El dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, recordó que fue precisamente el PRD quien presentó las denuncias y solicitó medidas cautelares para frenar estos actos. Sin embargo, en abril pasado el Consejo General del ITE rechazó dichas medidas, luego de que el presidente del organismo, Emmanuel Ávila González, utilizara su voto de calidad para desechar el proyecto elaborado por la Comisión de Quejas y Denuncias. Esa decisión fue impugnada por el PRD ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que por unanimidad revocó la determinación al considerar que carecía de legalidad, exhaustividad y una adecuada fundamentación, ordenando una nueva revisión del caso.

“Se los dijimos. Lo que hoy reconoce el ITE es exactamente lo que denunciamos desde un principio. La diferencia es que tuvieron que ser corregidos por el Tribunal Electoral para actuar. Lo preocupante es que durante meses la autoridad electoral permitió que esta propaganda permaneciera desplegada en decenas de municipios, generando un beneficio político evidente para quien pretendía posicionarse anticipadamente”, sostuvo Cambrón.

El líder perredista señaló que quienes originalmente votaron en contra de las medidas cautelares, incluido el propio consejero presidente, ya no tuvieron alternativa frente a la resolución del Tribunal, la evidencia acumulada en los expedientes y la presión social generada por estos hechos. “Pasaron de negar la existencia del problema a ordenar el retiro de la propaganda. Esa contradicción explica por qué la confianza ciudadana en el árbitro electoral está por los suelos”, afirmó.

De acuerdo con la nueva resolución aprobada por el Consejo General, el ITE acreditó la existencia de decenas de bardas, lonas y espectaculares distribuidos en más de treinta municipios del estado, concluyendo que la identidad gráfica, la difusión sistemática y su alcance territorial generan una afectación a los principios de equidad, legalidad y certeza electoral. Por ello ordenó a Alfonso Sánchez García retirar, borrar o cubrir dicha propaganda en un plazo máximo de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar procedimientos sancionadores en caso de incumplimiento.

Cambrón Soria sostuvo que la resolución llega tarde y exhibe un problema de fondo en la actuación de la autoridad electoral. “Imagínense si con esta lentitud el ITE atiende un acto ilícito durante una campaña constitucional. Una elección de Estado podría consumarse mientras la autoridad sigue deliberando, y solo después de que los tribunales le corrijan la plana tendría que actuar. Eso es exactamente lo que nos preocupa”, expresó.

Finalmente, el dirigente estatal reiteró que el PRD continuará utilizando todas las vías legales para defender la equidad electoral y evitar que los recursos públicos, la promoción anticipada y el aparato gubernamental sean utilizados para beneficiar a aspirantes del régimen.

“Esta resolución nos da la razón. Pero también demuestra que en Tlaxcala sigue siendo necesario vigilar a quienes gobiernan y a quienes deberían actuar como árbitros imparciales. Nosotros vamos a seguir defendiendo la legalidad, porque somos la única oposición real que no tiene acuerdos con el poder”, concluyó.

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Fiel a su estilo, Homero Meneses Hernández secretario de Educación Pública del Estado minimizó los narcobloqueos en Tlaxcala y dijo que el Gobierno tiene la razón porque tienen los datos precisos en seguridad y no pasa nada, es más, se aventó la puntada de decir que la difusión en redes sociales de la violencia en el país fue más una estrategia de la derecha que una situación real.

El domingo después de la confirmación de la muerte de “El Mencho”, en la carretera Ixtacuixtla-Texmelucan y en las carreteras Huamantla-Cuapiaxtla-Tequexquitla se reportaron narcobloqueos y la quema de una camioneta.

“Entiendo perfectamente bien a los padres y madres de familia que preocupados y ocupados pedían la suspensión, pero muchos de ellos fueron víctima de la infodemia fueron víctimas de esta vorágine, de esta parafernalia que se difundió en redes sociales más como una estrategia de la derecha que como una situación real y algunos padres y madres de familia e incluso algunos maestros cayeron en la trampa pero afortunadamente lo sucedido nos dio la razón y la gente se tranquilizo y vieron que tenemos la razón”, refirió.

El funcionario pidió a los padres de familia y docentes qué confíen en la autoridad, aunque admitió que no es un tema sencillo ya que, dijo, durante décadas la autoridad mintió.

