En la sede del Poder Legislativo, la Oficial Mayor de Gobierno, Eréndira Berenice Garay Salas, entregó el documento al presidente de la Mesa Directiva, diputado Emilio De la Peña Aponte. Posteriormente, ambos llevaron a cabo la fijación del Bando Solemne.

A este acto asistieron las diputadas María Ana Bertha Mastranzo Corona, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Lorena Ruiz García, Maribel León Cruz, Madai Pérez Carrillo, Maribel Cervantes Hernández y Engracia Morales Delgado, así como los diputados Silvano Garay Loredo y Vicente Morales Pérez; además de titulares y personal de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado.

Con este acto protocolario, el Poder Legislativo participa en el inicio de las celebraciones del mes patrio, periodo en el que se conmemoran acontecimientos fundamentales para la historia de México, como la defensa del Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre; el Grito de Dolores y el inicio de la lucha de Independencia, el 15 de septiembre; así como la consumación de la Independencia, ocurrida el 27 de septiembre de 1821.

El cargo Fija Congreso del Estado Bando Solemne con motivo del inicio del mes patrio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una medida que permite a miles de jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE acceder a un complemento económico solidario. Este mecanismo busca que la pensión total se acerque al último salario cotizado, con un tope que en 2025 alcanzó los 17,364 pesos mensuales.

La resolución unánime del máximo tribunal, emitida el 12 de agosto de 2026, da certeza jurídica a la reforma impulsada en 2024 y garantiza mejores condiciones de retiro para la generación de cuentas individuales, siempre que se cumplan requisitos específicos de edad, régimen y monto de pensión.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Pleno de la SCJN declaró infundada la acción de inconstitucionalidad 116/2024, promovida por diputados de oposición. Por unanimidad reconoció la validez del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024 y del Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar del 1 de mayo de 2024.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que la transferencia de recursos de cuentas inactivas de Afores no constituye confiscación ni privación de propiedad. Los ahorros siguen perteneciendo a los trabajadores o sus beneficiarios y el derecho a reclamarlos es imprescriptible. Así lo detallan la sentencia y los comunicados oficiales de la propia SCJN.

¿En qué casos los jubilados y pensionados pueden cobrar hasta 17,364 pesos mensuales?

No todos reciben exactamente esa cantidad. Los 17,364 pesos correspondieron al tope máximo vigente en 2025, equivalente al salario mensual promedio registrado por el IMSS ese año. En 2026, el límite se actualizó a aproximadamente 17,885.85 pesos, conforme a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El complemento se otorga cuando se reúnen estas condiciones, según la página oficial del IMSS y el Decreto del Fondo:

• Haber iniciado cotizaciones al IMSS a partir del 1 de julio de 1997 (Ley 97) o pertenecer al régimen de cuentas individuales del ISSSTE.
• Solicitar pensión por vejez a los 65 años o más.
• Contar con resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024.
• Cumplir las semanas cotizadas exigidas (875 en 2026 para IMSS).
• Que la pensión calculada por la Afore sea inferior al salario de referencia del trabajador.
• Que el salario de referencia (promedio del último año cotizado × 30.4) sea igual o superior al tope anual.

Si el último salario del trabajador es igual o mayor al tope, el Fondo completa hasta 17,364 pesos (o el monto actualizado). Si el salario es menor, solo se complementa hasta el salario real. Ahora bien, quienes se pensionan bajo la Ley 73 del IMSS no aplican.

¿Cómo funciona el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo es un fideicomiso público en el que la SHCP actúa como fideicomitente y el Banco de México como fiduciario. Recibe recursos de cuentas inactivas de Afores(trabajadores de 70 años o más en IMSS y 75 en ISSSTE sin relación laboral activa), además de otras fuentes.

Con esos recursos otorga un complemento solidario para elevar la tasa de reemplazo de las pensiones de la generación Afore. El cálculo es automático al tramitar la pensión por vejez.

