Pues este absurdo ejemplo tiene la misma lógica que está utilizando la diputada neo morenista, Lorena Ruiz García, para proteger sus intereses, que no el de las víctimas como afirma.

La oriunda de Apizaco pretende impulsar, a su favor una ley que le brinde protección a ella -y toda su parentela- de cualquier molestia que pudiera generarle el escrutinio público.

Lo que Ruiz García propone es una ley mordaza para decirlo rápido, otros más la vemos como un pasaporte de impunidad que le permita gozar de lo acumulado sin la mínima sanción, incluida la social.

Esto sucedió ayer en la Primera Sesión del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año Legislativo, cuando la ex diputada del Panal Tlaxcala, presentó la iniciativa con la que pretende sancionar a medios de comunicación y servidores públicos que difundan información sobre asuntos penales. Sólo le faltó agregar: “que atenten contra mi familia, mis intereses, mi imagen, o la de mi pareja”.

Si Lorena Ruiz García pretendiera proteger a las víctimas de ser expuestas en fotografías en redes sociales y medios de comunicación, como se dijo en la exposición de motivos, su labor legislativa pudiera haberse enfocado con otra narrativa y se habría ayudado del trabajo de colectivos y activistas, pero no fue así.

El absurdo de Ruiz García pudo ser mayor, pues la iniciativa también pudo contemplar la inhibición del trabajo de activistas y colectivos sociales. Para nuestra fortuna su secretario técnico no amaneció más inspirado.

Su absurdo plantea tipificar como delito la ‘indebida difusión, revelación o publicación de información reservada, indicios, hallazgos u objetos relacionados con un procedimiento penal por parte de un servidor público’.

Lo peor de todo es que su “noble labor” pretende ser escudada en una ley denominada “ley Ingrid”. Desafortunadamente para ella confundió la gimnasia con la magnesia.

La “Ley Ingrid” es un instrumento que busca proteger a las víctimas evitando que la filtración de sus imágenes busquen el lucro pues durante muchos años este tipo de filtraciones -de parte de los propios servidores públicos- sirvieron a medios “alarmistas” para generar ventas a expensas de los afectados. Esa es la naturaleza de la ley Ingrid que en nada se compara o empata con la petición de Ruiz García.

De acuerdo a la iniciativa de la ex integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala (PANALT), la Adición del artículo 187 BIS al Código Penal, establecería una multa que va de las 500 a las mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y de dos a ocho años de prisión, para quien llegue a balconear los turbios asuntos de la apizaquense.

Pero si el medio, funcionario o comunicador, llega a dar a conocer información que detalle los excesos del delincuente institucional, también corre el peligro de pasar de dos a ocho años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal, o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delitos’.

Más clara no puede ser la petición de Lorena Ruiz: Nadie puede señalarme a mí, ni a mi familia de delinquir y aquel que se atreva a hablar de la cuestionable actuación de mi sangre merece ir a la cárcel. Así, fuera de toda lógica es la petición de la ex regidora.

Por la noche de ayer a través de un “en vivo” fue la propia activista, Yeni Charrez, la que explicara las contradicciones de la citada “Ley Ingrid” respecto de la carta escrita a los reyes magos por parte de la diputada que soñó con ser presidenta de Apizaco. ¿Y su nieve?

La Ley Ingrid es un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar y, en su caso, sancionar la exposición mediática de todo tipo de material audio visual en el que se muestre a víctimas. Lo de Lorena Ruiz es la petición del pasaporte de impunidad y sólo le faltó agregar que el operativo enjambre no pase por Tlaxcala, ni por su casa.

El cargo Pasaporte de impunidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.