En entrevista para “Al Chile” que se transmite a través de MR Noticias, Santacruz —quien hoy dirige el despacho Santa Cruz y Asociados— afirmó que el auditor Arturo Lucio Salas Miguela y su antecesora, Isabel Maldonado Textle, no tenían facultades legales para auditar recursos federales desde la reforma constitucional de 2015, y que, sin embargo, sometieron a decenas de alcaldes a procesos penales y administrativos.

Santacruz sostuvo que, a diferencia de controversias anteriores, en esta ocasión el Auditor Superior es parte directa del fallo, por lo que no podrá eludir su responsabilidad, pues a decir del propio fiscalizador las dos anteriores controversias constitucionales no le alcanzaban, “lo cual es una miopía constitucional”, declaró.

El exdiputado señaló que el auditor no solo excedió sus funciones, sino que causó un daño económico a los municipios al obligarlos a retener porcentajes para supuestamente fiscalizar recursos federales, una atribución que corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Santacruz Carreño celebró la resolución del Pleno de la SCJN —por unanimidad— que declara que el Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso local ejercieron “indebidamente sus facultades de supervisión y control” sobre recursos federales.

También lanzó un mensaje a la ciudadanía y a los presidentes municipales: “Que los alcaldes le pierdan el miedo […] esta pesadilla que se ha vivido con el auditor y quien le antecedió se acaba con esta controversia constitucional”, puntualizó.

Consultado sobre las consecuencias directas, el exalcalde señaló que los diputados —en especial el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso— podrían enfrentar juicio político.

En cuanto al auditor, sostuvo que incurrió en un delito federal por usurpación de funciones, y llamó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción a revisar los casos de exalcaldes que fueron encarcelados o perseguidos con base en estas auditorías ilegales.

Finalmente, Santacruz Carreño aceptó socializar su información para posibles asesorías a los municipios para el cierre de sus administraciones, por lo que dejó su número de contacto: 241 100 43 60, en Apizaco.

El cargo Juicio político y responsabilidad penal para Salas Miguela y Zainos Flores: OSC apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo anterior deriva del cumplimiento a la resolución dictada dentro del expediente 75/2023-3, en la que el órgano jurisdiccional ordenó a esta Soberanía emitir un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado, luego de haber declarado la nulidad del acuerdo aprobado en 2023. En atención a ello, la LXV Legislatura integró una Comisión Especial en la que trabajó el diputado Bladimir Zainos Flores como presidente, así como las diputadas Sandra Guadalupe Aguilar Vega y María Aurora Villeda Temoltzin como vocales, quienes analizaron nuevamente el caso conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Tras el estudio del expediente, el Congreso determinó que no se acreditan los elementos necesarios para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, al no existir evidencia de una actuación administrativa irregular, ni la comprobación de un daño real y su relación directa con el actuar del Poder Legislativo.

En consecuencia, el Pleno resolvió declarar improcedente la indemnización reclamada y ordenó notificar la determinación a la promovente, así como informar al Tribunal de Justicia Administrativa sobre el cumplimiento de la sentencia, dando por concluido el asunto.

El cargo Declara Congreso de Tlaxcala improcedente la indemnización por responsabilidad patrimonial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante su exposición, el legislador señaló que los tiempos actuales para el registro de candidaturas a ayuntamientos y presidencias de comunidad resultan insuficientes frente a la complejidad que implican las nuevas disposiciones en materia de paridad de género y acciones afirmativas, lo que en procesos recientes ha derivado en retrasos en la validación de registros, inicio tardío de campañas y desventajas entre candidaturas.

En este sentido, la propuesta plantea adelantar el periodo de registro de candidaturas para ayuntamientos y presidencias de comunidad, con el fin de otorgar mayor margen tanto a los partidos políticos y aspirantes para cumplir con los requisitos legales, como a la autoridad electoral para realizar una revisión exhaustiva de la documentación, evitando así resoluciones de último momento que afecten el desarrollo equitativo de las campañas.

Asimismo, la iniciativa contempla la modificación de los procedimientos y plazos de revisión por parte del órgano electoral, estableciendo tiempos diferenciados según el tipo de elección, así como periodos claros para la subsanación de inconsistencias, lo que permitirá mejorar la certeza jurídica, reducir la carga operativa institucional y prevenir conflictos derivados de registros extemporáneos o incompletos.

