Entre 2025 y 2026 cuatro ayuntamientos y una institución educativa cumplieron totalmente las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) derivadas de la acreditación de vulneraciones a los derechos humanos de diversas personas.

Las acciones realizadas comprendieron medidas de reparación integral del daño, capacitación a personas servidoras públicas y la implementación de acciones orientadas a prevenir la repetición de los hechos.

La presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, señaló que el cumplimiento de una recomendación no constituye únicamente la conclusión formal de un expediente, sino un acto para reconocer el daño ocasionado, restituir la dignidad de las víctimas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

 “Cumplir una recomendación de derechos humanos por parte de autoridades o instituciones públicas implica asumir la responsabilidad institucional que corresponde al Estado frente a las personas cuyos derechos fueron vulnerados. Significa colocar en el centro a las víctimas, escuchar sus demandas de justicia y adoptar medidas concretas para que estos hechos no vuelvan a repetirse”.

Añadió que las recomendaciones son, en sí mismas, instrumentos de justicia no jurisdiccional que buscan transformar los agravios en acciones concretas de reparación, la transformación de prácticas institucionales y la construcción de una cultura de respeto a la dignidad humana. Detrás de cada recomendación hay rostros, familias y comunidades que esperan respuestas y exigen legítima justicia.

Es de precisar que el cumplimiento de las recomendaciones fue asumido, en la mayoría de los casos, por autoridades y administraciones distintas a aquellas en las que ocurrieron los hechos violatorios, por lo que la Ombudsperson reconoció la persistencia de las víctimas en la exigencia del respeto a sus derechos y el cumplimiento de la reparación; así como la disposición institucional de quienes entendieron que la obligación de reparar trasciende los periodos de gobierno y constituye un deber del Estado.

Las recomendaciones cumplidas son la 04/2022 sobre el caso de violación a derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, dirigida al entonces presidente municipal de Ixtacuixtla.

También fue cumplida la recomendación 02/2023 sobre el caso de violación a derechos humanos a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la libertad, dirigida al, entonces, presidente municipal de Xaltocan.

Asimismo, la recomendación 06/2024 sobre el caso de violación al derecho humano a la vida, dirigida al entonces presidente municipal interino del municipio de Apizaco, así como al entonces director de seguridad pública, vialidad y transporte de la misma comuna.

Y la recomendación 06/2025 sobre el caso de violación a derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, dirigida al presidente municipal de Huamantla.

También fue cumplida la recomendación 07/2022 sobre el caso de violación a los derechos sociales de ejercicio individual; así como los derechos humanos a la igualdad y al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la privacidad, hechos materia de la protección y garantía de la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, dirigida a los titulares del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE), de la Secretaría Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos del Estado Tlaxcala (USET).

Finalmente, la Ombudsperson reiteró que el verdadero alcance de una recomendación no se mide únicamente por su aceptación formal, sino por la capacidad de las instituciones para reconocer el daño, reparar a las víctimas, modificar las prácticas que dieron origen a la violación y fortalecer las garantías de no repetición, avanzando así hacia una administración pública más humana, responsable y respetuosa de los derechos de todas las personas.

El cargo Cumplieron cuatro ayuntamientos y una institución educativa las recomendaciones que enfrentaban por vulneración a derechos humanos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la entrega del informe de actividades 2025-2026 ante el Congreso del Estado, la Ombudsperson, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, reconoció que hay desafíos complejos que enfrenta la sociedad en materia de derechos humanos, como la violencia, la discriminación, las desigualdades estructurales y las distintas formas de exclusión, lo que “nos recuerdan que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una tarea permanente”.

En ese sentido, refrendó el compromiso de la Comisión para continuar trabajando con autonomía, profesionalismo, cercanía y sensibilidad social, así como para fortalecer la prevención, la educación en derechos humanos, la atención integral a las víctimas, la vigilancia del actuar público y la construcción de espacios de diálogo que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y pacífica.