De esta manera, el IMSS reportó que entre julio de 2024 y mayo de 2026 ya benefició a más de 7,200 personas, elevando el promedio de pensión de 52.5 % a 96.1 % del último salario en los casos atendidos.

¿Los ahorros de las Afores están seguros y se pueden reclamar?

La SCJN subrayó que la titularidad de los recursos no se extingue. El derecho a solicitar la devolución es permanente e imprescriptible. El Fondo mantiene una reserva específica para garantizar esas devoluciones.

Hasta marzo de 2026 ya había regresado más de 5,000 millones de pesos reclamados, de acuerdo con informes del propio fideicomiso y coberturas basadas en datos oficiales.

Con información de El Cronista

El cargo La Suprema Corte falló a favor de los jubilados y los pensionados apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, informó que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala una denuncia por el presunto uso de Casa de Gobierno, recursos públicos y servidores públicos para favorecer a uno de los aspirantes de Morena, en referencia a Alfonso Sánchez García. La denuncia busca que se investigue quién autorizó, ejecutó y financió las actividades que, según el partido, habrían ocurrido en ese inmueble oficial.

Cambrón explicó que inicialmente se contemplaba acudir a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales a nivel federal; sin embargo, debido a que los hechos estarían circunscritos al ámbito local, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía estatal el pasado viernes. Señaló que se plantean posibles violaciones a la legislación electoral y al Código Penal de Tlaxcala por el supuesto uso ilícito de bienes, servicios, infraestructura y recursos públicos con fines políticos.

Entre las diligencias solicitadas, el PRD pidió obtener las grabaciones del sistema de videovigilancia de Casa de Gobierno, con el propósito de identificar quiénes ingresaron al inmueble, qué actividades realizaron, quiénes participaron en la preparación de propaganda y cuál habría sido el destino de los paquetes que aparecen en las imágenes difundidas públicamente.

El dirigente perredista también cuestionó quién ordenó imprimir la propaganda, quién la pagó y con qué recursos, al considerar que debería existir una ruta financiera que permita determinar la procedencia del dinero. Afirmó que la investigación debe establecer una posible cadena de responsabilidades: quién ejecutó materialmente la operación, quién la permitió y quién la autorizó.

Cambrón sostuvo además que existe una contradicción dentro del gobierno estatal respecto a las imágenes de Casa de Gobierno. Recordó que el vocero Antonio Martínez Velázquez habría reconocido previamente que correspondían a ese inmueble y que incluso se anunció la separación de tres personas, mientras que posteriormente el secretario de Gobierno habría cuestionado que las imágenes correspondieran a Casa de Gobierno. “Alguien está mintiendo”, planteó el dirigente del PRD, al exigir que se esclarezca qué ocurrió.

Finalmente, Cambrón emplazó a la dirigente estatal de Morena, Jaina Daniela Flores Meneses, y a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera, para que fijen una posición sobre el presunto uso de instalaciones y recursos públicos en favor de aspirantes. El perredista reconoció que no confía en la Fiscalía estatal, pero afirmó que acudieron a ella porque es la instancia que establece la ley. El caso Casa de Gobierno entra así en una nueva etapa: ya no sólo es una disputa política, sino una denuncia formal que ahora deberá ser investigada por las autoridades.

El cargo PRD lleva el caso Casa de Gobierno a la Fiscalía apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante un posicionamiento,  sostuvo que el mensaje presidencial busca que el pueblo de México conozca con claridad la visión y el rumbo del gobierno federal, bajo una premisa central: “la dirección correcta siempre será el beneficio del pueblo”.

El pronunciamiento tuvo una lectura directa para Tlaxcala. Gobernadores, diputados, presidentes municipales, presidentes de comunidad, magistrados, jueces, secretarios, directores y demás funcionarios fueron llamados a no intervenir en procesos que corresponden exclusivamente a la ciudadanía.

La acusación más delicada fue que trabajadores de distintos niveles de gobierno estarían siendo presionados o condicionados para participar en actividades políticas. El señalamiento coloca nuevamente bajo la lupa el uso de estructuras gubernamentales con fines político-electorales.