El diputado destacó que estos ajustes responden a la necesidad de atender problemáticas detectadas en procesos electorales recientes, donde la saturación de expedientes y la falta de tiempo suficiente para su análisis impactaron directamente en la equidad de la contienda y en el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada en condiciones justas.

Tras su presentación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Plantea Bladimir Zainos ajustar plazos de registro de candidaturas para garantizar equidad en procesos electorales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El legislador y Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, dijo que más allá de que el fallo judicial halla sido en contra del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización, “no está de más fiscalizar en qué se gastan los recursos del pueblo”.

Cuestionado al concluir la sesión ordinaria de este martes en el Poder Legislativo, el diputado afirmó que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de revisar el destino del dinero público, pero admitió que se extralimitaron en las atribuciones constitucionales pues únicamente la Ley les permite fiscalizar los recursos estatales y municipales.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en un tema de competencias, por lo que el Poder Legislativo y el OFS no puede auditar recursos federales sin un convenio legal con la Auditoría Superior de la Federación.

En este sentido, el diputado criticó la postura de los Ayuntamientos ante la fiscalización de recursos públicos y dijo que el proceso no debe verse como una confrontación con el poder Legislativo “¿A qué le tienen miedo? El dinero es de los tlaxcaltecas y se debe informar en qué se gastó”.

Finalmente, Bladimir Zainos dijo que el Congreso y el OFS cumplen con la Ley al fiscalizar a los entes públicos que reciben dinero del pueblo, “las fiscalizaciones siempre se hacen conforme a la ley y respetando los límites establecidos entre los distintos niveles de gobierno”.

El cargo Congreso justifica revés de la SCJN y dice que fiscaliza los recursos del pueblo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El ajuste responde a la variación real entre los ingresos estimados y los efectivamente percibidos, conforme a lo establecido en la normatividad hacendaria aplicable, la cual prevé revisiones trimestrales para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Aunque los ingresos locales presentaron un comportamiento favorable, éstos no compensaron la caída de participaciones federales, por lo que resultó necesario efectuar la retención proporcional de recursos a los tres poderes del Estado.

El Dictamen con Proyecto de Decreto fue sometido a consideración del Pleno por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores, a partir de la Iniciativa con Proyecto de Decreto remitida por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa. El documento contempla una retención total de 47 millones 654 mil 563 pesos con 89 centavos, distribuidos de manera proporcional entre los poderes del Estado: 44 millones 408 mil 611 pesos con 13 centavos al Poder Ejecutivo; 1 millón 554 mil 991 pesos con 74 centavos al Poder Legislativo; y 1 millón 690 mil 960 pesos con 84 centavos al Poder Judicial.

Con la autorización aprobada, el Poder Ejecutivo deberá aplicar la retención de recursos conforme a los criterios establecidos en el Código Financiero del Estado y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, lo que permitirá mantener el balance presupuestario sin generar endeudamiento ni afectar la operación institucional, debiendo reflejarse en la cuenta pública correspondiente.

Finalmente, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala la distribución o retención de los recursos excedentes o decrementos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal dos mil veinticinco para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala” fue aprobada por unanimidad, por lo que se instruyó la elaboración del Decreto y su remisión a la Titular del Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente.

El cargo Autoriza LXV Legislatura ajuste presupuestal del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante el acto protocolario, Morales Pérez señaló que la documentación fue presentada en tiempo y forma, con el propósito de ratificar el compromiso institucional con el uso adecuado de los recursos públicos y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que dé inicio el proceso formal de revisión de la información entregada.

Por su parte, el diputado Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, indicó que, al igual que ocurre con las demás instituciones, dependencias y municipios obligados a rendir cuentas, se instruyó realizar un análisis puntual de la documentación presentada por el Congreso del Estado, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y fortalecer la certeza ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.

Finalmente, el diputado Vicente Morales Pérez instruyó al Secretario Administrativo, Gonzalo Guízar Vázquez, mantener comunicación permanente hasta la conclusión del proceso de presentación y revisión de la Cuenta Pública entregada.