En la entrega del informe estuvo el diputado Emilio De la Peña Aponte, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, así como la Engracia Morales Delgado y los diputados Vicente Morales Pérez y Silvano Garay Loredo.

En su intervención, el diputado Emilio reconoció el esfuerzo de la CEDHT “para acompañar a la ciudadanía, atender sus demandas y promover el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Su labor es esencial para fortalecer el Estado de Derecho y contribuir a una sociedad más consciente y participativa”.

Sin embargo, agregó, se debe reconocer que los desafíos continúan, y que hay retos importantes en materia de acceso a la justicia, igualdad sustantiva, combate a la violencia, protección de grupos vulnerables y consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida pública y social.

Jakqueline Ordoñez agradeció el trabajo del personal del organismo autónomo y destacó que este informe corresponde al primer año del nuevo periodo constitucional de la CEDHT, integrado por la consejera Leticia Valera González y los consejeros Agustín Flores Peña, Fernando George Zecua y Jesús Rivera Pantoja.

“Más que presentar únicamente los resultados de un año de trabajo, hoy podemos dar cuenta de la consolidación de un proceso institucional que inició en 2021 y que ha permitido transformar de manera firme y progresiva a este organismo autónomo, impulsando una reestructuración institucional basada en cuatro ejes estratégicos: Gobernanza, Defensa, Cultura de Derechos Humanos y Fortalecimiento Institucional”, dijo.

Destacó que en el periodo que se informa la CEDHT realizó más de 51 mil acciones institucionales, alcanzando de manera directa a más de 112 mil personas y se registró un incremento en más del 110 por ciento el número de personas capacitadas en derechos humanos, además de reducir rezagos.

Durante el periodo que se informa, en este primer año, realizamos más de 18 mil acciones en favor de los derechos humanos; hubo un alcance de más de 37 mil personas; se desarrollaron más de dos mil acciones de vinculación institucional y se brindaron más de dos mil orientaciones jurídicas.

Asimismo, se realizaron más de mil quinientas diligencias de observación y fortalecimos la presencia territorial de la Comisión en los municipios de la entidad.

En este periodo, la CEDHT tuvo el 100 por ciento en cumplimiento en las obligaciones de transparencia y aviso de privacidad y fue el primer sujeto obligado de la entidad en dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos y en la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.

“Estos avances tuvieron sus bases en la administración pasada, para construir una Comisión más cercana a la ciudadanía, más profesional, más transparente y con mayor capacidad de incidencia en la vida pública de nuestro estado”, mencionó.

Sin embargo, dijo, detrás de cada cifra existen mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que encontraron en esta institución una puerta abierta para ser escuchados, orientados, acompañados y defendidos, “por ello, uno de los aspectos más relevantes de este periodo ha sido el fortalecimiento de nuestra capacidad resolutiva”.

Porque la defensa de los derechos humanos no puede medirse sólo por el número de recomendaciones emitidas, ya que la verdadera dimensión se encuentra en la capacidad de restituir derechos, reparar daños, prevenir nuevas vulneraciones y generar cambios institucionales duraderos.

Reconoció la disposición de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los organismos autónomos; de los ayuntamientos; de las instituciones educativas; de las organizaciones de la sociedad civil y de todas aquellas personas que han contribuido a fortalecer una agenda común en favor de los derechos humanos.

El cargo La defensa de los derechos humanos sigue siendo una tarea permanente: Ombudsperson apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la seguridad pública debe consolidarse como una función integral del Estado, orientada no solo al combate del delito, sino también a la protección de los derechos fundamentales de las personas imputadas, víctimas, ofendidos y testigos. En ese sentido, explicó que la propuesta armoniza la legislación estatal con la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Entre los principales cambios planteados destaca la obligación expresa de que los elementos de la Policía de Investigación e Inteligencia informen a las personas detenidas sobre los derechos que les asisten al momento de una detención, fortaleciendo así el principio de presunción de inocencia y la legalidad de las actuaciones policiales.

