propuesta local que presentó la diputada Marcela González Castillo, prioriza el acceso al agua como un derecho humano.

Los intereses son tan opuestos que, para impedir cualquier intento de privatización del vital líquido, la senadora se vio obligada a levantar la voz desde la Cámara Alta para frenar esta burda iniciativa que otorga manga ancha a los empresarios que tengan a bien otorgar el servicio, recuerde usted que se pretendía eliminar los comités ciudadanos.

Otro ejemplo es la ley 3 de 3 en materia de violencia que se impulsó desde el Senado y recientemente se aprobó en Tlaxcala.

La senadora Rivera trabajó para consolidar esta ley que castiga con la suspensión de los derechos políticos a violentadores y deudores alimentarios para que no accedan a cargos de elección popular.

Reconoce que se deben perfeccionar los mecanismos para hacer efectiva la ley, ya que en Tlaxcala existen casos de funcionarios sobre los que pesan acusaciones de ser deudores alimentarios, si no me cree pregúntenle al que despacha en la Secretaría de Media Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández.

Como ex maestra del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) conoce el caso de los ex trabajadores despedidos y con absoluto respeto a las atribuciones de cada poder reconoce que no está en su responsabilidad resolverlo, pero hace un llamado al diálogo y a que se atienda con justicia las demandas de los ex empleados.

Todos estos resultados colocan a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera como la primera en la lista para buscar la reelección en el cargo, pero con la humildad que en pocos políticos vemos responde a esta posibilidad que “los tlaxclatecas decidirán” dónde continuará su aportación al proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros politicos que utilizan los cargos como trampolín político deberían repasar la trayectoria de Ana Lilia Rivera, quien sin estridencia ha logrado forjarse un lugar en lo más alto de la política nacional.

¿La lealtad y principios bien definidos le rendirán resultados a la actual vicepresidenta del Senado, logrará la presidencia y eventual reelección?, esas definiciones dependerán del electorado.

Contáctame en innombrablemx@gmail.com y también en noticias@martinrodriguezhernandez.com

El cargo ¿Reelección en el senado? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.