Mientras miles de mujeres cuidan, trabajan, atienden a sus familias y sostienen hogares, Tlaxcala todavía enfrenta el reto de convertir el cuidado en un verdadero derecho y no en una responsabilidad que recaiga casi siempre sobre ellas.

Ese fue uno de los principales planteamientos del foro “Instrumentos para fortalecer la agenda de los derechos al cuidado y desarrollo económico de las mujeres”, realizado en el Congreso del Estado y organizado por la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, Coral Ávila Casco, del colectivo Mujeres en Consenso; Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Margarita Martínez Gómez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

El mensaje fue directo: cuidar también es trabajar, aunque muchas veces ese esfuerzo no tenga salario, prestaciones ni reconocimiento económico. El cuidado de niñas, niños, personas mayores o quienes requieren atención especializada continúa recayendo de manera desproporcionada en las mujeres, con consecuencias que pueden afectar su empleo, ingresos, autonomía y participación social y política.

Desde el Congreso se planteó que Tlaxcala necesita avanzar hacia el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado, para posteriormente construir leyes secundarias, políticas públicas, programas y presupuesto.

La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez advirtió que todavía existe un amplio camino por recorrer para contar con un sistema estatal de cuidados que responda a las necesidades de las familias y, particularmente, de las mujeres trabajadoras.

Coral Ávila Casco destacó que el debate también debe trascender las fronteras de Tlaxcala y México, al considerar los estándares internacionales que reconocen el cuidado como un derecho humano. Bajo esta perspectiva, el Estado tiene responsabilidades para generar servicios, políticas y presupuestos que permitan garantizar tanto el derecho a recibir cuidados como el derecho a cuidar en condiciones dignas.

Finalmente, el foro reunió voces del ámbito legislativo, académico, de derechos humanos y de la sociedad civil, con una coincidencia: si el cuidado sostiene a las familias, también debe formar parte de las prioridades del Estado. El desafío es que las palabras, iniciativas y acuerdos no se queden en un foro, sino que lleguen a las leyes, al presupuesto y, finalmente, a la vida cotidiana de las familias tlaxcaltecas, como lo plantea la organizadora, la diputada panista Miriam Martínez Sánchez.

El cargo Tlaxcala pone sobre la mesa una deuda pendiente con las mujeres apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El conflicto dejó de ser un diferendo interno del gobierno municipal y ahora está en manos del Poder Legislativo. La queja presentada por la síndica fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Municipales y de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Responsabilidad de Munícipes, que deberán analizar los señalamientos.

Gameros Ordoñez sostiene que desde hace aproximadamente dos meses enfrenta una serie de acciones que, según su denuncia, obstaculizan el ejercicio de las funciones que constitucionalmente le corresponden como representante jurídica del Ayuntamiento.

Entre las medidas que señala está el despido de personal de la sindicatura, la suspensión del fondo destinado a su gestión y una reducción del 50 por ciento en el combustible asignado a su unidad oficial.

Pero detrás del enfrentamiento existe un punto particularmente sensible: la cuenta pública municipal.

La síndica afirma que se negó a firmar la cuenta pública correspondiente al último trimestre después de detectar presuntas irregularidades financieras que, según su versión, no fueron debidamente aclaradas por el alcalde y el tesorero municipal.

A partir de entonces, sostiene, comenzaron las presiones y acciones que interpreta como un intento por limitar sus funciones e incluso abrir la puerta a su salida del cargo.

El caso coloca bajo presión al gobierno municipal de Morena, pues el conflicto ya no solamente ocurre entre dos integrantes del Ayuntamiento: ahora será el Congreso del Estado el que deberá revisar si existe un bloqueo institucional contra la síndica o si las diferencias forman parte de las atribuciones y responsabilidades de cada autoridad municipal.

Mientras las comisiones legislativas analizan la queja, el mensaje político es evidente: la disputa por el manejo de los recursos públicos y la cuenta municipal abrió una fractura dentro del Ayuntamiento de Yauhquemehcan que ya llegó al Congreso.