La Iniciativa también propone reforzar las labores de investigación mediante la realización inmediata de entrevistas a personas que pudieran aportar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos delictivos, con la finalidad de evitar la pérdida de testimonios, indicios o información sustancial para las indagatorias.

En materia de atención a víctimas, la propuesta incorpora nuevas obligaciones para implementar programas de atención integral que contemplen asistencia jurídica, médica y psicológica especializada; medidas de protección; capacitación permanente del personal; así como la difusión y aplicación de protocolos de actuación, especialmente en casos de violencia de género.

Asimismo, se plantea que la Policía de Investigación e Inteligencia brinde protección y auxilio inmediato a víctimas, ofendidos y testigos, adopte medidas para salvaguardar su integridad física y psicológica, e informe oportunamente sobre los derechos que les reconoce la ley.

La diputada Sandra Aguilar Vega subrayó que la reforma busca consolidar un modelo de seguridad pública más humano, eficiente y cercano a la ciudadanía, privilegiando el respeto irrestricto a los derechos humanos y fortaleciendo la confianza de la población en las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia.

Tras su presentación ante el Pleno, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción social, así como a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Propone Sandra Aguilar fortalecer derechos humanos y atención a víctimas en corporaciones de seguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Gobierno del Estado, a través de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Cultura, expresa su preocupación por la difusión, sin consentimiento, de información personal de una persona perteneciente a las poblaciones de diversidad sexual y de género, lo que podría vulnerar su derecho a la privacidad y seguridad.

A través de un posicionamiento, la oficina señaló que, aunque algunas publicaciones han ocultado ciertos datos, continúan circulando elementos identificables como el nombre, información académica vinculada a su proceso de titulación y aspectos relacionados con su identidad de género, lo que permite reconocer a la persona y constituye una exposición no autorizada.

Se advierte que, si bien el caso ha sido presentado en algunos espacios como un logro académico, ningún reconocimiento justifica la difusión de datos personales sin autorización, especialmente en un contexto donde persisten discursos de odio, burlas y violencia hacia las identidades trans.

La dependencia subrayó que el problema no se limita a la publicación de información, sino también a la falta de moderación en redes sociales, lo que ha propiciado la proliferación de mensajes que deshumanizan, ridiculizan o cuestionan la identidad de la persona afectada.

“Lo que estamos viendo en redes sociales no es opinión: es violencia digital”, enfatizó, al señalar que este tipo de expresiones reproducen discriminación y pueden poner en riesgo la integridad emocional y física.

Ante esta situación, ya se estableció contacto con la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, instancias que han manifestado su disposición para brindar acompañamiento, contención y, en su caso, implementar medidas de protección.

Finalmente, la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual de Tlaxcala reitera el llamado a medios de comunicación y plataformas digitales a actuar con responsabilidad y ética, respetando el derecho a la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas, y enfatizó que el reconocimiento de la identidad de género no es una concesión, sino un derecho humano.

El cargo Oficina de Atención a la Diversidad Sexual Alerta por Difusión de Datos Personales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La ANTAC denunció que sus compañeros fueron agredidos con armas de fuego, “golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución”.

Los transportistas expresaron este martes 7 de abril su rechazo a los hechos de violencia: “Se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación”.

“Responsabilizamos directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por el ataque artero y desmedido perpetrado contra ciudadanos que, de forma pacífica, mantenían una movilización en defensa de sus derechos. Lo ocurrido no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia”, dijo la ANTAC.

Agregaron que esto representa “abuso de autoridad” y exigieron de manera inmediata la presentación con vida de todos los transportistas reportados como desaparecidos, así como el cese “de la represión contra el movimiento transportista”. También una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”.

Pidieron garantías reales para el ejercicio libre de la manifestación y la protesta social.

“Advertimos que estos actos no quedarán impunes ni en el olvido. La unidad del gremio transportista a nivel nacional se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión”, dijo la Asociación de Transportistas.

