El gobierno de Estados Unidos va por los bienes del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los de los nueve políticos y jefes policiales acusados de narcotráfico, obtenidos por su presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En la imputación del caso, el Departamento de Justicia estadounidense notificó que están sujetos a decomiso todos y cada uno de los inmuebles o cualquier ganancia económica de los 10 inculpados que deriven, directa o indirectamente, del apoyo al tráfico de drogas e importación de armas de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Según la versión pública de la acusación, las autoridades estadounidenses solicitarán también el decomiso de los bienes que los políticos y mandos policiales acusados omitan o no puedan ser localizados después de una diligencia, hayan sido transferidos, vendidos o entregados en poder de un tercero o hayan sido colocados fuera de la jurisdicción del tribunal del caso.

En caso de que los sinaloenses sean declarados culpables, las autoridades estadounidenses procederán a la confiscación de bienes y cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares, senador por Morena; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

Así como de Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la policía del estado de Sinaloa; Juan Valenzuela Millán, Juanito, excomandante en la policía estatal.

Como resultado de cometer los delitos de tráfico de drogas y de armas de fuego, secuestro, “los acusados cederán en decomiso a favor de Estados Unidos, de conformidad con las Secciones 853 y 970 del título 21 del Código de los Estados Unidos, todos y cada uno de los bienes que constituyan, o se deriven de cualquier ganancia que los acusados obtuvieran, directa o indirectamente, como resultado del delito, y todos y cada uno de los bienes utilizados o que se hayan intentado utilizar, de cualquier manera o en parte, para cometer y facilitar la comisión del delito imputado en el cargo uno de esta acusación formal”.

La acusación del fiscal de Estados Unidos, Jay Clayton, y de la agencia antidrogas DEA, avalada por un gran jurado, señala que el morenista Rubén Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa con el apoyo de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, así como de Ovidio Guzmán López, líderes de Los Chapitos, con quienes se reunió y prometió apoyar sus actividades de tráfico de drogas.

“En múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes, en las que Rocha prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel”, destaca el documento.

Detalla que los encuentros estaban custodiados por sicarios del Cártel de Sinaloa, armados con ametralladoras y otras armas. “Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya ha permitido que operen con impunidad en Sinaloa”.

Refiere que el político sinaloense, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, permitió que Los Chapitos colocaran a funcionarios y jefes policiacos corruptos en puestos de poder de la entidad para facilitar las operaciones ilícitas del grupo criminal”.

Destaca que el senador morenista y exsecretario de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, y el extitular de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, actuaron como enlaces entre los hijos de El Chapo Guzmán y Rocha Moya.

“Ayudaron a los líderes de Los Chapitos a colocar a funcionarios corruptos para proteger sus operaciones de drogas y actuaron como enlaces entre los líderes de Los Chapitos y Rocha Moya”.

Respecto al resto de los acusados, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusó de recibir sobornos de Los Chapitos para facilitar sus operaciones de tráfico de fentanilo y garantizar su lealtad al cártel.

Como prueba de ello, presenta una narconómina de Los Chapitos que incluye pagos a “cientos” de agentes y mandos policiales, como Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, quien recibía 10 mil dólares mensuales.

Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 16 mil dólares; Alberto Jorge Contreras, alias Cholo, actual jefe de la Policía de Investigación, 16 mil dólares.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, excomandante de la policía estatal, 5 mil dólares; Juan Valenzuela, Juanito, exjefe de la policía de Culiacán, mil 600 dólares.

Agrega que entre 2023 y 2024, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Sánchez, aceptó más de 100 mil dólares en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos, a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas.

Con información de El Universal

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