En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se materializa a través del registro de nacimiento y la expedición del acta correspondiente. Este documento constituye la base para acceder a múltiples derechos y servicios, como la obtención de la Clave Única de Registro de Población, el acceso a servicios de salud, la inscripción en instituciones educativas, la obtención de la credencial para votar y la incorporación a diversos programas sociales.

La propuesta plantea eliminar el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas del acta de nacimiento, tanto en formato físico como digital, con el objetivo de evitar que factores económicos limiten el acceso de las personas a un documento esencial para el ejercicio de sus derechos civiles y sociales. De acuerdo con la iniciativa, el cobro por este trámite puede representar una carga económica para muchas familias, particularmente en comunidades rurales o en contextos de marginación.

Asimismo, la iniciativa contempla reformas para que la gratuidad aplique tanto en la primera copia certificada del acta de nacimiento como en solicitudes posteriores, además de establecer que los procedimientos administrativos de rectificación de este documento también se realicen sin costo en el territorio estatal. La propuesta considera que el impacto presupuestal derivado de esta medida se atienda mediante los ajustes correspondientes en la Ley de Ingresos y mecanismos de compensación administrativa que permitan garantizar la operatividad del Registro Civil.

Tras su presentación ante el Pleno, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

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Con esta reforma, vecinos colindantes, asociaciones civiles, arrendatarios, académicos, peritos, herederos y otros actores que acrediten un interés comprobable podrían acceder a los procedimientos catastrales, solicitar información y presentar impugnaciones, fortaleciendo la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. La inclusión del interés legítimo en el Código Financiero permitiría que terceros vinculados a un inmueble contribuyan de manera equitativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, mejorando la transparencia y la eficiencia del sistema tributario estatal.

El planteamiento se sustenta en el mandato del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las autoridades a garantizar derechos humanos bajo los principios de universalidad, progresividad e inclusión; así como en la Ley General de Mejora Regulatoria, que promueve procedimientos participativos y transparentes, y en la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, la cual enfatiza la importancia de la gobernanza democrática del territorio. Además, la tesis aislada 1a. CCXCI/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la distinción entre interés legítimo e interés legal, reconociendo la legitimación activa de personas que sufren una afectación real y diferenciada.

Tras su presentación ante el Pleno en Sesión Ordinaria, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación, donde se valorará su alcance y viabilidad.

El cargo Propone Sandra Aguilar incorporar el interés legítimo en la Ley de Catastro y el Código Financiero de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.