El Acuerdo, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, fortalece el procedimiento de revisión de las cuentas públicas con base en los Informes Individuales que remite el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), además de establecer los plazos, atribuciones y criterios de evaluación que deberá observar la Comisión durante el proceso de dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Entre las modificaciones relevantes aprobadas destaca la actualización de los parámetros para evaluar el probable daño patrimonial, uno de los indicadores con mayor incidencia en la calificación final de las cuentas públicas. Con las nuevas bases, la puntuación máxima en este rubro únicamente se otorgará cuando el probable daño patrimonial represente entre el 0 y el 1.49 por ciento del gasto devengado; la puntuación media corresponderá a porcentajes de entre 1.5 y 2.99 por ciento, mientras que la puntuación baja aplicará cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 3 por ciento.

Asimismo, las Bases conservan el sistema de evaluación de 100 puntos para la dictaminación de las cuentas públicas; sin embargo, el rubro relativo al probable daño patrimonial mantiene un valor de hasta 40 puntos, equivalente al 40 por ciento de la calificación total. En ese sentido, la actualización de los parámetros para su evaluación representa uno de los principales elementos de valoración dentro del procedimiento. De igual forma, se mantiene el criterio de que las cuentas públicas deberán obtener una calificación mínima de 70 puntos para que la Comisión emita un dictamen aprobatorio.

El procedimiento aprobado también ratifica que la evaluación de las cuentas públicas se realizará exclusivamente con base en los Informes Individuales elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior, los cuales deberán ser entregados al Congreso a más tardar el 15 de julio de 2026. Asimismo, precisa que la Comisión de Finanzas y Fiscalización no podrá recibir propuestas de solventación ni dar por solventada ninguna observación emitida por el órgano fiscalizador, garantizando con ello el respeto a las atribuciones que la ley confiere a cada instancia.

Finalmente, el dictamen por el que la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala emite las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025 de los Entes Fiscalizables, por el o los periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, fue aprobado por unanimidad de votos, por lo que se instruyó su remisión a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su sanción y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

El cargo Aprueba Congreso de Tlaxcala las Bases para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De última hora se introdujo una reserva para atajar señalamientos de que la propuesta era muy amplia y requería precisión, elaborada por el propio autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

De esta manera, la nueva redacción del artículo 41 constitucional plantea la anulación “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

El documento alcanzó la mayoría calificada al obtener 307 votos a favor de Morena, PT y PVEM; 128 en contra del PAN, PRI y MC, así como una abstención de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y será remitida al Senado para su análisis y votación.

Al presentar el dictamen, Monreal resaltó que el artículo 40 constitucional ya establece que el pueblo mexicano no aceptará intervenciones foráneas, pero no hay sanciones en esta materia.

Se trata de una norma imperfecta, por lo que en la propuesta se plantea la nulidad de los comicios cuando se demuestre con pruebas fehacientes que agentes externos han intervenido en una elección, subrayó.

Desde la tribuna, el morenista advirtió que quien no acepta esta reforma es porque espera que se invada a México o financiamiento de gobierno extranjeros para ganar comicios. Consideró además, que México no está lejos de sufrir intervenciones foráneas si no se pone un alto constitucional.

Los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, y Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, dijeron estar en contra de cualquier intervención extranjera en el país y que se les quiera colocar en una encrucijada. “No aceptamos que se nos ponga en el si o en el no”, apuntó el panista.

Moreira criticó el apresuramiento y añadió que el dictamen abre el debate sobre la censura a medios de comunicación y la discrecionalidad para anular un proceso electoral.

Lixa resaltó que primero se debe cumplir el procedimiento para una reforma constitucional y después analizar las modificaciones a las leyes secundarias ante la pretensión morenista de aprobar hoy mismo cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con el fin de que esté en armonía con la modificación a la carta magna aprobada.

Monreal dio a conocer que se realizan ajustes al dictamen que modifica la ley secundaria y abrió la posibilidad de retirarlo del orden del día de hoy, para terminar de hacerle cambios. Ello ante las críticas de que ha sido objeto por diversas organizaciones por estimar que podría afectar la libertad de expresión.

El cargo Cámara de Diputados aprueba anular elecciones cuando haya pruebas de intervención o injerencia extranjera apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala (TDJ) aprobaron, por unanimidad de votos, el acuerdo general 02/2026, por el que se establece la estructura, organización y funcionamiento del órgano de evaluación de desempeño judicial del estado de Tlaxcala, así como los procedimientos de evaluación y los métodos para llevar a cabo la primera etapa de evaluación de desempeño judicial, dirigida a juezas y jueces electos del Poder Judicial del Estado, por ser el primer contacto con los justiciables.

Dentro de este acuerdo, se estableció que la integración de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Desempeño Judicial del TDJ estará conformada por la magistrada presidenta, dos magistradas integrantes y el titular del Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial, misma que tiene la finalidad de establecer los mecanismos de evaluación del desempeño judicial, bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, legalidad, transparencia, debido proceso, máxima publicidad y respeto a los derechos humanos.

