La diputada Gabriela Hernández Islas subrayó la relevancia de fomentar una cultura de prevención entre empleadores, trabajadores y empresas, al considerar que la seguridad y el bienestar de quienes integran las organizaciones debe asumirse como una prioridad permanente. Asimismo, resaltó la importancia de la capacitación constante para fortalecer entornos laborales más seguros y eficientes.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, reconoció la apertura de la diputada Gabriela Hernández Islas para impulsar este tipo de actividades y destacó que estas acciones buscan acompañar a los empleadores en el cumplimiento del marco normativo en materia de seguridad laboral, colocando a las y los trabajadores en el centro de las políticas preventivas, con el objetivo de preservar la paz laboral en la entidad y fortalecer las fuentes de empleo que impulsan la economía de Tlaxcala.

La ponencia fue impartida por la Dra. Jessika Fraga Márquez, quien expuso la importancia de prevenir accidentes y anticiparse a las auditorías de seguridad en los centros de trabajo. Durante su participación, destacó la relevancia de que las micro, pequeñas y medianas empresas cumplan con la normatividad vigente y cuenten con personal capacitado y consciente de los protocolos de seguridad, al señalar que una organización regulada fortalece sus posibilidades de desarrollo y éxito.

El cargo Promueve Gabriela Hernández cultura de prevención laboral en el Congreso del Estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Dictamen, presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que preside el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz e integran los legisladores Emilio De la Peña Aponte y Jaciel González Herrera, refiere que el proceso de selección se realizó conforme a los Decretos 218 y 324, así como a la convocatoria emitida el pasado 27 de enero y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 28 de enero de 2026, cumpliendo con las etapas de registro, recepción y evaluación de expedientes.

Derivado del análisis efectuado por la Comisión Organizadora, integrada por autoridades legislativas, educativas y representantes sindicales del magisterio, se determinó que las siete personas aspirantes inscritas cumplieron con los requisitos establecidos para recibir esta distinción honorífica.

Las personas docentes aprobadas para recibir el reconocimiento son Claudia Reséndiz Vite, María Blanca Nieves Morales Pérez, Mercedes García Elizalde, Rosalinda Carro Cano, Edith Portilla Islas, Irma Vázquez Paredes y Darío Sampedro Vázquez, quienes acreditaron 50 años o más de servicio docente activo, destacando el caso de Edith Portilla Islas por contar con 60 años de trayectoria en favor de la educación tlaxcalteca.

El Acuerdo aprobado establece que la entrega de la Presea “50 Años por la Educación al Servicio del Pueblo”, así como del estímulo económico correspondiente, se realizará en Sesión Pública Solemne, en la fecha y hora que determinen la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.

Tras la aprobación de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se instruyó la elaboración del Acuerdo respectivo y su remisión al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.

El cargo Aprueba Congreso del Estado entrega de la Presea “50 Años por la Educación al Servicio del Pueblo” 2026 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la seguridad pública debe consolidarse como una función integral del Estado, orientada no solo al combate del delito, sino también a la protección de los derechos fundamentales de las personas imputadas, víctimas, ofendidos y testigos. En ese sentido, explicó que la propuesta armoniza la legislación estatal con la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Entre los principales cambios planteados destaca la obligación expresa de que los elementos de la Policía de Investigación e Inteligencia informen a las personas detenidas sobre los derechos que les asisten al momento de una detención, fortaleciendo así el principio de presunción de inocencia y la legalidad de las actuaciones policiales.

La Iniciativa también propone reforzar las labores de investigación mediante la realización inmediata de entrevistas a personas que pudieran aportar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos delictivos, con la finalidad de evitar la pérdida de testimonios, indicios o información sustancial para las indagatorias.

En materia de atención a víctimas, la propuesta incorpora nuevas obligaciones para implementar programas de atención integral que contemplen asistencia jurídica, médica y psicológica especializada; medidas de protección; capacitación permanente del personal; así como la difusión y aplicación de protocolos de actuación, especialmente en casos de violencia de género.

