El Gobierno del Estado aseguró que el cargamento de casi una tonelada de cocaína asegurado en un rancho en Ixtacuixtla en Tlaxcala no tenía como destino el mercado local, sino que la entidad fue utilizada únicamente como punto de almacenamiento y tránsito dentro de una ruta operada por grupos de la delincuencia organizada.

Así lo afirmó el coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, quien destacó que el decomiso es resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, así como de labores de inteligencia encaminadas a desarticular redes criminales.

Durante los Diálogos Circulares, el funcionario explicó que la droga permanecía resguardada temporalmente en territorio tlaxcalteca y posteriormente sería trasladada a otra entidad del país, por lo que descartó que estuviera destinada al consumo o distribución dentro del estado.

“La cocaína no era para Tlaxcala”, sostuvo Martínez Velázquez al referirse al aseguramiento, considerado uno de los más importantes registrados en la entidad.

El vocero señaló que la ubicación geográfica de Tlaxcala la convierte en una zona estratégica de paso para diversas rutas de transporte, situación que puede ser aprovechada por organizaciones delictivas para mover mercancías ilícitas entre distintas regiones del país.

Asimismo, destacó que el aseguramiento representa un golpe a las estructuras del narcotráfico y evidencia la efectividad de la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Martínez Velázquez también reconoció el trabajo encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, así como de las instituciones que participaron en el operativo que permitió localizar y asegurar la droga.

El funcionario recordó que, de acuerdo con información proporcionada por el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Martín Perea Marrufo, los aseguramientos de narcóticos en la entidad se han concentrado principalmente en marihuana y cristal, por lo que el decomiso de cocaína en tal magnitud representa un hecho atípico.

Finalmente, sostuvo que las autoridades mantendrán el combate frontal contra la delincuencia organizada para evitar que Tlaxcala sea utilizada como centro de resguardo o corredor logístico para el traslado de drogas y otras actividades ilícitas.

El cargo La cocaína no era para Tlaxcala, solo iba de paso: gobierno estatal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La reciente investigación del periodista Fernando Coca Meneses, plasmada en su libro Balas con remitente. El tráfico de armas de Estados Unidos a México, expone una cifra alarmante: hasta 500 mil armas cruzan cada año la frontera mexicana de manera ilegal. No se trata de un fenómeno aislado ni de una amenaza lejana. Por el contrario, sus efectos se reflejan todos los días en las calles, comunidades y ciudades de todo el país, con sangre y muerte.

Los números son contundentes. Entre 2006 y 2024, México acumuló más de 350 mil homicidios dolosos y, según los datos citados por el autor, al menos siete de cada diez fueron cometidos con armas de fuego. La mayoría de esas armas llegaron al país por canales clandestinos, burlando controles y aprovechando una red criminal que parece operar con enorme eficacia.

Lo preocupante para Tlaxcala es que distintas investigaciones y reportes federales ubican al estado dentro de rutas utilizadas para el trasiego de armamento. Sin embargo, cuando se intenta conocer la dimensión real del problema en territorio tlaxcalteca aparece un muro de opacidad institucional que frena cualquier intento por conocer la verdad.

Nadie sabe con certeza cuántas armas han sido decomisadas en la entidad, cuáles son los municipios con mayor incidencia, qué grupos delictivos están vinculados con su circulación o qué carreteras son utilizadas con mayor frecuencia para su traslado. La respuesta oficial suele ser la misma: la información está reservada porque forma parte de investigaciones en curso.

La reserva de información puede ser legal, pero también resulta conveniente. Bajo ese argumento, la sociedad permanece sin herramientas para evaluar la magnitud de una amenaza que podría estar creciendo sin control. La falta de transparencia termina generando más dudas que certezas.

Si Tlaxcala forma parte de una ruta de tráfico de armas, los ciudadanos tienen derecho a saber qué está haciendo el Estado para combatirla. Si existen aseguramientos importantes, deben conocerse. Si hay municipios identificados como puntos de paso o almacenamiento, las autoridades tendrían que reforzar las acciones preventivas. Y si el problema es menor de lo que algunos sugieren, también deberían existir datos públicos que lo demuestren.

La violencia no surge por generación espontánea. Detrás de cada homicidio cometido con arma de fuego existe una cadena de responsabilidades que comienza mucho antes de que se apriete el gatillo. Esa cadena inicia con la fabricación, continúa con el tráfico y termina con la impunidad.

Por ello, el verdadero debate no debería centrarse únicamente en cuántos delitos se cometen en Tlaxcala, sino en cómo llegan las armas que hacen posible esos delitos. Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta y los datos sigan bajo llave, la entidad seguirá siendo una pieza desconocida dentro de una ruta que, según las evidencias, transporta mucho más que metal: transporta violencia, muerte e inseguridad.

El cargo Tlaxcala, la ruta silenciosa de las armas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ejecutó seis órdenes de cateo en inmuebles de cuatro alcaldías de la Ciudad de México donde detuvo a tres hombres y decomiso dosis de droga, cartuchos útiles y bicicletas eléctricas.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, informó que los decomisos fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia de la dependencia, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el Gobierno local para el combate de delitos de alto impacto.

Efectivos realizaron tres cateos en la alcaldía Iztapalapa, uno en Venustiano Carranza, uno en Tláhuac y otro en Cuauhtémoc, después de trabajos de inteligencia e investigación para ubicar inmuebles donde se almacenaban estupefacientes y bicicletas eléctricas de procedencia ilícita

Los datos de prueba obtenidos por los uniformados fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir las propiedades y para tal disposición se realizaron los despliegues operativos simultáneaos en coordinación con personal de la FGJ y de la Guardia Nacional.

El primer cateo se llevó a cabo en la Unidad Habitacional Guelatao de Juárez, ubicada en la colonia Chinam Pac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa. En el inmueble se detuvo a un hombre de 36 años y se aseguraron 98 dosis de posible marihuana, ocho cartucho útiles, cuatro teléfonos móviles y una identificación.

El segundo se realizó en la avenida 7 de la colonia Renovación, donde detuvieron a otros dos hombres de 32 y 31 años de edad. Se decomisaron 233 dosis de aparente cocaína y equipo telefónico. El tercero se realizó en la avenida Texcoco, colonia Juan Escutia, donde se aseguraron 500 gramos de aparente marihuana a granel.

En la alcaldía Venustiano Carranza se efectuó un cuarto cateo en la calle Damasco, de la colonia Romero Rubio, donde se aseguraron 201 dosis de posible cocaína, 200 gramos también de cocaina y 100 bolsitas con hierba verde seca.

En la calle Janufa de la colonia Miguel Hidalgo, en Tláhuac, se ejecutó la quinta orden judicial, donde se aseguraron 11 bolsitas de probable marihuana, dos basculas grameras y 89 envoltorios de papel con supuesta cocaína.

Tras el robo a un negocio de scooters y motocicletas eléctricas, ocurrido el pasado 22 de marzo del presente año en la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, se realizó un cateo a un predio en el Eje 1 Norte Granaditas, de la colonia Morelos, en la Cuauhtémoc, donde aseguraron 20 bicicletas eléctricas .

Con información, de adn40

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