Las integrantes de este órgano colegiado establecieron las etapas que deben desahogarse tanto para las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento especial, según sea el caso, así como los tiempos para llevarlas a cabo y las causales para su aplicación.

Los resultados de la evaluación podrán ser calificados como “satisfactorio” o “Insatisfactorio”, en este último caso, en la propia resolución se impondrá alguna o algunas medidas correctivas que va desde métodos de capacitación, reforzamiento de los conocimientos o competencias técnicas o la implementación de acciones de mejora para hacer más eficiente la actividad jurisdiccional y/o administrativa que incida en la función judicial.

Dicho procedimiento también contempla los medios de impugnación para las y los jueces, quienes podrán hacerlos valer a través de recursos de revisión y recursos de reclamación.

Se resalta que, la principal finalidad de la evaluación, es fortalecer la impartición de justicia detectando las áreas de oportunidad en las que se deben implementar acciones de mejora continua que beneficien a las y los justiciables.

De acuerdo con lo establecido por el Pleno del TDJ, será el titular del Órgano de Evaluación Judicial quien presentará al pleno el calendario aprobado para iniciar con la aplicación de los exámenes.

El cargo Aprueba Tribunal de Disciplina Judicial procedimiento de evaluación de juezas y jueces electos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La aprobación deriva de la Iniciativa presentada por el diputado Emilio De la Peña Aponte y fue avalada por el Pleno tras el análisis realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presidida por el diputado Jaciel González Herrera.

Con la reforma aprobada, se establece expresamente que las faltas del presidente municipal mayores a quince días naturales serán cubiertas por su suplente, generando un mecanismo más preciso y funcional para garantizar la continuidad administrativa y la representación institucional de los municipios.

Las y los legisladores señalaron que esta modificación fortalece la certeza jurídica y evita interpretaciones ambiguas sobre quién debe asumir la titularidad del Ayuntamiento, permitiendo mantener la operatividad de la administración pública municipal sin interrupciones.

De igual forma, se resaltó que la medida respeta la voluntad popular expresada en las urnas, toda vez que el suplente forma parte de la fórmula electa democráticamente por la ciudadanía y tiene la responsabilidad de asumir el cargo cuando el propietario no pueda ejercerlo durante un periodo prolongado.

Tras la aprobación del dictamen, se instruyó la elaboración del Decreto y su remisión al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El cargo Congreso del Estado aprueba reforma a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• Por Unanimidad el pleno aplaude el trabajo profesional de las y los locutores.

Durante la vigésima novena sesión ordinaria de este martes en el Congreso del Estado, diputados y diputadas de la LXIV legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se reconoce a la locución como una profesión, que presentó el diputado del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria.

“Sin lugar a dudas se considera por demás relevante darle el mérito que merecen los y las locutoras, ya que son profesionales altamente capacitados que aportan sus habilidades vocales y de comunicación para mantener informada, entretenida, comprometida o persuadida a la audiencia.”

Cambrón afirmó que la voz y la imagen de las y los locutores identifican a las radiodifusoras, a los canales de televisión o al propio cine, siendo parte indisoluble del medio de comunicación.

Con este reconocimiento por parte del Congreso, se respalda a la locución como una profesión fundamental en la sociedad, que contribuye al ejercicio de los derechos de expresión e información.

Por lo anterior el locutor o locutora deberán asumir, aún más, una responsabilidad en lo que digan, no digan, hagan o no hagan, porque sus televidentes o sus escuchas, estarán atentos a cada palabra, a cada actitud y, en función de ello, tenderán a asumir una posición sobre el tema en que el locutor actúe y opine, haciendo de su profesionalismo la mejor manera de construir confianza con su audiencia.

Por lo anterior, el diputado Cambrón sostuvo que a la locución debe reconocérsele como una profesión especializada y a las personas a quienes su capacidad para hablar fortalecen la industria de los medios de comunicación como locutores o locutoras como profesionistas que favorecen el acceso a información veraz y diversa y, al mismo tiempo, ser garantes de la libertad de expresión.

El dictamen presentado por el legislador perredista propone reconocer a los locutores, como aquéllas personas que desempeñan un papel esencial en la transmisión de información, entretenimiento y cultura, al transmitir mensajes de manera efectiva, clara, analítica e, incluso, crítica, a audiencias de todo el mundo.

Con la aprobación del dictamen se exhorta a las Instituciones de Educación Superior con profesiones afines a las Ciencias de la Comunicación, así como a los medios de comunicación, ambas en el Estado de Tlaxcala, a promover la creación y el fortalecimiento de programas de formación y capacitación para locutoras y locutores, con el objetivo de garantizar altos estándares de calidad en la comunicación oral, promoviendo oportunidades para personas locutoras y locutores, de distintas edades, pertenecientes a grupos étnicos y personas discapacitadas, como forma de promover y exaltar los valores culturales, la preservación de la lengua, la identidad cultural, sin ningún tipo de discriminación.

La presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Buaún Sánchez, fue testigo presencial de la lectura y aprobación del dictamen, el primero en la materia en todo el país.

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