Con información del Universal

El cargo Transportistas acusan “represión violenta” con armas de fuego en Tlaxcala; reportan desaparición de compañeros apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En Sesión Extraordinaria el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala llevó a cabo la Ceremonia de Imposición de Toga a las Magistradas integrantes del Pleno.

La ceremonia contó con la presencia de las Magistradas Violeta Fernández Vázquez, Presidenta del Tribunal; Claudia Cervantes Rosales, titular de la Comisión Sustanciadora; y Dora Delia Hernández Roldán, titular de la Comisión Resolutora.

Durante la sesión, se discutieron y acordaron varios puntos importantes, entre ellos:

• La instalación de las Comisiones de Conflictos Laborales y Seguimiento y Evaluación, que serán presididas por las Magistradas Violeta Fernández Vázquez y Dora Delia Hernández Roldán, respectivamente.
• Se informó del cumplimiento del requerimiento de informe mensual de los Jueces.
• Se ordenó al Órgano Auxiliar iniciar la investigación de posibles faltas administrativas en contra de cinco servidores públicos, dos en contra de jueces.

La imposición de la toga es un acto simbólico que representa el compromiso de las Magistradas con el ejercicio justo e imparcial de la ley, el respeto a los Derechos Humanos y los valores de responsabilidad, honestidad, lealtad, integridad, honor y rectitud.

La Magistrada Presidenta, Violeta Fernández Vázquez, destacó que “las Magistradas de este Pleno tenemos un compromiso que cumplir con la función jurisdiccional y brindar solemnidad a los actos que llevemos a cabo con el compromiso, la autoridad y la imparcialidad judicial que requieran; las invito Magistradas a atesorar esta nueva identidad que nos distingue”.

La toga es un símbolo de la función jurisdiccional y representa la autoridad y la imparcialidad de los Magistrados y Jueces. El color negro de la toga significa que quien la porta no actúa en nombre propio, sino en ejercicio de una función de Estado.

El cargo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Tlaxcala Realiza Ceremonia de Imposición de Toga apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En el marco de la discusión de las reformas a la Ley de Amparo, aprobada ya por el Senado de la República, la Cámara de Diputados realizó Audiencias Públicas para analizar la minuta, previo a su análisis y/o aprobación.

Recordemos que las reformas a la Ley de Amparo han generado diversas opiniones luego de ser aprobadas por el Senado de la Republica, en donde se incluyó un artículo transitorio relativo a la retroactividad a juicios en curso.

Al recibirla, la presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Kenia López Rabadán y previo a señalar que esta seguiría los pasos correspondientes para su proceso legislativo, la turno a las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y discusión.

Posteriormente, en reunión de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras se acordó la realización de audiencias públicas en las que podrían participar todos los interesados, por lo que se abrieron tres fechas: 10, 11 y 13 de octubre.

Vale la pena destacar que la bancada del PRI, en voz de su coordinador parlamentario, diputado Rubén Moreira, anunció que no participaría en estos trabajos debido a que se incumplieron los acuerdos para su diseño, pues se había dicho que sería hasta el lunes 13 de octubre, luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política, que se acordaría el formato de si serían “Audiencias Públicas o Parlamento Abierto”.

Fue el diputado Cesar Damián Retes del PAN quien cuestionó la organización de las audiencias, así como la selección de los participantes, al señalar que se le estaba “regateando el diálogo a la ciudadanía” y anunció que votarían en contra del dictamen en su momento.

Fue así que las mesas iniciaron el 10 de octubre con el tema de “Improcedencia” con la participación de nueve participantes. A continuación, algunas participaciones.

El representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Luis Curiel Piña señaló que la adición referente a “aquellos créditos fiscales que hayan quedado firmes no puedan ser impugnados” no era necesario dado que esta ya está en la ley, de dejarlo dijo, daría lugar a “cartas abiertas” para violación de derechos, garantías y cualquier derecho del ciudadano. Apunto que no era necesario regular, lo que ya estaba suficientemente regulado.