La pregunta que queda sobre la mesa es directa: ¿se trata de una confrontación política entre la síndica y el alcalde, o existen elementos financieros que deben ser aclarados públicamente?

El cargo Síndica le canta el tiro al alcalde de Yauhquemehcan: lo acusa de bloquearla y busca su destitución apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La diputada local presentó como una de las primeras iniciativas de su bancada la propuesta de establecer al menos cinco años de residencia en Tlaxcala como requisito para ocupar algunas de las secretarías estratégicas del Gobierno estatal, entre ellas Gobierno, Seguridad Ciudadana, Economía y Finanzas. Argumentó que el objetivo no es cerrar la puerta a quienes nacieron fuera de la entidad, sino garantizar que quienes tomen decisiones conozcan de primera mano las condiciones sociales, culturales y económicas de los 60 municipios.

“Tlaxcala para los tlaxcaltecas”, planteó Martínez, al sostener que el arraigo implica conocer las comunidades y sus problemáticas. Incluso señaló que no es lo mismo tomar decisiones para Calpulalpan que para Papalotla, pues cada región enfrenta circunstancias particulares. Afirmó que la iniciativa surgió del contacto directo con ciudadanos y, de aprobarse, no implicaría una presión presupuestal, sino voluntad política del Congreso.

La agenda legislativa panista contempla además propuestas para crear academias municipales de policías, fortalecer a las corporaciones locales, acercar la defensoría pública a comunidades alejadas y establecer mecanismos de seguimiento al abasto de medicamentos. También plantea mayor transparencia en la ejecución de obra pública, con información en tiempo real sobre contratistas, costos, modificaciones y avances, además de priorizar —según expuso— la participación de constructores tlaxcaltecas.

En el terreno político, Martínez reconoció el respaldo que recibió del expresidente Vicente Fox, tras su designación como coordinadora estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad del PAN. Afirmó que este encargo representa una responsabilidad para recorrer los 60 municipios, sumar liderazgos y mantener contacto directo con ciudadanos, aunque subrayó que las decisiones sobre posibles alianzas electorales corresponden a las dirigencias estatal y nacional del partido.

Sobre Morena, la legisladora sostuvo que “no es invencible” y afirmó que el partido gobernante enfrenta desgaste y divisiones internas. Durante la entrevista mencionó cifras de encuestas que, según dijo, mostrarían una reducción de su intención de voto en Tlaxcala; sin embargo, no precisó la casa encuestadora, la fecha ni la metodología de esas mediciones. También sostuvo que los conflictos internos en Morena podrían abrir espacios para la oposición.

Martínez evitó adelantar definiciones sobre candidaturas o alianzas y aseguró que Acción Nacional respetará los tiempos establecidos por las autoridades electorales. No obstante, reconoció que, a título personal, le interesaría encabezar una eventual alianza, aunque insistió en que esa determinación dependerá del partido y de los acuerdos que se construyan a nivel estatal y nacional.

Finalmente, aseguró que “Seguiremos caminando, tocando puertas, visitando a la gente, siguiendo con este camino para que nuevamente Tlaxcala sea de los tlaxcaltecas, defendiendo a la familia, la patria y la libertad”.

El cargo PAN lanza ofensiva política en Tlaxcala: “Morena no es invencible”, afirma Miriam Martínez apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la exposición de la propuesta, la legisladora sostuvo que la educación constituye una función esencial del Estado y una de las herramientas más eficaces para transformar de manera permanente las condiciones sociales, por lo que su alcance no debe limitarse a la transmisión de conocimientos académicos.

Explicó que la formación educativa también debe contemplar valores, actitudes y capacidades que permitan a las personas desarrollar una convivencia responsable tanto con la sociedad como con el entorno, lo que incluye una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los animales.

El planteamiento tiene como fundamento la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024, mediante la cual se modificó el artículo tercero para establecer expresamente que los planes y programas de estudio deberán incluir contenidos relacionados con la protección de los animales.