El cargo Presenta Congreso del Estado Cuenta Pública del cierre de 2025 ante Comisión de Finanzas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Zainos Flores explicó que su propuesta pretende prohibir la reelección consecutiva de diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su encargo. Además, busca establecer candados legales para evitar el nepotismo electoral, impidiendo que puedan contender por un cargo local a quienes mantengan lazos de parentesco, matrimonio, concubinato o unión de hecho con una persona que ocupe el mismo puesto en funciones.

El legislador detalló que la iniciativa incluye reformas a los artículos 35, 60 y 90 de la Constitución local, con el fin de garantizar que los procesos electorales en Tlaxcala se desarrollen bajo los principios de equidad, justicia y libre competencia política. Asimismo, prevé que estas disposiciones entren en vigor a partir del proceso electoral de 2030, otorgando al Congreso un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias en la legislación secundaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con esta propuesta, el diputado Bladimir Zainos reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia tlaxcalteca y la transparencia en los procesos de elección popular.

El cargo Propone Bladimir Zainos armonizar la Constitución local con la Federal en materia de no reelección y nepotismo electoral apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El documento, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, expone que la elaboración y aprobación de las Tablas de Valores Unitarios tiene como finalidad proporcionar certeza jurídica y uniformidad en la determinación de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

En voz del diputado Bladimir Zainos Flores, se detalló que la Comisión dictaminadora analizó las propuestas remitidas por los municipios de Emiliano Zapata, Tetla de la Solidaridad, Teolocholco y Xaloztoc, concluyendo que, si bien cumplieron con la presentación de sus Planos y Tablas de Valores, no observaron en tiempo y forma los procedimientos previstos en la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, particularmente en lo relativo a los plazos para publicación y recepción de observaciones ciudadanas.

Derivado de ello, la Comisión determinó no aprobar las propuestas de dichos municipios, aplicando lo dispuesto en el artículo 94 de la citada Ley, que establece la vigencia de las Tablas de Valores del año anterior en caso de incumplimiento, y faculta al Congreso del Estado para determinar la actualización correspondiente, garantizando que las disposiciones fiscales se ajusten a los principios de certeza jurídica y equidad tributaria, en beneficio de las y los tlaxcaltecas.

Tras la aprobación unánime, se instruyó la elaboración del Decreto y su remisión al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente, entrando en vigor el 1 de enero de 2026 y manteniéndose vigente hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad.

El cargo Establece Congreso Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2026 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La iniciativa establece que las magistraturas de ambos tribunales serán electas por voto universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía en la jornada electoral estatal. Plantea que cada órgano se integre por tres magistraturas, con observancia de la paridad de género, y que cuenten con facultades para expedir su Reglamento Interno, manuales de organización y acuerdos necesarios para su operación. La Presidencia se renovará cada dos años, de forma rotatoria, conforme a la votación obtenida.

Con la lectura de la diputada Gabriela Hernández Islas, el planteamiento busca fortalecer la estructura y autonomía de los tribunales, garantizando su integración con criterios democráticos y de paridad, además de dotarlos de herramientas para su funcionamiento interno. Con estas reformas, se pretende consolidar un marco jurídico que responda a los principios de transparencia, representatividad y eficiencia en la impartición de justicia administrativa y laboral.

La propuesta fue signada por las y los diputados Ever Alejandro Campech Avelar, Gabriela Hernández Islas, Jaciel González Herrera, Bladimir Zainos Flores, Lorena Ruiz García, María Aurora Villeda Temoltzin, Vicente Morales Pérez, Madai Pérez Carrillo, David Martínez Del Razo, Maribel León Cruz, Miguel Ángel Caballero Yonca, Anel Martínez Pérez, Emilio De la Peña Aponte, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Soraya Noemí Bocardo Phillips, Engracia Morales Delgado y Reyna Flor Báez Lozano.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Presentan legisladores iniciativa para armonizar elección e integración de magistraturas del TJA y del TCyA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Además hay otras once que han sido cumplidas, dos no aceptadas pero concluidas, una no aceptada y en trámite, y tres notificadas y en término para su posible aceptación.

De acuerdo con datos proporcionados por el organismo, a solicitud de este reportero, se pudo conocer que de las 33 recomendaciones 21 corresponden a 13 ayuntamientos, “lo cual refleja una presencia extendida de problemáticas institucionales a nivel local”. Las autoridades de Zacatelco y Apizaco son las que más suman con cuatro respectivamente, y Tlaxcala tres. 

