El Senado formuló la declaratoria de la reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir una Ley General en Materia de Extorsión, que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.

La mesa directiva del Senado, encabezada en ese momento por el presidente en funciones, Jorge Carlos Ramírez Marín, realizó el conteo de 22 congresos estatales que avalaron esa reforma al artículo 73 de la Carta Magna –previamente aprobada por las dos cámaras del Congreso– y la remitió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

En el dictamen del decreto de esa iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer concluyó su proceso constitucional, se precisa que la extorsión constituye un delito de alto impacto, cuyas repercusiones no se limitan a la afectación individual, sino que afecta al patrimonio colectivo, la economía nacional e, incluso, tiene impacto negativo en la estabilidad emocional y sicológica de las personas afectadas.

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De los 15 asuntos previstos para el día, apenas resolvieron tres, entre ellos uno en el que suavizaron el criterio que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Pero, al mismo tiempo, rompieron sus propias reglas: ignoraron el reglamento de sesiones aprobado la semana anterior al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales, y rebasaron una y otra vez el tiempo límite que, por primera vez, habían fijado para cada intervención.

Fue una sesión que marcó el inicio de los trabajos jurisdiccionales de la nueva integración de los ministros elegidos por primera vez mediante el voto popular, el 1 de junio pasado, que inauguró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz con un primer pronunciamiento en mixteco, su lengua natal, sin declarar el quórum y dando su primer golpe con el mallete.

Aunque los nueve ministros participaron, solo ocho estuvieron presentes en el salón; Arístides Rodrígo Guerrero García se conectó a distancia por convalecer de un accidente vial que sufrió el pasado mes.

El primer asunto analizado fue la acción de inconstitucionalidad 186/2023, de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que se impugnaron leyes estatales de salud de Chihuahua. En su resolución, los ministros dejaron atrás el criterio de la vieja Corte que cerró su periodo el 31 de agosto pasado, al matizar el criterio que obligaba a anular normas por no consultar a personas con discapacidad; ahora no será una regla sino se deberá antes analizar caso por caso.

El nuevo criterio se tomó como un triunfo de la ministra Lenia Batres Guadarrama quien, desde su llegada a la Corte, en diciembre de 2024, cuestionó que en los últimos años el Pleno anterior anuló 56 normas —incluso progresistas— solo por incumplir ese requisito, privilegiando el trámite sobre el fondo, afectando en su mayoría derechos indígenas. El proyecto de la ministra Esquivel proponía mantener ese criterio, que al final fue cambiado.

“Se pretende mantenerse en un criterio que estuvo sostenido en la anterior Suprema Corte, que eliminaba derechos de las personas con discapacidad, precisamente, bajo la falsa premisa de que la consulta es una formalidad esencial de procedimiento legislativo, incluso, en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, dijo Lenia.

El ministro Hugo Aguilar se estrenó con un papel conciliador ante la división de posturas, pues en cada asunto presentó otra vía de resolución que fue sometida a votación. En este caso le dio la razón a Batres, al decir que invalidar “la norma por el solo hecho de que no hubo consulta, estaremos dando al derecho de consulta, que es procedimental, le estaremos dando un nivel más alto que al derecho sustantivo”.

“Yo agregaría consideraciones que maticen, desde mi perspectiva, no conduce a una resolución justa, adecuada a la realidad, poner por encima del derecho sustantivo, el derecho a la consulta”, dijo.

Los togados también ignoraron el reglamento de sesiones de la Corte promulgado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales, y rebasaron una y otra vez el tiempo límite que, por primera vez, habían fijado para cada intervención. Un cronómetro que estableció 10 minutos para la exposición inicial, 7 para la primera ronda, 5 para la respuesta, 5 para la segunda ronda y 3 para la réplica.

El ministro presidente Hugo Aguilar tampoco no marcó el límite ni cortó intervenciones; por el contrario, preguntaba si alguien más deseaba hablar mientras un cronómetro encendido en la pared se volvía mero adorno.

La sesión mantuvo un lenguaje técnico y jurídico, como en épocas anteriores, lejos del tono ciudadano que se había prometido. Sin embargo, por primera vez desde el 18 de marzo de 2020 se permitió el acceso al público y a la prensa: estudiantes y periodistas entraron al Salón de Plenos tras cuatro años de restricciones. Al inicio, personal de seguridad intentó prohibir cámaras y celulares, pero veinte minutos después el área de comunicación se disculpó y aclaró que la medida había quedado atrás. Incluso, algunos jóvenes que se quedaron dormidos fueron retirados del recinto y regresaron veinte minutos más tarde.

También hubo símbolos de cambio y de ruptura. José de Jesús Cruz Sibaja, maestro en Derecho y “voz institucional” de la Corte desde 2005, ya no presentó la sesión, ausente por primera vez desde que se televisaron los debates.

Y al interior del Pleno, los propios ministros mostraron su desconcierto: se metieron propuestas de última hora que trabaron las votaciones; el ministro Irving Espinosa confundió al titular llamándolo “magistrado presidente”; y Giovanni Figueroa reclamó respetar el orden y el proceso de discusión ante el salto de temas.

En total, solo se discutieron tres de los quince asuntos listados; el primero consumió dos horas con doce minutos y un receso anunciado de diez terminó durando dieciséis. La ministra Loretta Ortiz fue la que más contrastó con la mayoría, votando en sentidos distintos en varias ocasiones y marcando las primeras diferencias abiertas de la nueva Corte.

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En Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó ayer el “Acuerdo A/002/2025 de la normatividad aplicable de la FGR”, el cual tomó en cuenta las reformas constitucionales y legales entre 2014 y 2023 en México que transformaron la organización del Ministerio Público, y que transformó a la Procuraduría General de la República (PGR) por a la Fiscalía General de la República (FGR) como un órgano autónomo.