Bocardo Philips destacó que este mandato constitucional no constituye solamente una recomendación para las autoridades educativas, sino una disposición específica que debe reflejarse en el marco jurídico de las entidades federativas. Por ello, consideró necesario incorporar esta materia en la legislación educativa de Tlaxcala.

La reforma federal también modificó el artículo cuarto constitucional, al establecer la prohibición del maltrato animal y señalar que el Estado mexicano debe garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado, de acuerdo con las leyes correspondientes.

En este contexto, la iniciativa busca que la legislación local reconozca la educación como una vía para generar desde las aulas una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales, particularmente entre niñas, niños y adolescentes, mediante contenidos que contribuyan a prevenir prácticas de maltrato y abandono.

La diputada señaló además que el marco constitucional contempla la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de protección ambiental, preservación del equilibrio ecológico y bienestar animal, por lo que Tlaxcala debe avanzar en la armonización de sus disposiciones.

La propuesta abre así el debate sobre el papel que debe desempeñar el sistema educativo estatal en la construcción de una sociedad con mayor sensibilidad hacia el bienestar animal y sobre cómo traducir el mandato constitucional de 2024 en contenidos concretos dentro de las escuelas tlaxcaltecas.

El cargo Tlaxcala busca llevar la protección animal a las aulas; plantean armonizar ley educativa con la Constitución apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala puso sobre la mesa el rezago que, sostiene, enfrenta el Congreso local y cuestionó el ritmo con el que son analizadas las iniciativas presentadas por los diputados. En conferencia de prensa, Juan Manuel Cambrón Soria y la diputada local Laura Yamilil Flores Lozano señalaron que existe una acumulación de propuestas que permanecen sin dictamen.

Flores Lozano informó que ha presentado 23 propuestas legislativas durante los periodos ordinarios, pero únicamente tres han sido retomadas o avaladas por el Pleno. Precisó que el resto no puede considerarse propiamente como iniciativas rechazadas, debido a que permanecen pendientes de análisis y dictaminación en las comisiones correspondientes.

La legisladora atribuyó buena parte del rezago a la saturación de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, al considerar que se ha convertido en un cuello de botella para distintas propuestas. Señaló que el problema no se limita a sus iniciativas, sino que también afecta planteamientos presentados por otros integrantes de la Legislatura.

Entre los temas que impulsa el PRD se encuentra una propuesta relacionada con la distribución de los recursos derivados de la reducción presupuestal al Congreso del Estado. Flores Lozano planteó la creación de un fondo en el Código Financiero para que los recursos sean destinados a los 60 municipios, con una distribución que contemple una parte igualitaria y otra conforme al número de habitantes.

Otro de los asuntos que busca colocar en la agenda legislativa es la gratuidad de las correcciones de actas de nacimiento cuando el error sea atribuible al Registro Civil. La diputada afirmó que actualmente familias tlaxcaltecas pueden enfrentar pagos de alrededor de cuatro mil o cuatro mil 500 pesos por modificaciones que, desde su perspectiva, no deberían representar una carga económica cuando el error proviene de la propia autoridad.

La agenda perredista también contempla reformas relacionadas con la protección y conservación de especies y actividades productivas vinculadas al campo tlaxcalteca. Flores Lozano explicó que algunas propuestas surgieron de reuniones con productores y de problemáticas como el robo de animales que representan años de trabajo e inversión para las familias.

Durante la conferencia, Cambrón Soria sostuvo que el PRD busca mantener una oposición crítica, pero también propositiva, mediante iniciativas vinculadas con las necesidades ciudadanas. En ese contexto, cuestionó que el trabajo legislativo pueda quedar condicionado por la carga de una sola comisión y planteó la necesidad de revisar el procedimiento para evitar que todas las propuestas terminen concentradas en el mismo punto.

