La Fiscalías Generales de la República (FGR) y de Justicia del Estado (FGJE) perseguirán por oficio el delito de extorsión por lo que pretenden mayor coordinación para perseguir por oficio este delito del cual serán endurecidas la penas y los castigos para quienes cometan estos delitos.

En 2025 varios municipios de Tlaxcala emitieron alertas oficiales debido a intentos de extorsión telefónica fraudulentos, donde se identificaron números específicos usados para engañar a la población. De acuerdo a las autoridades solo se han integrado 14 carpetas de investigación por este delito.

Al acudir a la 52da Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada en Palacio Nacional en la Ciudad de México, la Gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros votó a favor de 11 acuerdos que fortalecerán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Contra la Extorsión, esta última pretende prevenir, investigar y sancionar con mayor dureza estos delitos.

La estrategia contempla armonizar el Marco Legal de las disposiciones establecidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley general, con la Ley del Estado de Tlaxcala y sus marcos jurídicos normativos, por lo que se busca que las Fiscalías tengan mayor coordinación para atacar este delito que afecta a la población.

Para esta lucha, la FGR emitirá, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un Manual de Operación para las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión.
En su mensaje, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente y dependía de la denuncia ciudadana, por lo que destacó que la modificación a la Ley contempla que este delito también sea perseguido por la federación.

“El objetivo de las leyes que estamos planteando que ya le corresponde la coordinación a la Fiscal General de la República generar estas estrategias que nos permitan atender este delito que afecta de manera distinta a cada estado y necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atenderlo”.

Finalmente, la mandataria pidió a los tlaxcaltecas y a los mexicanos conocer a detalle la reciente aprobación de la ley del registro telefónico que ayudará a combatir la extorsión telefónica.

A la Sesión asistieron los gobernadores y las gobernadoras del país, asi como funcionarios del gabinete ampliado en materia de seguridad y protección civil.

El cargo Federación y Estado perseguirán por oficio el delito de extorsión apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

¿Por qué es importante legislar sobre este delito? Porque es uno de más frecuentes en México, el tercero más común por encima de otros delitos que afectan a la población.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la extorsión es el tercer delito más frecuente en México, con 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, solo superado por el fraude y el robo en la vía pública o transporte público.

De hecho, este delito se incrementó en los últimos años al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 a inicios de este año, es decir, un incremento del 57. 62 por ciento. Esos son los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por otra parte, los datos del INEGI muestran que la cifra negra de la extorsión es muy alta, y que se han detectado casos específicos de este delito en la calle, en establecimientos y bajo la forma de “cobro de piso”.

Este delito no solamente alcanza a las personas, las empresas también son afectadas por la extorsión, lo que genera costos significativos que pueden desincentivar la creación de nuevos negocios.

Como podemos ver, el impacto de la extorsión se ha convertido en un verdadero lastre para los hogares, negocios, instituciones y comunidades. De hecho, la estimación del costo de este delito alcanza los 124 mil millones de pesos.

Ante esa problemática, en el Senado hicimos eco a la percepción ciudadana de inseguridad, así como a la necesidad de reforzar la prevención y la confianza en las instituciones para lograr una mejor atención a los delitos.

¿Cuál es la idea? Unificar criterios, cerrar vacíos legales y proteger de manera integral a la sociedad, fortaleciendo la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. Y es que existe una gran disparidad en las legislaciones estatales, por lo cual se hace necesario homologar la regulación de este tipo penal y articular esfuerzos entre la federación, las entidades federativas y los municipios con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas y dar certeza jurídica a las personas que decidan denunciar.

La denuncia es importante, más aún porque el 97 por ciento de las personas que enfrentan este delito no denuncian debido a que no tienen confianza en las autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido visión de miras, no solo reconociendo el problema sino enviando al Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente para reformar la Constitución, a fin de que se pueda expedir la Ley General contra la Extorsión que permita perseguir de oficio este delito y proteger a las víctimas.

Independientemente de ello, desde el pasado 6 de julio, a través del número 089, las víctimas ya pueden denunciar de manera anónima, con la cual se puede iniciar un proceso de investigación judicial. Ello, gracias a la nueva Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia.

El Senado ha respondido con la aprobación de esa reforma a la Constitución. Corresponde ahora a los Congresos locales avalarla para seguir avanzando.

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