“Dejen de estarse metiendo en el proceso que solamente le corresponde decidir al pueblo”, fue uno de los reclamos centrales del mensaje de Ray Vázquez Conchas, acompañado de una exigencia para que cesen posibles actos de presión hacia trabajadores del gobierno.

El posicionamiento también advierte que Tlaxcala atraviesa una coyuntura política compleja, en un momento en que México enfrenta además presiones internacionales derivadas de la relación con Estados Unidos y las políticas del presidente Donald Trump.

Finalmente, el aspirante expreso confianza en que la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional de Morena conocen lo que ocurre políticamente en Tlaxcala. La pregunta que queda sobre la mesa es si este llamado se traducirá en acciones concretas contra quienes eventualmente utilicen estructuras públicas para influir en las decisiones electorales.

El cargo Sheinbaum advierte a Tlaxcala y piden a funcionarios sacar las manos del proceso electoral apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La polémica por la presunta operación política desde Casa de Gobierno dio un giro este viernes, luego de que el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, asegurara que el hecho difundido en redes sociales “no ocurrió” dentro de las instalaciones oficiales.

La declaración ocurre después de que circularan imágenes y señalamientos sobre una supuesta concentración y organización de material político en un inmueble gubernamental, situación que generó cuestionamientos sobre una posible intervención de funcionarios públicos en actividades partidistas.

El Gobierno dice haberlo verificado

Ante la pregunta de si existe una investigación sobre el caso, el funcionario explicó que el gobierno estatal realizó una revisión interna y que, a partir de esa verificación, sostiene que los hechos denunciados no sucedieron en Casa de Gobierno.

“Ya los mecanismos de gobierno, análisis, las instancias han verificado que esa situación no ocurrió”, afirmó.

El secretario sostuvo además que el Gobierno del Estado no participa en actividades políticas, partidarias o electorales y que su responsabilidad será garantizar condiciones de participación democrática cuando formalmente inicie el proceso electoral.

La postura oficial, por tanto, es categórica: el Gobierno de Tlaxcala niega que Casa de Gobierno haya sido utilizada para una operación partidista.

¿Y la investigación?

Aquí aparece uno de los puntos que puede alimentar el debate público.

El funcionario no habló de una investigación formal sobre los hechos denunciados, sino de una verificación interna realizada por las propias estructuras gubernamentales.

“Nosotros de manera interna ya verificamos las circunstancias”, explicó.

También señaló que, si alguna autoridad competente considera necesario realizar otras diligencias, corresponderá a esas instancias actuar conforme a sus atribuciones.

La diferencia entre “investigar” y “verificar internamente” seguramente será uno de los puntos que permanecerán bajo escrutinio público.

Partidos políticos, reuniones y el proceso de 2027

Ramírez Hernández también reveló que el Gobierno estatal mantiene reuniones con representantes de los partidos políticos, aunque reconoció que todavía existen institutos políticos pendientes de reunirse con la administración estatal.

Dijo que algunos partidos ya plantearon las condiciones bajo las cuales desean participar y que el gobierno busca concretar nuevos encuentros en los próximos días.

El funcionario insistió en que la administración estatal pretende mantener interlocución con todos los partidos y que no distingue colores políticos.

La pregunta que queda abierta

El Gobierno estatal ya fijó su posición: niega que el episodio denunciado haya ocurrido en Casa de Gobierno y descarta participación gubernamental en actividades partidistas.

Pero el caso deja una pregunta inevitable:

¿Qué ocurrió realmente con el material, las personas y la actividad que fueron señalados públicamente?

La respuesta oficial despeja la responsabilidad de Casa de Gobierno, pero también coloca el foco en la necesidad de esclarecer el origen de las imágenes y de los señalamientos que detonaron la controversia.

Con el proceso electoral de 2027 cada vez más presente en la agenda política de Tlaxcala, cualquier señal de utilización de instalaciones, recursos o estructuras públicas con fines partidistas puede convertirse en un asunto de alto impacto político.