Flores Lozano también llamó a que las iniciativas sean discutidas y dictaminadas, ya sea a favor o en contra, pues consideró que esa es precisamente una de las responsabilidades de las comisiones legislativas. Incluso señaló que ha planteado la posibilidad de dejar la presidencia de Puntos Constitucionales si con ello se contribuye a destrabar el rezago acumulado.

Para el PRD, el reto está en que las iniciativas surgidas de demandas ciudadanas no permanezcan archivadas sino que sean abordadas y presentadas en el pleno del congreso local.

El cargo “Duermen el sueño de los justos”: PRD arremete contra el rezago legislativo en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El legislador de Morena sostuvo que existen tiempos constitucionales claramente establecidos para el cierre de una administración y el inicio de otra, pero afirmó que el Congreso debe actuar por encima de intereses personales o políticos.

De la Peña Aponte aseguró que conoce tanto a legisladores que repiten en la actual Legislatura como a sus actuales compañeros, y sostuvo que existe la suficiente madurez política para evitar que las decisiones presupuestales respondan a “caprichos”.

“Siempre poniendo en el centro a la ciudadanía tlaxcalteca”, afirmó el diputado.

Sus declaraciones ocurren mientras Morena avanza en la definición de su proceso rumbo a 2027 y cuando el Congreso local tendrá que discutir decisiones presupuestales que trascenderán la actual Legislatura.

De hecho, el propio Congreso enfrenta un escenario de reducción presupuestal para la próxima Legislatura, derivado de las nuevas disposiciones sobre el límite de recursos que pueden recibir los poderes legislativos estatales.

El diputado también fue cuestionado sobre si alguno de sus compañeros estaría considerando solicitar licencia para buscar otro cargo en 2027. De la Peña Aponte señaló que estarán atentos a la información que surja de la definición de la Coordinación Estatal de Morena, sin adelantar nombres.

La respuesta deja abierta una de las preguntas que comienzan a cobrar fuerza en el Congreso: ¿cuántos diputados terminarán la Legislatura y cuántos buscarán brincar a otra posición política rumbo a 2027?

El cargo Emilio de la Peña descarta un Congreso con “presupuesto a modo” rumbo a 2027 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La reforma electoral aprobada por unanimidad en el Congreso de Tlaxcala endurece las reglas para quienes busquen una candidatura en 2027 y modifica aspectos clave del registro electoral, la paridad de género, las acciones afirmativas y los tiempos de resolución. Así lo dio a conocer el diputado Silvano Garay Loredo, presidente de la Comisión de Procesos Electorales, quien destacó que el nuevo marco jurídico rompe con más de una década de rezago legislativo en materia electoral.

Uno de los principales retos será la revisión de aproximadamente 21 mil registros de candidaturas, en un escenario donde podrían participar hasta 12 partidos políticos. Para evitar que los aspirantes comiencen campañas sin tener certeza sobre la validez de sus postulaciones, el plazo para resolver los registros aumentó de ocho a 12 días. Garay Loredo señaló que anteriormente hubo casos en los que las candidaturas fueron aprobadas cuando las campañas ya habían comenzado, reduciendo de manera considerable el tiempo efectivo de competencia.

La nueva legislación establece además candados constitucionales para impedir determinadas candidaturas. Entre las restricciones se encuentran personas con sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género y quienes tengan la calidad de deudores alimentarios morosos, además de otros supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución. Estos criterios deberán quedar acreditados durante el proceso de registro antes de que una candidatura pueda ser validada.

La paridad de género será obligatoria y no una decisión discrecional de los partidos. Para los 60 municipios se contempla una distribución de 30 candidaturas para hombres y 30 para mujeres. El incumplimiento de este principio podrá impedir la validación de los registros, con lo que el Congreso busca convertir la paridad en una condición efectiva para competir y avanzar en el cumplimiento de la deuda histórica de participación política de las mujeres.