El especialista en derecho empresarial y penal, Víctor Manuel Solís Butrón refirió que “la improcedencia respecto a la suspensión”, tratando de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya están sancionadas en el Código Penal y consideradas como delitos. Apunto que el tema no es sobre las sanciones, sino sobre la suspensión, cuya naturaleza procesal no le quita que puedan proteger derechos sustantivos, y que lo que actualmente está planteando la ley vulnera estos principios al ordenar la retención de un patrimonio sin que previamente haya un control judicial.

Jesús Octavio Salgado Pelayo, abogado en litigio mercantil, hizo notar que con la minuta se agrega un nuevo estándar probatorio para acreditar la licitud de los recursos, cuando el acto reclamado consista en la retención o embargo de cuentas bancarias, pero cuestionó cuál será el grado de exigencia que se tendrá que acreditar para demostrar la legitimidad de dichos recursos. “Esto representa un reto y exigirá que los ciudadanos y empresas comerciantes tengan mayor diligencia en el cuidado de sus operaciones”.

José Barrios Moreno de la Escuela Libre de Derecho advirtió que mantener la redacción actual del dictamen sobre la reforma a la Ley de Amparo y al Código Fiscal de la Federación representaría un riesgo para los particulares. Señaló que ello equivaldría a otorgar un “cheque en blanco” a las autoridades, al permitirles revocar permisos, autorizaciones o concesiones de manera arbitraria.

El académico de la Universidad Panamericana Juan Pablo Gómez Fierro destacó que eliminar o limitar la figura de la “suspensión” dentro del juicio de amparo dejaría a la población expuesta a actos arbitrarios de la autoridad. Explicó que, sin este mecanismo de protección, en muchos casos el amparo perdería sentido, ya que los actos reclamados podrían ejecutarse completamente antes de obtener una resolución judicial.

El sábado 11 de octubre continuaron los trabajos, esta vez con el tema “Interés legítimo” en el contexto del Juicio de Amparo, donde participaron 10 ponentes, de los que destacamos algunas participaciones.

El especialista en Derecho Constitucional, Electoral y Derechos Humanos, Armando Hernández Cruz, se refirió las reformas al artículo 5° de la Ley de Amparo que se plantean en la minuta al señalar que podrían limitar la posibilidad de la protección de los “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” (DESCA).

Apunto que “no es lo mismo el interés legítimo en derechos individuales que en derechos colectivos”, pue dijo que las actuales reformas podrían dejar sin protección ciertos tipos de amparo, sobre todo en materia ambiental, dado que son prácticamente una afectación para todas las personas sin distinción. Refirió que las reformas a la Ley de Amparo del 2011, al separar el interés simple, jurídico y legítimo, lograron ampliar su protección hacia los llamados DESCA.

El presidente del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho A.C., Juan Rabindrana Cisneros García, resaltó que el tema de amparo es sumamente difícil y técnico. Señaló que otro punto es que estos juicios son muy lentos, pues, aunque hay plazos, la realidad es que, de acuerdo a la carga en los juzgados, los asuntos se vuelven lentos y casi siempre se van al recurso de revisión, proceso que podría tardar hasta un año.

En materia de Aduanas dijo que existen problemas graves, pues señaló que si alguien se equivoca al momento de etiquetar cualquier producto la multa actual es del 2% sobre el precio de la mercancía. Con las nuevas reglas, dijo, las multas van a subir hasta un 250% lo que “por un lado es una locura y contraviene el TLCAN”, además de que no facilita nada. Apuntó que de recurrir a un recurso de amparo este podría tardar hasta dos años, y que probablemente, siendo artículos perecederos en su mayoría, habría grandes pérdidas.