Las restantes fueron emitidas contra la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (cuatro particulares y una general) que mutó a Fiscalía a partir de agosto de 2024; al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax); a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y a la Secretaría de Salud (SESA).

Entre otros derechos humanos infringidos identificados en esas recomendaciones (algunas por tortura y detenciones arbitrarias) se encuentran: derecho a la legalidad y seguridad jurídica (cuatro casos), derecho a la propiedad y posesión (uno), derecho a las buenas prácticas de la administración pública (uno) derecho a la salud (uno), derecho a la vida (dos), y d la integridad y seguridad personal (uno).

Una de las recomendaciones generales fue emitida por las condiciones en que operaban a principios de 2022 los 60 Centros de Detención Preventiva Municipales, a partir del hallazgo de personas sin vida en varios de esos espacios —conocidos coloquialmente como separos— y que según reportes oficiales “se suicidaron”.

Sin embargo, en la revisión a esos lugares por parte de personal de la CEDHT —que derivó en la recomendación emitida el 31 de enero de 2022 y radicada con el número 01/2022—, policías municipales de Huamantla y Muñoz de Domingo Arenas” presentes al momento de la visita, negaron todo tipo de información y colaboración para la realización de la inspección ordenada”. 

La otra recomendación general —con número de expediente 02/2022 y emitida el 12 de diciembre de ese año— fue por la “omisión de brindar protección, auxilio y seguridad pública de manera oportuna que derivó en acciones tendientes a linchamientos en el estado de Tlaxcala”.

Llama la atención que el documento proporcionado a este reportero se indique como autoridades destinatarias (obligadas en materia de prevención a violaciones de derechos humanos) de esa recomendación a la entonces procuradora (Ernestina Carro Roldán) y a presidentas y presidentes municipales en el estado, pero en el expediente 02/2022 se cite como autoridades responsables de violaciones a derechos humanos al titular responsable de la Secretaría de Seguridad CIudadana (SSC) y a los entonces alcaldes de Mazatecochco, Leandra Xicohténcatl Muñoz; de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero; y de Nopalucan, Pedro Pérez Vásquez.

La otra recomendación general —emitida el 16 de febrero de 2023 y radicada con el número 01/2023— derivó del “riesgo de afectación a derechos humanos de las activistas sociales por los derechos de las mujeres en el estado de Tlaxcala, e instrumentación de políticas de prevención contra violaciones a su integridad física y psicoemocional por parte de instituciones y operadores (sic) de la entidad, en el marco del Estado Constitucional de Derecho”.

Fue remitidas a los entonces titulares de la SSC, Ramón Celaya Gamboa; de la Segob, Sergio González Hernández; de la PGJE, Ernestina Carro Roldán; del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Mary Cruz Cortés Ornelas; y del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Bladimir Zainos Flores.

Para emitir esa recomendación la CEDHT se enfocó en el registro de al menos ocho eventos de protesta social “que tuvieron mayor cobertura mediática” entre agosto de 2021 y diciembre de 2022 y que tuvieron “su origen, precisamente, en esa desconfianza en los cаnales institucionales para la resolución de los conflictos originados por diversos factores”.

Esos “eventos” fueron el 18 de septiembre de 2021, por un pronunciamiento de activistas sociales contra desapariciones y feminicidios; el 8 de marzo de 2022, por la manifestación de activistas en el marco del Día Internacional de la Mujer, y el 16 de marzo de 2022, por una protesta de mujeres activistas en la inauguración del Mundial de Playa; los tres hechos ocurridos en Tlaxcala capital.

Los otros tuvieron lugar el 30 de abril de 2022 por la colocación de fichas de mujeres desaparecidas en la capital; el 5 de mayo de ese mismo año, por protesta de madres de familia víctimas de violencia vicaria en Ciudad Judicial; el 20 de octubre, también de 2022, por marcha y protesta de estudiantes normalistas; el 29 de noviembre, por protesta de víctimas del delito; y el 11 de diciembre, por reclamos en Informe de Gobierno en Tlaxcala capital.

CON INFORMACIÓN DE FARO NOTICIAS

El cargo Informe de la CEDHT devela que autoridades simulan cumplimiento de recomendaciones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.