La reforma también eleva la exigencia para las acciones afirmativas destinadas a grupos históricamente excluidos. Se contemplan espacios para pueblos originarios, jóvenes, personas LGBTQI+ y personas con discapacidad. La autoridad electoral deberá revisar que quienes sean postulados bajo estas cuotas realmente acrediten la pertenencia al grupo que representan, con el propósito de evitar simulaciones en la integración de las candidaturas.

Otro cambio elimina la retención de la credencial de elector original de los candidatos. El documento únicamente será presentado para cotejo y deberá permanecer en poder del ciudadano. Garay Loredo explicó que se habían registrado casos de extravío derivados de errores humanos durante los procedimientos administrativos, situación que podía dejar a los propios candidatos sin identificación oficial para ejercer su derecho al voto.

La reforma fue construida mediante siete mesas ciudadanas, con participación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, INE, ITE, Tribunal Electoral, especialistas y representantes de medios de comunicación y sociedad civil. Garay Loredo sostuvo que la comisión privilegió escuchar a los ciudadanos y que las propuestas que no alcanzaron consenso fueron enviadas a las instancias correspondientes para continuar su análisis. El dictamen finalmente fue aprobado por unanimidad con 24 votos de los diputados presentes.

Con la aprobación de esta reforma, Tlaxcala entra en una nueva etapa de preparación electoral rumbo a 2027. El proceso comenzará oficialmente el primer domingo de diciembre y la Comisión de Procesos Electorales mantendrá pendientes otros temas para futuras modificaciones. Garay Loredo sostuvo que esta reforma representa el primer paso para construir un nuevo andamiaje electoral, con mayor orden, certeza jurídica y controles sobre quienes pretendan competir por un cargo de elección popular.

El cargo Reforma electoral pone nuevos candados a candidaturas en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante los diálogos circulares, el vocero fue cuestionado sobre la polémica en torno a que las medidas de austeridad surtirán efecto en la próxima Legislatura y recordó que el tema fue debatido desde que se presentó la propuesta.

“Hay que recordar que aquí se presentó el plan B, que aquí se dijo que se iba a reducir casi un 50 por ciento y me atacaron. Los diputados decían que no era cierto y al final acabaron votando”, expresó.

Martínez Velázquez señaló que la reforma responde a la armonización de la legislación estatal con la Ley de Austeridad impulsada a nivel federal y sostuvo que establece nuevas reglas para el ejercicio del gasto público en el Poder Legislativo.

“Ese es el sentido de la Ley de Austeridad. Tal como lo planteó la presidenta, tiene que ver con eso”, comentó.

Añadió que, entre otros aspectos, la legislación fija límites al gasto en determinados conceptos y busca fortalecer los criterios de austeridad en la administración de los recursos públicos.

“Creo que es una buena noticia para el pueblo tlaxcalteca tener autoridades realmente más austeras”, afirmó.

Respecto a las críticas porque la reforma entrará en vigor para la siguiente Legislatura y no para la actual, explicó que ello obedece al calendario presupuestal con el que opera el Congreso.

“Evidentemente se tiene que hacer para el ejercicio siguiente, no se puede aplicar ahorita y entiendo que la Cámara funciona con un calendario distinto”, indicó.

Finalmente, el vocero señaló que, más allá de las distintas opiniones sobre la reforma, considera positivo que Tlaxcala haya armonizado su legislación con la política nacional de austeridad.

“Yo no sé si es una o no batalla. Lo que sí es cierto es que va a entrar en vigor y qué bueno que se legisló y qué bueno que armonizamos con la federación y con nuestra presidenta esta Ley de Austeridad”, concluyó.

El cargo Antonio Martínez afirma que diputados locales terminaron alineándose a la austeridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la sesión legislativa, la 65 Legislatura avaló una serie de modificaciones que impactarán directamente en el funcionamiento de diversos órganos públicos del estado.

Uno de los cambios más relevantes establece que el Poder Legislativo no podrá ejercer un presupuesto superior al 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado, medida que busca contener el gasto y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

Asimismo, la reforma elimina diversos beneficios considerados como privilegios para integrantes de organismos autónomos. A partir de estas modificaciones, las y los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), así como las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), ya no podrán acceder a seguros médicos privados, pensiones especiales ni otras prestaciones que no estén previstas en la legislación aplicable.