Por su parte el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Órgano de Administración Judicial, Arturo Guerrero Zazueta, reconoció la apertura al debate y que se hicieran algunos cambios a la inactiva. Sin embargo, dijo que su intervención la resumiría en la frase “estamos tratando de arreglar algo que no está roto”, al querer fijar en la ley lo que se entiende por “interés legítimo” cuando esta parte en específico realmente no ha sido problemática.

Apuntó que la forma en que se ha construido el concepto ha permitido que se vaya ampliando con el tiempo y que sentarlo ahora en la ley parecería que se está poniendo en duda sobre si las personas juzgadoras lo van aplicar o no, además de que se estaría abriendo la puerta a nuevas interpretaciones más restrictivas.

Juan Carlos Ávila López, especialista en amparo y garantías constitucionales, afirmó que el interés legítimo es un logro del Sistema Jurídico Mexicano para la tutela de derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política, pero no se puede concentrar su defensa exclusivamente en el juicio de amparo.

La Audiencias Públicas continuarán este 13 de octubre y se espera que este mismo día hacia las seis de la tarde, las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público se reúnan para el debate, discusión y en su caso aprobación de la minuta.

El cargo Debate público en torno a la Ley de Amparo en San Lázaro apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ruiz García señaló que esta problemática tiene causas profundas, como la inmadurez emocional, la falta de educación socioemocional y la ausencia de intervención oportuna por parte de las autoridades educativas cuando existen señales que deben alertar para una intervención oportuna. Por ello, propuso una coordinación inmediata entre las dos instancias gubernamentales para actualizar los protocolos de seguridad, capacitar a docentes y personal administrativo, y crear un Registro Estatal de Incidentes Escolares que permita monitorear y analizar los casos de manera sistemática. Todo ello, con el acompañamiento y orientación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar que se violenten los derechos de la comunidad estudiantil.

Además, la iniciativa establece la obligación de rendir informes semestrales al Congreso del Estado sobre los avances y resultados de las acciones implementadas, garantizando transparencia y rendición de cuentas. La diputada insistió en que la escuela debe ser un espacio seguro y formativo, donde se fomente el respeto y la convivencia, y subrayó que proteger a niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, para su estudio, análisis y dictaminación, con el objetivo de convertirse en una herramienta efectiva para transformar la realidad de las escuelas tlaxcaltecas.

El cargo Presenta Lorena Ruiz Iniciativa que busca erradicar la violencia escolar en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En atención a las manifestaciones públicas y denuncias realizadas por mujeres profesionistas vinculadas al programa Centros LIBRE, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) reconoce la importancia de garantizar la protección integral de los derechos humanos y laborales de todas las trabajadoras.

Desde el inicio de los señalamientos por despidos injustificados y retrasos en el pago de honorarios, la Comisión ha sostenido comunicación directa con la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), a fin de exponer la situación y plantear soluciones que permitan salvaguardar los derechos de las profesionistas, en particular su derecho a la libertad de expresión, a condiciones dignas de trabajo y al pago oportuno por los servicios prestados.

Referir que, hasta el momento, en la Comisión no se ha recibido ninguna queja y no se ha presentado ninguna persona a interponerla, respecto de las denuncias hechas por las mujeres profesionistas.

Se ha hecho énfasis en que los derechos laborales forman parte de los derechos humanos, reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, las mujeres profesionistas cuentan con el derecho a un empleo digno, libre de violencia y discriminación.

Por estas acciones, la SMET ha informado a este organismo autónomo sobre las acciones administrativas emprendidas para atender los atrasos en los pagos y la regularización de los procesos, entre ellas:

•     Celebración de un Convenio de colaboración con la Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública, para facilitar el registro de las profesionistas como proveedoras del Estado y agilizar trámites.
• Coordinación con la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas en la elaboración de contratos y expedientes completos que respalden la ministración de pagos.
•  Notificación constante a las profesionistas sobre el estado de sus expedientes y procesos de pago.
• Apoyo administrativo en la integración de informes de actividades y evidencias documentales, necesarias para cumplir con los lineamientos de auditoría y control del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM).
•  Realización de reuniones de trabajo para escuchar a las profesionistas y brindarles herramientas que permitan facilitar el cumplimiento de requisitos formales.

