El Dictamen tiene como origen la Iniciativa presentada por la diputada Lorena Ruiz García y plantea la actualización del tipo penal de abuso sexual, la precisión de sus elementos, el fortalecimiento de sanciones y la incorporación de agravantes con el propósito de brindar mayor protección a las víctimas de este delito.

En el Dictamen de mérito, la Comisión consideró que la propuesta se encuentra alineada con el marco constitucional y convencional vigente, al atender los principios de protección de los derechos humanos, igualdad sustantiva y acceso a una vida libre de violencia.

De igual forma, la Comisión estimó que las modificaciones contribuyen a fortalecer la actuación de las autoridades y garantizar mecanismos más efectivos de acceso a la justicia para las víctimas, al tiempo que incorporan un enfoque integral que contempla medidas de sanción, prevención y reparación del daño.

Tras la aprobación del Dictamen, se instruyó su remisión a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política, a fin de que continúe con el proceso legislativo correspondiente.

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La propuesta plantea armonizar la legislación estatal con el marco federal vigente en materia de violencia vicaria, con el propósito de fortalecer los mecanismos jurídicos que permitan prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia de género que se ejerce a través de hijas, hijos u otras personas cercanas para causar daño emocional, psicológico o patrimonial a las mujeres.

En la exposición de motivos Villeda Temoltzin señaló que, aunque Tlaxcala fue una de las entidades pioneras en reconocer la violencia vicaria en su legislación, la redacción actual presenta vacíos interpretativos que pueden convertirse en refugio para los agresores, lo que dificulta la protección efectiva de las víctimas y propicia escenarios de impunidad.

La iniciativa propone fortalecer la definición de violencia vicaria en la legislación estatal y establecer con mayor claridad las conductas mediante las cuales se manifiesta, entre ellas amenazar con causar daño a hijas e hijos, ocultarlos o sustraerlos de su lugar habitual de residencia, utilizarlos para obtener información sobre la madre, promover acciones legales basadas en hechos falsos para afectar la guarda y custodia, o condicionar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

Asimismo, plantea reforzar las órdenes de protección para que la autoridad judicial pueda ordenar la recuperación y entrega inmediata de hijas e hijos menores de edad que hayan sido sustraídos u ocultados, así como establecer medidas adicionales que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

En materia civil, la propuesta contempla que el ejercicio de violencia vicaria pueda ser considerado como causal para modificar o limitar el ejercicio de la patria potestad o la custodia, cuando se acrediten conductas de violencia familiar o de violencia ejercida a través de interpósita persona.

De igual forma, se plantea fortalecer el tipo penal de violencia vicaria para reconocer que esta conducta también puede tener como finalidad romper el vínculo filial entre la madre y sus hijas o hijos, afectando el derecho de las personas menores de edad a mantener relaciones familiares conforme al interés superior de la niñez.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación.

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Durante la exposición de motivos, Ruiz García señaló que la violencia obstétrica constituye una forma de violencia de género que puede manifestarse a través de maltrato, negligencia, trato deshumanizado o la realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado, prácticas que pueden afectar la salud física y emocional de las mujeres en uno de los momentos más sensibles de su vida reproductiva.

La diputada, explicó que estas conductas pueden incluir gritos, regaños, humillaciones, retrasos injustificados en la atención médica, negación de información sobre el estado de salud de la madre o del recién nacido, así como la imposición de procedimientos médicos sin autorización, lo que representa una violación directa a los derechos humanos y a la autonomía reproductiva de las mujeres.

Lorena Ruiz refirió que  la iniciativa propone fortalecer el marco jurídico estatal mediante la incorporación de disposiciones en la Ley de Salud del Estado y en el Código Penal, con el propósito de establecer medidas que permitan prevenir estas conductas, garantizar una atención médica digna y libre de violencia, así como generar mecanismos de responsabilidad para quienes incurran en este tipo de prácticas.

Tras su presentación se instruyó la remisión de la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminen correspondiente.

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De acuerdo con el dictamen aprobado, la propuesta legislativa plantea adicionar los artículos 216 Bis, 231 Ter y 237 Quater al Código Penal local, estas disposiciones reconocen tipos penales cuyo propósito es el de proteger la dignidad y prestigio, así como, establecer agravantes para los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de personas trabajadoras de la educación en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

La Comisión dictaminadora consideró que la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Tlaxcala, contribuye a revalorar la función docente y a promover entornos escolares seguros, pues al reconocer en la legislación penal, se consagran los principios que prevé el artículo 3o. de la Constitución Política Federal, de esta forma, el proceso educativo podrá realizarse con dignidad, seguridad e integridad para todos los participantes.

Tras la aprobación del Dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, González Herrera indicó que este Proyecto de Decreto continuará con el debido proceso legislativo, remitiéndose a la Presidencia de la Mesa Directiva para ser enlistado en el orden del día de la sesión correspondiente para su aprobación por el Pleno de la LXV Legislatura.

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Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXV Legislatura dieron seguimiento al acuerdo por el que se concluye el expediente LXV003/2025, que contiene la Iniciativa que buscaba adicionar el artículo 187 BIS del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Por unanimidad de votos de los presentes, la Comisión que preside el diputado Jaciel González Herrera avaló el contenido de este acuerdo, dando por concluido el trámite legislativo de la Iniciativa que fue presentada ante el Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado 16 de enero del año en curso y tras determinarse que no cuenta con el soporte de un marco normativo vigente que respalde todos sus contenidos.

De esta manera, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales reafirman su compromiso con el respeto a la libertad de expresión, dictaminando en favor del bienestar colectivo y con estricto apego a las leyes que rigen al Estado de Tlaxcala. Tras ser votado, este acuerdo fue remitido a la Secretaría Parlamentaria para dar constancia del trabajo legislativo en beneficio de las y los tlaxcaltecas.

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Esta propuesta busca garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y proteger a las víctimas de la difusión indebida de fotografías, videos o cualquier material relacionado con procesos penales, especialmente a través de redes sociales, pues la diputada Ruíz García aseguró que la exposición pública de este tipo de contenidos no solo vulnera el derecho a la intimidad y privacidad de las víctimas, sino que también dificulta su proceso de recuperación, contribuye a su deshumanización, afecta las investigaciones judiciales y pone en riesgo el debido proceso.

La iniciativa propone sancionar con penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 501,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga o comparta de manera indebida imágenes, audios, videos, documentos o cualquier evidencia relacionada con hechos delictivos o procesos penales.

Asimismo, se contempla que las penas se incrementen en un tercio si la difusión tiene como finalidad dañar la dignidad de las víctimas o sus familias, o si se trata de mujeres, niñas o adolescentes, especialmente en circunstancias relacionadas con su muerte, lesiones o estado de salud.

Esta propuesta surge en concordancia con la denominada “Ley Ingrid”, la cual busca frenar la revictimización y proteger los derechos fundamentales de las víctimas, así como fortalecer la confianza en las instituciones de justicia, y fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

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