La reforma también incorpora el fortalecimiento de los principios de paridad de género e igualdad sustantiva, con el propósito de garantizar una integración equilibrada entre mujeres y hombres tanto en el Congreso del Estado como en los ayuntamientos.

Con estas adecuaciones, Tlaxcala armoniza su marco constitucional con las reformas federales en materia de austeridad y organización del poder público, dando paso a nuevas reglas para el ejercicio de los recursos públicos y la conformación de los órganos de representación política.

El cargo Congreso de Tlaxcala aprueba reforma para reducir privilegios y reforzar la austeridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En un mensaje que reivindica la independencia del periodismo frente al poder político, la periodista Miriam Bueno Moreno afirmó que la labor de informar debe mantenerse alejada de intereses partidistas y de la complacencia con los gobiernos, al recibir la presea Miguel N. Lira, el máximo reconocimiento que otorga el Congreso del Estado a la trayectoria periodística.

La presea fue entregada por diputadas y diputados locales durante una sesión extraordinaria del Congreso de Tlaxcala, donde la comunicadora agradeció la distinción y dedicó el reconocimiento a todo el gremio periodístico y a su familia.

“Ser periodista no es una tarea fácil, es una decisión de vida. Es una profesión de alto riesgo, casi temeraria, pero esencial en la vida democrática de un Estado y de un país”, expresó.

Durante su mensaje, Bueno Moreno sostuvo que la función del periodismo es servir a la ciudadanía mediante la vigilancia permanente del ejercicio del poder.

“Los periodistas no somos adversarios, ni conservadores, ni enemigos de nadie; solo de la injusticia. No aplaudimos, no elogiamos, no tenemos partido político ni color. Lo que hacemos es revisar, preguntar y cuestionar al poder constantemente”, señaló.

La periodista describió a los medios de comunicación como el vínculo entre la sociedad y los gobernantes, además de dar voz a quienes no la tienen y visibilizar problemas que permanecen sin resolver.

Aunque lamentó que el protocolo legislativo no permitiera emitir un mensaje durante la ceremonia de entrega, dijo respetar las reglas del Congreso y, posteriormente, ante representantes de los medios de comunicación, afirmó que el reconocimiento pertenece a todo el gremio.

“Esto me lo llevo yo, pero nos pertenece a todos los periodistas”, manifestó.

En entrevista posterior a la ceremonia, Miriam Bueno Moreno fue cuestionada sobre los desafíos que enfrentará el periodismo de cara al proceso electoral de 2027, en un contexto donde algunos comunicadores han sido objeto de procedimientos y sanciones por parte de autoridades electorales.

La periodista respondió que el mayor desafío será preservar la libertad de expresión y mantener la independencia frente al poder.

“Tenemos que defender la libertad de expresión. Nosotros somos los verdaderos aliados de la ciudadanía. Revisamos constantemente al poder y así tiene que ser. Un periodista no aplaude, no elogia; revisa, cuestiona y pregunta”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la cercanía de algunos periodistas con el poder político y la delgada línea entre informar y respaldar a los gobiernos, Bueno Moreno evitó emitir juicios sobre el trabajo de sus colegas, aunque defendió el modelo de periodismo que ha ejercido durante más de tres décadas.

“Quien se respeta de ser periodista sabe las reglas, sabe cómo se conduce. Yo no soy nadie para juzgar el trabajo de mis compañeros. En mi manera de hacer periodismo, desde hace más de 30 años, esa ha sido la línea y me ha funcionado”, comentó.

Finalmente, dirigió un mensaje a las mujeres y jóvenes que buscan abrirse paso en el periodismo, a quienes exhortó a ejercer la profesión con vocación y sin temor.

El cargo “El periodismo no aplaude al poder”: Miriam Bueno Moreno apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.