“La autoridad veía la forma de perjudicar y no de apoyar, ahora que tomamos las instituciones lo que intentamos hacer es tener la mayor previsión técnica posible, pero además con la mayor responsabilidad política que implica”, concluyó.

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Un 53.6% de los mexicanos afirmaron tener una gran confianza en su Gobierno en la encuesta realizada en octubre y noviembre pasado para el informe que la OCDE publica este miércoles sobre la percepción de las instituciones, cuando la media de los 30 países participantes era del 39.3%.

Sólo hay dos países en los que el porcentaje era mayor, Suiza con 61.9% y Luxemburgo con 55.6%.

Se acercaban a México, pero por debajo, Canadá (48.5%) Bélgica (47.2%), Noruega (47.6%), Finlandia (47%) e Irlanda (46.6%).

Países que menos confían en su gobierno

La opinión de los mexicanos sobre su Ejecutivo contrasta con la de los otros tres países latinoamericanos de la OCDE, en los que el nivel de confianza es de los más bajos.

Únicamente un 30.4% de los chilenos, un 32.1% de los colombianos y un 34.8% de los costarricenses afirmaron tener confianza en sus gobiernos.

Los niveles de confianza eran todavía más bajos en Eslovenia (27,9 %), Reino Unido (26,7 %) y, sobre todo en República Checa (18.6%).

Mejora percepción de los mexicanos en justicia, integridad y fiabilidad

En el documento “Encuesta de impulsores de la confianza en las instituciones públicas”, resultados 2024, la OCDE explicó que la población mexicana confía más en el gobierno federal que en los locales.

Para el caso de México mejoró la percepción de las personas en torno a la fiabilidad, sensibilidad, apertura, integridad y justicia del gobierno.

El área en la que más aumentó la confianza hacia el gobierno mexicano fue la integridad que mejoró 9 puntos, seguido de la justicia con 8 puntos y en fiabilidad 4 puntos.

Los mexicanos dijeron que confían en que el gobierno hará un buen uso de sus datos personales, en el caso de que durante un trámite tengan que dar su nombre, teléfono y dirección. Lo mismo ocurrió con la pregunta sobre qué tan justo piensan que será el trato si ingresan una solicitud de apoyo para el gobierno.

En el 2021 cerca del 70% de los mexicanos encuestados dijo que es improbable que un funcionario de gobierno rechace una “mordida” o soborno para agilizar un trámite, pero en 2023 solamente el 60% dijo que sería improbable que se nieguen a recibir dinero por un servicio, eso significa que el porcentaje de mexicanos que cree que rechazarían la dádiva subió de 30% a 40%.

A mayor nivel educativo, menos confianza en el gobierno

De acuerdo con la encuesta en Reino Unido y en menor medida en México “la gente con mayores niveles de educación tiende a tener menores niveles de alta o moderada confianza en el gobierno nacional que la gente con menor nivel escolar”.

Para los mexicanos, chilenos y costarricenses una de las principales preocupaciones es el crimen y la violencia.

Sin embargo, la confianza en el sistema judicial es baja o más baja que la confianza en el gobierno federal en Chile, Colombia, Corea, México y República Eslovaca.

Solamente en México y en Suiza la mitad de la población cree que el gobierno puede encontrar el balance adecuado para atender los intereses de las actuales y futuras generaciones.

Más del 40% de la población cree que el gobierno cambiará una política pública en caso de que la mitad de los mexicanos esté en contra.

Sin embargo, el porcentaje de personas que piensan que se puede tomar en cuenta su opinión sobre aumentos o bajas de impuestos subió de casi 30% en el 2021 a cerca de 40% en el 2023.

Con información de: El Universal

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Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguraron una camioneta marca Toyota, tipo Hiace, color blanco, con el objetivo de fincar o deslindar responsabilidades.

Los hechos asentados en la carpeta de investigación refieren que, Policía de Investigación de la PGJE recibieron un reporte del Servicio de Emergencias 911 en el que les informaban que la unidad vehicular mencionada al transitar por los arcos lectores ubicados sobre la carretera México-Veracruz, con sentido al municipio de Huamantla se activaron.

