“No pueden seguirnos tratando como delincuentes por defender un derecho que ya fue reconocido”, afirmó Texis Zúñiga. El mensaje es claro: tras la sentencia de la SCJN que invalidó los artículos del Código Penal y de la Ley de Salud que criminalizaban o restringían la interrupción legal del embarazo (ILE), el aborto ya es ley en Tlaxcala. Sin embargo, en la práctica, las instituciones locales parecen negarse a aplicarla.

Según las denuncias, ni el Congreso del Estado ni el Poder Ejecutivo han avanzado de manera efectiva en la armonización legislativa ni en la implementación real del servicio en los hospitales públicos. “El Congreso simplemente no quiere tocar el tema”, señalaron las activistas. En los nosocomios estatales, las solicitudes de ILE continúan siendo canalizadas a organizaciones civiles como Ddeser, en lugar de ser atendidas directamente por el sistema de salud.

¿Dónde están las voces de las diputadas?

La LXV Legislatura del Congreso de Tlaxcala cuenta con 13 diputadas mujeres de un total de 27 legisladores, lo que representa casi la mitad del pleno y refleja el principio de paridad de género.

De estas 13 diputadas 6 pertenecen a Morena, 1 al PT (Maribel Cervantes Hernández) y ninguna al PVEM.

A pesar de esta importante presencia femenina —y de que Morena, junto con sus aliados, tiene mayoría en el Congreso—, el balance es desalentador: solo una diputada ha abordado públicamente el tema con una postura favorable al cumplimiento de la sentencia.

Lorena Ruiz García -de Morena-, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, ha señalado que existen “avances” y diálogos con la sociedad civil para armonizar las leyes. Sin embargo, el resto del Congreso mantiene una postura de silencio o lentitud que las activistas califican de “cerrazón”. No se equivocan.

No hay un registro público de diputadas que hayan rechazado de forma explícita hablar del tema, pero la omisión colectiva es evidente: el pleno institucional no ha priorizado la reforma necesaria.

Sin sanciones directas: la omisión queda sin castigo

Aquí radica uno de los puntos más delicados. La sentencia de la SCJN tiene efectos inmediatos: invalida directamente las normas que penalizaban el aborto consentido y las restricciones en la Ley de Salud (como la exigencia de autorización del Ministerio Público). No obstante, no prevé sanciones automáticas para legisladores o autoridades que omitan la armonización o la implementación práctica.

No existen multas, inhabilitaciones ni responsabilidades penales directas por esta omisión legislativa. Las consecuencias se limitan a vías indirectas: amparos individuales de mujeres afectadas, posibles controversias constitucionales y, sobre todo, presión política y social.

En palabras de las activistas: “Hoy el aborto ya es ley, pero las autoridades no quieren aplicarlo”. Esta brecha entre el mandato judicial y la realidad institucional sigue vulnerando el derecho de las mujeres tlaxcaltecas a decidir sobre su propio cuerpo de manera segura y legal.

Texis Zúñiga sostiene que la exigencia continuará: “No vamos a permitir que ignoren la ley ni que sigan cerrando puertas. Esta lucha es por todas”.

La despenalización del aborto en Tlaxcala —que convirtió al estado en uno de los más recientes en sumarse a esta transformación jurídica— representa un avance histórico impulsado por años de trabajo de feministas, académicas y ciudadanas. Sin embargo, el paso de la norma al hecho concreto depende de la voluntad política local.

Mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen las puertas cerradas, las mujeres que requieren el servicio siguen enfrentando obstáculos, estigmas y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a la sociedad civil para acceder a lo que la Corte ya declaró como un derecho. Todo queda a la voluntad política.

La paridad de género en el legislativo tlaxcalteca es un logro formal, pero la verdadera prueba está en si esas 13 diputadas —y especialmente las seis de Morena— logran traducir la presencia numérica en acción concreta. Por ahora, la balanza se inclina hacia la omisión.

La sociedad tlaxcalteca, y particularmente las mujeres organizadas e incluso aquellas que no conocen a fondo este caso, seguirán exigiendo que la ley no se quede solo en el papel. Porque un derecho reconocido pero no garantizado termina siendo, en la práctica, un derecho negado.

No podemos olvidar el día que Néstor Jiménez cuestionó a la diputada Aurora Villeda sobre este tema, así como se le pregunta a cualquier diputada de cualquier otro tema; ya que Villeda ingresó al congreso vía las acciones afirmativas, todos esperaríamos que su voz fuera contundente y directa en defensa de las minorías. La respuesta fue media vuelta y retirada. Esa imagen debió anticiparnos lo que es el tema del día.