Por ahora, la versión oficial es clara: el Gobierno estatal dice que en Casa de Gobierno no ocurrió la operación política denunciada. La discusión, sin embargo, apenas comienza. Esta declaración reta a los tlaxcaltecas a presentar mayores pruebas de la operación política que se traza y se ejecuta desde casa de gobierno y dependencias estatales.

El cargo Gobierno niega operación política y asegura que el hecho no ocurrió apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La disputa por la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación en Tlaxcala no puede convertirse en una competencia desigual donde, desde las estructuras del Gobierno del Estado, se pretenda inclinar la balanza en favor de un solo perfil. Los señalamientos y la evidencia sobre el uso de trabajadores y estructuras públicas para posicionar a Alfonso Sánchez García han encendido una alerta que ya no corresponde únicamente a sus adversarios políticos: corresponde a todos los aspirantes de Morena, PT y Partido Verde.

Hombres y mujeres que buscan encabezar la Cuarta Transformación en Tlaxcala tienen frente a sí una oportunidad histórica: unirse y exigir, juntos, un alto a cualquier intervención gubernamental en el proceso interno. No se trata de cerrar la puerta a Alfonso Sánchez García ni de cuestionar su derecho a participar; se trata de exigir que todos compitan bajo las mismas reglas, sin trabajadores presionados, sin estructuras públicas movilizadas y sin recursos o dependencias gubernamentales convertidas en operadores políticos.

Si los aspirantes permanecen separados, cada uno denunciando por su cuenta, el poder institucional tendrá mayores posibilidades de imponerse. Pero si Morena, PT y Partido Verde construyen un frente común —con mujeres y hombres, con todos los perfiles y todas las corrientes— pueden enviar un mensaje contundente: la candidatura de 2027 no puede definirse desde las oficinas del Gobierno del Estado, sino desde la voluntad de la ciudadanía y los mecanismos democráticos de los partidos.

Lo verdaderamente preocupante no es solamente quién resulte favorecido en una contienda interna. Lo preocupante es que se normalice la utilización de una estructura gubernamental para construir una candidatura. Porque si hoy se permite intervenir en una elección partidista, mañana puede ponerse en riesgo la competencia electoral de 2027.

Por eso, el llamado debe ser directo a todos los aspirantes: es momento de dejar a un lado las diferencias personales y formar un frente democrático. Que hombres y mujeres de Morena, PT y Verde exijan piso parejo, reglas claras y una separación absoluta entre gobierno y partido.

La democracia tlaxcalteca necesita que quienes aspiran a gobernarla sean los primeros en defenderla. Y defenderla hoy significa decirle al poder político que ningún gobierno debe utilizar su estructura para decidir quién será el candidato, quién tendrá ventaja o quién llegará fortalecido a la elección de 2027.

La pregunta ya no es solamente quién ganará la contienda interna. La pregunta de fondo es mucho más importante: ¿permitirán los aspirantes que una estructura gubernamental marque el rumbo de la próxima elección, o serán capaces de unirse para defender la democracia?

El momento de construir ese frente es ahora, es momento de que quienes aspiran a gobernar levanten la voz para defender la democracia del pueblo.

El cargo Un frente por la democracia para frenar la injerencia del estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Habitantes de Puebla y Tlaxcala manifestaron en Palacio Nacional su rechazo a proyectos vinculados con los llamados Polos del Bienestar, al denunciar que las comunidades inconformes enfrentan despliegues de seguridad pública, presión y presuntas amenazas por parte de autoridades estatales.

Pobladores de San José Chiapa, Puebla, y San Pedro Ecatepec, Tlaxcala, se manifestaron frente a la sede del Ejecutivo federal para exigir que los proyectos sean sometidos a consulta y que las autoridades transparenten los estudios ambientales y sociales que sustentan las obras.