Asimismo, se plantea que la Policía de Investigación e Inteligencia brinde protección y auxilio inmediato a víctimas, ofendidos y testigos, adopte medidas para salvaguardar su integridad física y psicológica, e informe oportunamente sobre los derechos que les reconoce la ley.

La diputada Sandra Aguilar Vega subrayó que la reforma busca consolidar un modelo de seguridad pública más humano, eficiente y cercano a la ciudadanía, privilegiando el respeto irrestricto a los derechos humanos y fortaleciendo la confianza de la población en las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia.

Tras su presentación ante el Pleno, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción social, así como a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Propone Sandra Aguilar fortalecer derechos humanos y atención a víctimas en corporaciones de seguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El dictamen, dado a conocer al Pleno, refiere que el inmueble objeto de la donación corresponde a una fracción de la parcela número 836Z-3P-1/2 del Ejido San Lorenzo Cuapiaxtla, ubicado en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, el cual será destinado a la construcción y ampliación de una Escuela Telesecundaria Federal.

Durante el análisis, se destacó que la actual institución educativa presenta limitaciones en infraestructura y espacios, lo que dificulta el adecuado desarrollo de las actividades académicas, por lo que la donación del predio permitirá su ampliación para contar con instalaciones dignas y funcionales para la comunidad estudiantil.

Con la aprobación de este decreto, el Congreso del Estado refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, al facilitar acciones que contribuyen a garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas.

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En sesión extraordinaria, las y los legisladores que integran la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala avalaron por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia, derivado de la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de abril.

Durante la lectura del Dictamen remitido al Congreso local, se destacó que al facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidio se sientan las bases para una homologación efectiva del tipo penal, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de acceso a la justicia en todo el país, reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente, en beneficio del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

La reforma al artículo 73 de la Carta Magna dota al Congreso de facultades para establecer un tipo penal homogéneo, definir sanciones y agravantes, así como fortalecer la coordinación entre autoridades. Asimismo, garantiza el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño, contemplando además la atención a víctimas indirectas, como niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Tras la aprobación del Dictamen, se instruyó la elaboración del Decreto y su remisión a la titular del Ejecutivo local para su sanción y publicación correspondiente, así como su envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

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El dictamen, presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrada por los diputados Héctor Israel Ortiz Ortiz, Emilio De la Peña Aponte y Jaciel González Herrera, deriva del proceso establecido en los decretos que regulan este galardón, así como de la convocatoria pública emitida el pasado 26 de enero de 2026, mediante la cual se invitó a instituciones y sociedad en general a postular candidaturas.

De acuerdo con el procedimiento, se registraron seis aspirantes, cuyos expedientes fueron analizados por la Comisión en su carácter de Jurado Calificador, valorando aspectos como trayectoria, aportaciones, producción literaria, investigación histórica y su impacto social. Tras la revisión, se determinó que la Dra. Marisol Nava Hernández reúne los méritos suficientes para recibir esta distinción, destacando su labor como docente, investigadora y poeta, así como su contribución a la formación académica y al enriquecimiento del acervo cultural de Tlaxcala.

La Presea “José Arámburu Garreta” tiene como propósito reconocer a quienes, mediante su actividad literaria, de investigación histórica y aportaciones culturales, contribuyen al fortalecimiento del desarrollo intelectual y social del estado. Con la aprobación de este acuerdo, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de impulsar y reconocer el talento, la creación y la investigación. La entrega de la presea se realizará en sesión pública solemne en la fecha que determinen los órganos de gobierno del Poder Legislativo.

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El legislador y Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, dijo que más allá de que el fallo judicial halla sido en contra del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización, “no está de más fiscalizar en qué se gastan los recursos del pueblo”.

Cuestionado al concluir la sesión ordinaria de este martes en el Poder Legislativo, el diputado afirmó que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de revisar el destino del dinero público, pero admitió que se extralimitaron en las atribuciones constitucionales pues únicamente la Ley les permite fiscalizar los recursos estatales y municipales.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en un tema de competencias, por lo que el Poder Legislativo y el OFS no puede auditar recursos federales sin un convenio legal con la Auditoría Superior de la Federación.

