El inmueble, ubicado en Tizatlán, es señalado como propiedad de Gregorio Cervantes Serrano, ex rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, y habría sido cedido anteriormente a su hijo, Gregorio Cervantes Díaz, identificado como militante y político de Movimiento Ciudadano.

La presencia de las corporaciones de seguridad obedeció a una orden de desalojo relacionada con un añejo conflicto jurídico por la propiedad del terreno. Según la información recabada en el lugar, el procedimiento legal habría concluido y una resolución determinó entregar el inmueble a quienes acreditaron derechos sobre el mismo.

Pero el desalojo tomó otro cariz cuando surgieron reportes sobre supuestos disparos dentro del inmueble. La versión provocó que se reforzara la presencia policial y aumentara la tensión en los alrededores.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente que hayan ocurrido las detonaciones, tampoco se reportan personas lesionadas.

Mientras las autoridades investigan el origen de los reportes, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvieron presentes para observar el desarrollo de la diligencia.

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Durante el recorrido por las principales calles de la ciudad, los asistentes portaron banderas multicolores, pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades para fortalecer las políticas públicas que garanticen la no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

En los últimos años, Tlaxcala ha registrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. Entre ellos destaca el reconocimiento legal del matrimonio igualitario, la posibilidad de acceder a mecanismos de identidad de género para personas trans y una mayor visibilidad de las demandas de este sector en espacios públicos e institucionales.

Colectivos y defensores de derechos humanos han señalado que existe una mayor apertura social respecto a la diversidad sexual en comparación con décadas anteriores, lo que ha permitido una participación más activa de integrantes de la comunidad en ámbitos educativos, laborales, culturales y políticos.

Sin embargo, representantes de organizaciones civiles coincidieron en que aún existen desafíos significativos. Entre los principales retos se encuentran la persistencia de actos de discriminación, violencia y discursos de odio, particularmente contra personas transgénero y no binarias, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a víctimas y garantizar el acceso igualitario a servicios de salud, educación y empleo.

Otro de los temas que preocupa a los colectivos es la falta de estadísticas actualizadas sobre violencia y discriminación hacia personas LGBT+, lo que dificulta el diseño de políticas públicas específicas para atender las problemáticas que enfrenta este sector de la población.

Durante la marcha también se hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para impulsar campañas permanentes de sensibilización, promover la inclusión en todos los niveles de gobierno y garantizar el respeto a los derechos humanos sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

Los participantes señalaron que el Orgullo no solo representa una celebración de la diversidad, sino también una manifestación social que busca mantener vigente la lucha por la igualdad, el reconocimiento y la construcción de una sociedad más incluyente para todas las personas.

La movilización concluyó con actividades culturales y mensajes de unidad, en los que se reiteró que, aunque se han logrado avances importantes en materia de derechos, la meta sigue siendo erradicar cualquier forma de discriminación y asegurar condiciones de igualdad plena para la comunidad LGBT+ en Tlaxcala.

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