El cargo Aborto sin apoyo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Luego de aprobar el Programa Legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LXV legislatura del Congreso Local, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Miriam Esmeralda Martínez Sánchez dijo en tribuna que buscará fortalecer la Constitución local para responder a desafíos democráticos, sociales e institucionales actuales.
En tribuna, la legisladora dijo que en Acción Nacional pretenden que la política sirva para dignificar a la persona, fortalecer las instituciones y construir el bienestar común.

“Aquí nadie se raja cuando se trata de defender estos principios, el programa legislativo que hoy se presentó y fue aprobado por el pleno tiene una visión de estado no de coyuntura, una visión de futuro, no de ocurrencias, y parte de una condición humana, el poder solo se justifica cuando se protegen los derechos y genera certeza y coloca a la persona en el centro de las atenciones públicas”, concluyó.

La diputada pidió a sus homólogos no seguir postergando temas de transparencia, rendición de cuentas y legalidad para proteger los derechos humanos, “no sólo son discursos, son obligaciones que este Congreso no debe seguir postergando”.

Las propuestas de Acción Nacional van encaminadas a una revisión profunda a la ley laboral de los servidores públicos del estado y sus municipios, también adelantó que presentará una reformar a la Ley Municipal para lograr una mejor gobernanza y garantizar que los servicios públicos sean mas eficientes.

El trabajo legislativo también ira encaminado a la materia penal que permita brindar mayor garantías a las víctimas, también plantea un trabajo integran a la Ley para la protección de la maternidad y la primera infancia.

El cargo En el Congreso el PAN fortalecerá los derechos ciudadanos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La legisladora Lorena Ruiz García expuso en tribuna dijo que la competencia de funcionarios públicos no debe ni puede convertirse en un mecanismo de presión política ni un ejercicio de desgaste administrativo.

“En Tlaxcala la rendición de cuentas esta ocurriendo y es importante decirlo con claridad, ocurre a través de informes oficiales, de auditorías, de órganos fiscalizadores autónomos y de mecanismos legales”, afirmó.

Mientras que el legislador Emilio de la Peña Aponte en su mensaje en tribuna presumió las inversiones históricas en obra pública en los 60 municipios asi como en materia de seguridad pública.

El cargo Diputados Morenistas niegan comparecencias de funcionarios de la 4T apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ni 10 minutos tardó la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de Tlaxcala, las cuatro diputadas que conforman la Comisión llegaron al Pleno, pasaron lista, dieron lectura a los tres puntos del orden del día, votaron y se retiraron del recinto.

Está sesión de mero trámite a pesar de que existen temas pendientes que incluyen una cantidad importante de iniciativas sin dictaminar o presentar, claves en áreas como economía local, salud menstrual, derechos de personas mayores, armonización de leyes estatales con reformas federales y temas sociales controversiales.

Aunado también a que Organizaciones Civiles han exigido al Congreso armonizar la Constitución local con la reforma federal de protección animal, que todavía no se concretan en dictámenes.

La Presidenta de la Comisión Permanente es la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips; como primera y segunda secretaria, las diputadas Engracia Morales Delgado y Sandra Guadalupe Aguilar Vega, respectivamente; y como vocal, la diputada Gabriela Hernández Islas. La comisión entró en funciones el pasado 16 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 14 de enero de 2026.

El cargo En el Congreso pasaron lista, leyeron, levantaron la mano y ni 10 minutos tardaron apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante su vista a Tlaxcala para integrar la Comisión de la Diversidad Sexual de Morena en el estado, reconoció que existe una molestia generalizada por los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, por los espacios que ocupan las diputadas Aurora Villeda Temoltzin, Madaí Pérez Carrillo y Soraya Bocardo Phillips, quienes en el pasado proceso electoral se asumieron como parte de ese sector únicamente para obtener las candidaturas.

“Estoy al tanto del sentimiento de la comunidad en Tlaxcala, tres de los que ahora son curules están observados por no pertenecer a la comunidad de la diversidad… Si bien morena tuvo candidaturas comunes, la vergüenza debe estar en la persona que acepto un espacio que no debe aceptar. Ahora lo que debemos hacer es como piedra en el zapato con esas personas, es exigirles, porque están en un espacio necesario para nosotros”, añadió.

Hasta el momento, las legisladoras no han presentado ninguna iniciativa para beneficiar a ese sector de la población, sin embargo, la secretaria de diversidad sexual del CEN de Morena asumió el compromiso de formalizar una agenda legislativa para actualizar el marco normativo en beneficio de la comunidad.