El Acuerdo emite un listado de normas sustantivas vigentes, que tiene el objetivo de asegurar la actuación legal y objetiva de los servidores públicos con base en los principios establecidos en la Ley y el Estatuto de la FGR.

Entre las 42 normas y acuerdos que se dejaron vigentes está el “A/010/19 por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, publicado en el DOF el 26 de junio de 2019.

De manera contraria, entre los 386 que se depuran está la “Circular C/01/90 por la que se dan instrucciones en relación a las acciones conducentes a la realización de los compromisos que asuma el licenciado Carlos Salinas de Gortari durante sus giras de trabajo. Suscrita el 14 de febrero de 1990”.

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En un decreto publicado por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF) este sábado, la dependencia dio a conocer que desde hoy y hasta el 11 de abril la gasolina de bajo octanaje tendrá un estímulo de 11.06 por ciento o de 0.7143 pesos por litro.

Por su parte, el diésel tendrá un estímulo fiscal de 0.28 por ciento o de 0.0197 pesos por litro a lo largo de esta semana.

La gasolina de alto octanaje, tradicionalmente conocida como Premium, no tendrá los estímulos, según lo publicado por medio del DOF.

Cabe recordar que el sector gasolinero del país alcanzó a finales de febrero de este año un pacto con el gobierno federal para mantener, por lo menos durante los próximos seis meses, en 24 pesos por litro el precio de la gasolina regular o verde.

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Por medio de una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal emitió el decreto con el que se reforma la carta magna en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional.

Con ello, se establece que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

Además, se incluye el terrorismo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Define que el Congreso de la Unión tiene un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de este miércoles para hacer las adecuaciones de normas que sean necesarias.

A la par, en otro decreto, se promulga la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo a partir de los comicios de 2030.

Como parte de los decretos emitidos esta noche, también se crea Financiera para el Bienestar, que antes era Telégrafos Nacionales”.

En tanto, se autoriza el ingreso a territorio mexicano de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, para participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio Fénix 2025, y se aprueba la salida de territorio nacional de 461 elementos de la Armada de México, para que realicen a bordo del Buque Escuela ARM. Cuauhtémoc BE 01, para llevar a cabo el crucero de instrucción denominado Consolidación de la Independencia de México 2025.

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En un comunicado, la Coordinadora puntualizó que deben ser informados sobre los decretos que van a publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), para “no repetir las inconsistencias que presentaba la Iniciativa de reforma retirada” el 18 de marzo.

“Los trabajadores tenemos el derecho a la información oportuna, precisa y transparente, en este caso conocer con antelación el carácter, alcances, beneficiarios, presupuestos implicados en la instrumentación de los nuevos programas de liquidación y reestructura que impulsará la actual administración del Fovissste”, indicó.

Sobre el señalamiento de la presidente Sheinbaum Pardo sobre las jubilaciones de los profesores que se verán beneficiadas con las pensiones del bienestar, el profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, señaló a este diario que este beneficio no debería ser una compensación o un apoyo, puesto que lo que se necesita es regresar al sistema de pensiones solidario, para ello deben de quitarse las cuentas individuales, “el problema es que todos los que entraron después del 2007 están en cuentas individuales, es más del 90 por ciento de trabajadores de la educación”, indicó.

Recordó que para obtener el beneficio de las pensiones de bienestar se deben de tener los 65 años cumplidos, “hasta entonces podrías acceder a esta llamada pensión de bienestar que es una compensación, un apoyo”. Añadió que los seis mil 500 pesos bimestrales que se darían, menos de tres mil 500 mensuales, “no complementa una pensión digna”.

La Coordinadora aseveró la importancia de conocer cómo se van a rendir cuentas del uso de los recursos a los trabajadores. También, en cuanto a la iniciativa de que el Fovissste construirá viviendas, se precise quién las va a construir y quién va a manejar esos recursos.

Precisó que para transformar el Issste y el Fovissste “no basta condonar intereses, congelar saldos, aplicar quitas, liquidar créditos impagables; es necesaria la abrogación de la Ley del Issste 2007”.

El cargo CNTE pide a Sheinbaum informe a detalle los decretos del Fovissste apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo oficial el acuerdo que marca la ruta y los plazos para la conclusión de funciones de su actual integración, en el que establece que la sesión final del actual pleno será el 12 de agosto próximo, el último informe de labores de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, el 15 de agosto y que se creará un grupo de trabajo de rendición de cuentas que vigilará el proceso de entrega-recepción.

Lo anterior se da por mandato de la reforma judicial que entró en vigor el 16 de septiembre del año pasado, la cual establece que el 31 de agosto de 2025 concluirán las funciones de la actual integración de la SCJN. El acuerdo general 3/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), da la opción a Piña Hernández de no llevar personalmente el primero de septiembre el acta de entrega-recepción de la Corte a quien la sucederá en el cargo, ya que en su lugar puede designar a un encargado.

También establece que a partir del 15 de abril próximo y hasta el 15 de agosto, la Corte únicamente turnará a ponencias los asuntos considerados urgentes, como los amparos directos, en revisión y directos en revisión en los que el quejoso se encuentre privado de su libertad, se involucre directamente el interés superior de los menores o deriven de juicios laborales o agrarios colectivos; las controversias constitucionales en las que se solicite la suspensión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, entre otros.

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El cargo La última sesión de la SCJN antes de su refundación será el 12 de agosto apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El cargo ACUERDA SICT CON AUTOTRANSPORTE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió 90 días sin goce de sueldo a la jueza Nancy Juárez, quien en octubre pasado ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial.

Con información de Politico Mx

El cargo Suspenden a Nancy Juárez, la jueza que desafió a Sheinbaum por la reforma judicial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.