Los inconformes también denunciaron la presunta apertura de carpetas de investigación y amenazas de muerte contra personas que participan en el movimiento. Frente a Palacio Nacional, el mensaje fue directo: los proyectos de los Polos del Bienestar, sostuvieron, no pueden avanzar sin información, consulta y garantías para las comunidades que serán afectadas.

En el caso de la comunidad de San Pedro Ecatepec del municipio de Atlangatepec, los inconformes denunciaron actos de represión por parte del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, al tiempo de qué afirmaron desconfiar en la administración de la morenista quien primero ha respondido con violencia a las inconformidades y luego ha atendido la mano al diálogo en un acto de represión.

Mientras que en San José Chiapa, el conflicto se concentra en el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, particularmente por la propuesta para instalar una planta recicladora. Los habitantes señalaron que su oposición no significa cerrar la puerta al diálogo, pero reclamaron que las autoridades escuchen directamente a la comunidad.

Los inconformes cuestionaron que una reunión prevista para analizar el proyecto se realice fuera de la comunidad y bajo condiciones que, desde su perspectiva, generan desventaja para los pobladores. Por ello, demandaron que el encuentro se lleve a cabo en San José Chiapa y con la participación directa de los habitantes.

El cargo Pobladores rechazan en Palacio Nacional los Polos del Bienestar apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En su mensaje, el diputado Emilio De la Peña Aponte destacó la importancia del trabajo desempeñado por el Sistema Anticorrupción, pues aseguró “el combate a la corrupción es más que cifras, expedientes o procedimientos, es recuperar y cuidar la confianza que la ciudadanía deposita en sus autoridades e instituciones” y aseveró que este ejercicio permitirá “seguir avanzando, corregir cuando sea necesario y reconocer lo que se ha hecho bien”.

Por su parte, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Cruz Jiménez, destacó que la entrega de este informe ante el Congreso del Estado cobra especial significado al representar una evaluación de las labores desempeñadas que servirá para fortalecer lo que ha funcionado y corregir aquello que requiere una nueva dirección, con el objetivo de seguir creando mejores condiciones para la transparencia, rendición de cuentas y ejercicio del poder.

Asimismo, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Gustavo Tlatzimatzi Flores, coincidió en que la labor del Sistema Anticorrupción es clave para combatir el delito más grave que puede cometer un servidor público al asegurar que “combatir la corrupción es proteger los recursos públicos, fortalecer el estado de derecho y recuperar la confianza ciudadana”, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en las instituciones y denunciar cualquier acto de corrupción ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En el acto protocolario también estuvieron también presentes el diputado Vicente Morales Pérez, representantes del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, del Tribunal de Justicia Administrativa, enlaces del Comité de Participación Ciudadana, y personal del Comité Coordinador.

El cargo Recibe Congreso del Estado informe anual del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala correspondiente al periodo 2025-2026 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Varios de ellos se apresuraron a desmentir o al menos intentar matizar los datos. Se habló de “equivocaciones”, de cifras que no reflejaban la realidad o de una lectura incompleta. Otros legisladores locales se sumaron al coro de la indignación: “No somos los más caros”, “la presidenta se equivoca”, “aquí hay austeridad”.

Hoy, julio de 2026, la misma LXV Legislatura acaba de aprobar la reforma constitucional que fija el techo del presupuesto del Poder Legislativo en 0.70 por ciento de los ingresos estatales. El actual 1.6 por ciento se reduce a menos de la mitad.

Con el Presupuesto de Egresos 2026, el Congreso dispone de 503 millones 506 mil 250 pesos. Si el nuevo límite se aplicara de inmediato, operaría con alrededor de 210.6 millones: una contracción cercana al 58 por ciento.

Los recursos “ahorrados” deberían ir a infraestructura. Suena bien. Suena a coherencia con el discurso federal de austeridad republicana, pero hay un detalle que lo echa todo por tierra: el recorte no entra en vigor ahora. Los diputados, con el respaldo del transitorio quinto de la reforma federal, decidieron que el ajuste se aplique hasta el 29 de agosto de 2027, cuando arranque la LXVI Legislatura.