Señaló que los diputados y diputadas que se resistan a impulsar los cambios en las leyes, deberán enfrentar procesos legales al interior del partido, pues es una obligación de Morena atender las necesidades de ese grupo vulnerable.

De la misma manera, Almendra Negrete dijo que intentarán modificar los estatutos del partido para garantizar que las candidaturas para las acciones afirmativas de ese sector puedan ser para personas que verdaderamente pertenezca a la comunidad de la diversidad sexual.

“En el camino hemos visto los errores y situaciones como el gandallismo o imposiciones, es algo que queremos erradicar, vamos a ir adecuando los marcos normativos de la mano con necesidades, es decir que sean personas de grupos vulnerable las que están en esos espacios”, concluyó la líder de esa secretaría en el CEN de Morena.

CON INFORMACIÓN DE CONTRAPODER

El cargo Arremete Almendra Negrete contra diputadas de Tlaxcala por ocupar curules LGBTTQ+ sin ser parte de la comunidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Dictamen subraya que las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de las entidades federativas deben ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y sus programas derivados, además de armonizar con los Criterios Generales de la Política Económica y las estimaciones de participaciones federales etiquetadas, sin exceder las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación.

Además, la Comisión dictaminadora destacó que el principal objetivo de esta iniciativa es proporcionar certeza jurídico-financiera mediante la definición de objetivos socioeconómicos orientados a un desarrollo equitativo y sustentable y subraya que la Ley está apegada a principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad, por lo que consideraron viable su aprobación.

Entre los aspectos más relevantes de esta Ley se encuentran la regulación de la recaudación, registro, administración y custodia de los ingresos de la Hacienda Pública del Estado. Éstos se integran por ingresos provenientes de fuentes locales, participaciones e incentivos económicos, fondos de aportaciones federales, ingresos por convenios con el Gobierno Federal e ingresos extraordinarios. Estos temas están organizados en dos capítulos: De los Ingresos del Estado y De los Beneficios Fiscales.

La Ley de Ingresos fue aprobada por unanimidad de votos de las y los legisladores y estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Tras su aprobación, será remitida al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente

El cargo Totalidad de diputadas y diputados aprueban Ley de Ingresos para 2025 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La solicitud fue presentada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, quien argumentó que los vehículos referidos presentan deterioro significativo, elevados costos de reparación y mantenimiento, y condiciones de inseguridad para las actividades del organismo, lo que justifica su baja conforme a los artículos 121, fracción II, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, y los Lineamientos del Órgano de Fiscalización Superior vigentes desde diciembre de 2022.

Tras la aprobación del dictamen en lo general y en lo particular, el Pleno instruyó al secretario parlamentario para elaborar el acuerdo correspondiente y remitir al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación.

El cargo Aprueban diputadas y diputados desincorporación de vehículos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Fue el diputado Emilio De la Peña Aponte, quien leyó el documento por el que se informó que la diputada Blanca Águila Lima asumirá la coordinación del grupo parlamentario, mientras que la diputada Laura Yamili Flores Lozano integrará el Comité de Administración del Congreso, reforzando su participación en los órganos de gobierno interno.

El documento fue turnado al secretario parlamentario para la elaboración de los acuerdos legislativos correspondientes y su posterior remisión al Ejecutivo del Estado, a fin de que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, conforme a la normatividad vigente.

Cabe mencionar que previo a la lectura del oficio, las diputadas ofrecieron una rueda de prensa ante los representantes de los medios de comunicación para anunciar dicha estrategia.

El cargo Presentan oficio diputadas Laura Yamili Flores y Blanca Águila, conformarán nueva bancada apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la décima sexta sesión ordinaria, las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, que presiden las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Gabriela Esperanza Brito Jiménez, respectivamente.

Dicho dictamen contiene la autorización por parte del Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo para que se constituya como garante solidario del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX) por las cuotas y aportaciones que deba cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con motivo de la suscripción de los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de dicho instituto.

Cabe recalcar que la iniciativa fue presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de plantear un mecanismo para brindar la seguridad social que por derecho les corresponde a las y los trabajadores de al servicio del ICATLAX, todo esto, a través de su afiliación al IMSS.

Por lo que, en apego a la legislación local, las y los diputados locales autorizaron al Ejecutivo fungir como garante solidario de este organismo, garantizando el derecho humano a servicios médicos de las y los trabajadores de dicha institución.

De esta manera, se permite la incorporación del personal al IMSS, así como la autorización para que a través de la Secretaría de Finanzas se descuente al ICATLAX la cantidad relativa a las cuotas y aportaciones correspondientes a las prestaciones por dichos servicios.

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