En este sentido, el diputado criticó la postura de los Ayuntamientos ante la fiscalización de recursos públicos y dijo que el proceso no debe verse como una confrontación con el poder Legislativo “¿A qué le tienen miedo? El dinero es de los tlaxcaltecas y se debe informar en qué se gastó”.

Finalmente, Bladimir Zainos dijo que el Congreso y el OFS cumplen con la Ley al fiscalizar a los entes públicos que reciben dinero del pueblo, “las fiscalizaciones siempre se hacen conforme a la ley y respetando los límites establecidos entre los distintos niveles de gobierno”.

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En el marco de la develación de letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del Estado, en reconocimiento a María de los Ángeles Grant Munive, su hija, Silvana Hernández Grant, expresó el orgullo y agradecimiento de su familia.

Señaló que, debido a sus 97 años, la homenajeada no pudo asistir al evento, pero destacó la emoción que representa este reconocimiento no solo para su familia, sino para todas las mujeres de Tlaxcala.

Subrayó que su madre fue una mujer valiente que, en una época complicada, abrió camino en la política, logrando importantes gestiones en beneficio de la población y sentando las bases para que más mujeres participen en la vida pública.

Finalmente, consideró que, aunque ha habido avances en materia de paridad de género, aún queda camino por recorrer, retomando el ejemplo de esfuerzo y compromiso que dejó su madre.

El cargo Reconocen legado de María de los Ángeles Grant Munive en el Congreso de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El acto se realizó en cumplimiento al Decreto 264, de fecha 24 de marzo de 2026, mediante el cual el Poder Legislativo determinó rendir homenaje a quien se distinguió como la primera mujer diputada en la historia del Congreso del Estado de Tlaxcala, marcando un precedente en la participación política femenina en la entidad.

Durante la ceremonia solemne, se presentó un mensaje grabado de la homenajeada, en el que María de los Ángeles Grant Munive agradeció la distinción otorgada por la LXV Legislatura y recordó con orgullo haber sido la primera regidora, así como la primera diputada local y federal originaria de Tlaxcala, destacando que este reconocimiento representa un honor que comparte con todas las mujeres que han abierto camino en la vida pública.

La develación de las letras doradas fue realizada por las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Soraya Noemi Bocardo Phillips, quienes presentaron la iniciativa para honrar la trayectoria de la profesora Grant Munive por su contribución al fortalecimiento de la vida democrática y al impulso de la participación de las mujeres en la política tlaxcalteca, así como su hija, Silvia Hernández Grant quien acudió al recinto legislativo acompañada de familiares y amistades para presenciar este significativo acto conmemorativo.

Con la inscripción de su nombre en el Muro de Honor del recinto legislativo, el Congreso del Estado de Tlaxcala rinde un homenaje permanente a su legado, reconociendo su papel como pionera en la apertura de espacios para las mujeres en la vida política y pública de la entidad.

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La minuta, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, establece parámetros constitucionales para la percepción de recursos públicos en materia de jubilaciones y pensiones, particularmente en el sector paraestatal, en congruencia con los principios de austeridad, racionalidad y responsabilidad hacendaria.

De acuerdo con el dictamen avalado por la comisión dictaminadora, la reforma plantea que dichas jubilaciones o pensiones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, con el objetivo de evitar percepciones desproporcionadas.

Asimismo, la propuesta normativa precisa que esta medida no elimina el derecho de las personas a recibir una pensión, sino que establece parámetros constitucionales para que las prestaciones financiadas con recursos públicos se otorguen bajo criterios de proporcionalidad, austeridad y responsabilidad hacendaria, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez previstos en la Constitución.

Tras la aprobación del dictamen, se instruyó su remisión a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso para continuar con su trámite legislativo correspondiente.

El cargo Comisión de Puntos Constitucionales, avala minuta en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas  apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.