Es decir, ellos no lo padecerán. Conservan la posibilidad de mantener e incluso incrementar su presupuesto durante los primeros ocho meses de 2027. El hachazo se lo dejan a quienes lleguen después.

No es un tecnicismo inocente. Es una confesión. Si el 0.70 por ciento es el límite razonable y constitucionalmente correcto, ¿por qué no aplicarlo de inmediato? Si realmente no eran “de los más caros”, ¿por qué el ajuste implica casi un 60 por ciento de reducción? La respuesta es simple: porque sí lo eran.

Homologaron la Constitución local en paridad de género, tope de 15 regidurías y límites salariales a consejeros y magistrados electorales —medidas que, por cierto, no les duelen, pero cuando llegó el momento de tocar el presupuesto del Congreso, activaron el freno de mano.

Claudia Sheinbaum no se equivocó. Los datos que presentó en su momento sobre el costo de los legisladores locales en Tlaxcala y otros estados eran correctos. La reacción de rechazo de hace meses no era una defensa de la verdad, sino una defensa del status quo.

Ahora, al aceptar el recorte pero posponerlo, los diputados de la LXV Legislatura le dan la razón a la presidenta con hechos, no con discursos. Y de paso demuestran que la austeridad, cuando se trata de uno mismo, siempre es un valor de aplicación diferida y si no se aplica, pues mejor.

La historia juzgará a los que se aprovecharon de las acciones afirmativas, a los que no defendieron o que simplemente ignoraron a los grupos minoritarios que los llevaron a la curul. El basurero de la historia no siempre juzga a los políticos por lo que dicen, a veces los juzga por lo que posponen.

David Morales del Razo explicó en tribuna que el régimen transitorio federal lo permite, técnicamente tiene razón, políticamente es un acto de cinismo. Nadie cree, ni espera que se disculpen con el vocero estatal Antonio Martínez Velázquez, por haberle exigido casi su renuncia y una disculpa después de que él aceptara las declaraciones de Sheinbaum, pero la disculpa si tendría que ser para los tlaxcaltecas, a los que les mintieron y ocultaron esto.

El cargo Sheinbaum no mintió apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante el acto inaugural, el diputado Emilio De la Peña Aponte, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que preside el diputado Héctor Ortiz Ortiz, afirmó que hoy más que nunca la ciudadanía exige gobiernos más abiertos, eficientes y cercanos a la gente, por lo que impulsar herramientas digitales y fortalecer la rendición de cuentas representa un compromiso con la confianza ciudadana y con una mejor forma de servir. Asimismo, destacó la importancia de construir instituciones más transparentes, accesibles y humanas, donde la tecnología contribuya a facilitar trámites, combatir la opacidad y fortalecer la participación ciudadana.

En el evento también estuvo presente la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, así como de especialistas en administración pública, transparencia y ciencias políticas, quienes desarrollaron diversas ponencias enfocadas en los desafíos y oportunidades de la digitalización gubernamental.

Como parte del seminario, el Maestro Saúl Molina Mata presentó la ponencia “La agenda de simplificación y digitalización para las administraciones estatales y municipales”; el Doctor Norberto Sánchez Briones abordó el tema “La transparencia y el acceso a la información gubernamental en Tlaxcala frente a la digitalización de trámites y servicios públicos”; mientras que el Maestro Leopoldo Rodríguez Aranda expuso “Federalismo y áreas de oportunidad de la agenda de simplificación y digitalización para las administraciones estatales y municipales”.

Asimismo, el Doctor José de Jesús Sosa López desarrolló la ponencia “Riesgos y desafíos de la agenda de simplificación y digitalización para las administraciones estatales y municipales”, generando un intercambio de ideas y reflexiones entre los asistentes sobre la importancia de fortalecer la transparencia, la innovación y la modernización de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.

El cargo Realizan en el Congreso del Estado Seminario en materia de transparencia y digitalización en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.