La CEDHT da seguimiento puntual a las medidas adoptadas por la SMET, además de observar que los derechos humanos de las trabajadoras sean respetados en todo momento.

Esta institución protectora de los derechos humanos reconoce que la protesta social y la denuncia son expresiones legítimas de exigencia de justicia y que el diálogo con las instituciones debe orientarse a construir soluciones efectivas que pongan al centro la dignidad de las mujeres.

El cargo Atiende CEDHT denuncias de mujeres profesionistas vinculadas al programa Centros LIBRE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con la participación de más de 200 personas mayores provenientes de varios municipios de la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) realizó mesas de trabajo denominadas “Envejecimiento digno”, donde exigieron, entre otras cosas, visibilización, respeto y atención a sus necesidades, “porque no sólo tenemos experiencias, somos personas productivas que podemos aportar a la comunidad”.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores, la CEDHT reunió a personas de diferentes municipios del estado, quienes pidieron, entre otras cosas que sus aportaciones en el foro “no se quede en el discurso, sino que llegue a instituciones públicas, municipios, y haya acciones para la protección de sus derechos humanos”.

En las mesas de trabajo abordaron temas como salud, salud mental, economía, acceso a las tecnologías, cuidados adecuados y autonomía, entre otros.

Al acto protocolario asistió la presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, quien destacó que “Queremos aprender de ustedes y honrarles como personas sabias, con experiencia de vida. Nos interesa que nos compartan cómo están viviendo sus derechos, si estos son respetados o vulnerados; lo que ustedes expresen será transmitido a las instancias responsables de atender a las personas mayores, para que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas”.

Subrayó que hablar de envejecimiento digno es hablar de derechos humanos, es reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir sin discriminación, a ser escuchadas y a participar plenamente en la vida social, política y cultural de sus comunidades.

Asimismo, reconoció que dentro de la población mayor persisten desigualdades, especialmente hacia las mujeres, quienes a lo largo de su vida han sostenido el cuidado de las familias y comunidades, “muchas veces en silencio”.

En el evento también participaron la consejera consultiva Leticia Valera González y los consejeros Agustín Flores Peña, Fernando George Zecua y Jesús Rivera Pantoja, así como alcaldes de algunos municipios y Sergio Ojeda Ilhuicatzi, representante de la Organización Desarrollo Integral de Adulto Mayor (Adinam).

Sergio Ojeda destacó que en México la población mayo de 60 años está aumentando “y la realidad que enfrentan muchas personas mayores es alarmante, pues la vejez, lejos de ser una etapa de respeto y tranquilidad, muchas veces está marcada por el abandono, la pobreza, exclusión y la falta de accesos a recursos de salud, economía, calidad de vida digna”.

Por lo que urgió la existencia de políticas públicas integrales que contemplen centros de día, cuidados paliativos, formación de cuidadores profesionales y redes comunitarias de apoyo, porque, dijo, “las personas adultas no son una carga, son personas con conocimiento, experiencia, talentos y deseos, agentes activos que pueden seguir aportando”.

En el evento las personas mayores que asistieron y compartieron conocimientos son de los municipios de Cuaxomulco, Sanctorum, Tlaxcala, Amaxac, Zacualpan, Mazatecochco, Xaloztoc, Tetla, Xiloxoxtla, Xicohtzinco, Santa Cruz Tlaxcala, Tetlanohcan, Papalotla y Tetlatlahuca.

También asistieron los alcaldes de Xicohtzinco, Juan Ramírez Ávalos y de Tetlatlahuca, Hugo Mendoza Salazar, así como integrantes del Comité de Adultos Mayores del Estado de Tlaxcala.

El cargo Exigen personas mayores decidir sobre su vida y acceso a los servicios que les garanticen una vida incluyente y digna apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.