Ante este hecho, agentes de Investigación implementaron un operativo de búsqueda y tras localizar la camioneta realizaron las diligencias correspondientes, las cuales arrojaron que la unidad estaba relacionada dentro de una carpeta por el delito de abuso de confianza.

Por ello, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes que lleven al esclarecimiento de este hecho.

El cargo ASEGURA PGJE CAMIONETA RELACIONADA EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la última sesión ordinaria del segundo periodo, el diputado Juan Manuel Cambrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en asuntos generales, se refirió a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien dijo “determinó en un par de ocasiones, que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros incurrió en delitos electorales”.

De esta manera señaló que, “se trata de un asunto en el que la autoridad jurisdiccional electoral le ha determinado a la gobernadora del Estado una conducta infractora, la cual tiene que ser sancionada en términos de ley, toda vez que, por tratarse de la titular del Poder Ejecutivo Local, la transparencia en los procedimientos y sanciones deben ser de frente a la sociedad”.

 Cambrón Soria recordó que la primera resolución fue el 19 de mayo de 2022, del Expediente SRE-PSC-77/2022, que declaró existente la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido durante el proceso de revocación de mandato.

La segunda con fecha 01 de junio de 2022, en donde dictó resolución dentro del expediente SRE-PSC-90/2022, instruido en contra de  Lorena Cuéllar Cisneros y 17 gobernadores morenistas, determinando la existencia de violaciones a la ley que prohíbe expresamente que ningún servidor público ni partidos políticos, pueden realizar propaganda en plena veda electoral, tanto en procesos electorales como de consulta ciudadana.

El legislador del sol azteca también recordó que en ambos casos, la Sala Regional Especializada determinó que el Congreso del Estado de Tlaxcala, será el encargado de determinar la sanción correspondiente relativa a la pena cometida por la gobernadora Cuéllar, así como la inclusión de la mandataria estatal en el Catálogo de Sujetos Sancionados, el cual es el listado que incluye los nombres de todo servidor público que ha inobservado las normas electorales, derivado de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral.

“Han pasado once meses sin que se haya emitido el dictamen correspondiente por esta soberanía, tal y como lo establece el Artículo 76 del Reglamento Interior del Congreso del Estado”.

 El también coordinador de la bancada del sol azteca en el Congreso del Estado de Tlaxcala dijo que, en función de la clara omisión en la que ha caído el Congreso y para evitar posibles futuras sanciones que afecten a todos por igual, estén a favor o en contra, es que les pide acordarse de este relevante pendiente.

Por lo que hizo un llamado, mencionando que “llamo a la Mesa Directiva de este Congreso del Estado y a la Junta de Coordinación y Concertación Política a dar cumplimiento al procedimiento legislativo que les impone tanto la Ley Orgánica como el Reglamento Interior, a efecto de que se emita el dictamen correspondiente, toda vez que los asuntos contenidos en el Expediente Parlamentario LXIV-104/2022, son resoluciones jurisdiccionales, dictadas por autoridad competente, las cuales han causado ejecutoria, por lo que el incumplimiento de lo ordenado en ellas, implica tanto desacato como posibles violaciones a las normas internas de este Congreso.”

 El diputado Cambrón habló sobre la reciente inauguración del llamado C5i, del que dijo le daría el voto de confianza y que se le dará un tiempo pertinente para medir sus resultados.

Pero el también coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado de Tlaxcala dijo que el gobierno, en un ánimo de transparencia, y dado que mientras unos dicen que costó 300 millones y otros 400 millones, debería decir exactamente cuánto costó y además responder ¿Cuántas y Cuáles fueron las empresas que construyeron las instalaciones del C5i?, además ¿Cuál fue el mecanismo de selección del personal y si todo está debidamente certificado y con los controles y exámenes de confianza?

Finalmente mencionó que, “no vaya a ser que se vaya a colar alguien de los malos, como sucede en otras instituciones en el país, que se cuelan los malosos y están en las instituciones, valdría la pena que eso también se aclarara y finalmente y sobre todo hacer un llamado muy respetuoso a que los operadores de esa tecnología no caigan en la tentación y se desvié, no para buscar a los delincuentes sino para espiar o vigilar activistas, opositores o quienes no piensan del mismo modo”.

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