Representantes de barras, colegios y organizaciones de abogados de distintas regiones de Tlaxcala desmintieron públicamente que el gremio jurídico respalde el proyecto político de Alfonso Sánchez García, y aclararon que Daniel Morales no tiene representación alguna dentro de la coalición de juristas.

En conferencia de prensa, José Texis Saucedo, integrante del Colegio de Abogados del Sur de Tlaxcala, explicó que la reunión tuvo como objetivo precisar que Daniel Morales se ostentó indebidamente como representante de barras, colegios y organizaciones de abogados, pese a que no cuenta con el respaldo de la coalición integrada por agrupaciones del norte, centro y sur del estado.

El abogado señaló que la postura oficial de los profesionistas es el respaldo abierto y solidario al proyecto político de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, al considerar que representa la visión que comparten las organizaciones que integran este bloque de profesionistas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a la opinión pública para no dejarse confundir por personas que, utilizan el nombre de barras y colegios de abogados con fines políticos sin tener la representación legal o moral de dichas organizaciones.

Finalmente, los representantes presentes reiteraron que cualquier posicionamiento oficial de los profesionistas será emitido únicamente por sus dirigentes y representantes acreditados, con el propósito de evitar confusiones y dejar clara la postura del gremio jurídico de cara al proceso político que vive la entidad.

El cargo Barras, colegios y organizaciones de abogados desmienten apoyo a ASG y respaldan a ALRR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En esa administración ocupó la dirección jurídica de la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (hoy Comisión Estatal de Seguridad) y posteriormente la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado.

Después, en diciembre de 2016, a propuesta del mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez, integró terna para buscar una magistratura en el TSJE, a la cual llegó con el respaldo de una mayoría priista que en ese entonces dominaba el Congreso del Estado.

Se supo acomodar en los tiempos priistas como también lo supo hacer en los tiempos morenistas. Tanto fue así, que en diciembre de 2022 fue confirmada por la actual Legislatura local como magistrada, cuando ya ocupaba la presidencia del Poder Judicial.

Su paso en esa responsabilidad, sin embargo, fue gris. Es posible que su comparecencia del martes pasado en el Congreso local haya sido fiel reflejo del perfil tan gris que fue su presidencia en el Poder Judicial.

Cuestionada por un subejercicio de al menos 80 millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, así como la revocación de resoluciones que han tenido diversos juzgados locales por parte de la justicia federal y su proclividad hacia la titular del Poder Ejecutivo, no encontraron en Mary Cruz Cortés respuestas claras ni contundentes, sino más titubeos y ambigüedades. Esa fue su despedida.

La misma comparecencia de Cortés Ornelas dio visos de quién sería la próxima presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, pues la magistrada Anel Bañuelos Meneses entró al quite con respuestas a los legisladores. De no haber sido por ella, la participación de la presidenta habría sido todavía más desafortunada.

Sea por eso, y porque también tiene la simpatía de Palacio de Gobierno, Bañuelos Meneses fue designada este jueves presidenta del TSJE y, como tal, también del Consejo de la Judicatura.

Habrá que darle oportunidad a que culmine el proceso de entrega-recepción, sin embargo, de entrada, tiene dos tareas pendientes inmediatas.

La primera tiene que ver con las denuncias que diversos juristas integrados en la organización denominada “Ateneo Jurídico de Tlaxcala José Miguel Guridi  y Alcocer A.C.”, señalaron en contra de Cortés Ornelas, en el sentido de incurrir en tráfico de influencias por integrar a la nómina del Poder Judicial a su pareja sentimental, Santiago Pérez Petricioli, a su hijastro Santiago Yael Pérez Vázquez y a su sobrina Sheyla Yiribeth Cortés Ceceña, quienes –a decir de los litigantes- no cumplían con los requisitos de experiencia y antigüedad.

La segunda, tiene que ver con las palabras que el legislador perredista Juan Manuel Cambrón Soria le soltó a Mary Cruz Cortés en su comparecencia, que también fue extensiva a quienes ocupan las magistraturas del TSJE: “defiendan la autonomía y soberanía del Poder Judicial, no hay que ser acompañantes del Poder Ejecutivo, no tienen por qué ir a los eventos de la gobernadora a tomarse fotografías; tienen que estar solo en los eventos institucionales, todo lo demás es parafernalia y no se ve bien; tienen que defender la trinchera”.

Y hay una tercera, en la que casi todas y todos quienes han ocupado la presidencia han dejado de cumplir: conducirse bajo los principios rectores de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia. Digo casi todos porque Fernando Bernal Salazar cumplió, pero un capricho político lo obligó abandonar la presidencia de manera anticipada.

Lo anterior debe, por supuesto, extenderse a todas las personas integrantes del Poder Judicial para tener una justicia pronta, completa e imparcial. En eso falta mucho por trabajar.

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El cargo La nueva presidenta apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.