El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que la administración estatal no realizará llamados a partidos políticos ni a aspirantes, pero sí exhortará a los servidores públicos a respetar estrictamente las reglas electorales rumbo al proceso de 2027.

Martínez Velázquez señaló que los funcionarios que tengan simpatías políticas deberán evitar asistir a eventos partidistas, incluso durante fines de semana, y abstenerse de realizar declaraciones que puedan interpretarse como una intervención o promoción dentro del proceso electoral.

El funcionario enfatizó que deberán respetarse las disposiciones del INE relacionadas con propaganda personalizada, uso de recursos públicos y difusión de programas sociales vinculados con nombres, rostros o imágenes de servidores públicos.

Advirtió que, con el inicio formal del proceso electoral, determinadas conductas que anteriormente pudieron ser consideradas dentro de un proceso interno partidista ahora podrían constituir posibles delitos electorales, por lo que llamó a los funcionarios a conducirse con apego a la legislación.

Explicó que la gobernadora Lorena Cuéllar instruyó a los integrantes del Gobierno estatal a conocer las reglas emitidas por las autoridades electorales para evitar cualquier argumento de desconocimiento de la ley.

“La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento”, sostuvo el coordinador al referirse a las obligaciones de los servidores públicos.

Finalmente, afirmó que existe un compromiso de la administración estatal para que el proceso electoral se desarrolle con imparcialidad, sin intromisión del Gobierno y con respeto a la democracia y a la voluntad ciudadana.

El cargo Gobierno llama a funcionarios a no intervenir en proceso electoral apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado (CCOM) informa que, luego de que el coordinador Antonio Martínez Velázquez dio positivo a COVID-19, se implementarán medidas preventivas dirigidas a representantes de los medios de comunicación que estuvieron presentes durante el Diálogo Circular de este jueves, así como al personal de la dependencia.

Como parte de estas acciones, este viernes 21 de agosto, a partir de las 10:30 horas, personal de la Secretaría de Salud (SESA) acudirá a las instalaciones de la CCOM para realizar pruebas de COVID-19 exclusivamente a periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de la dependencia que presenten síntomas.

La medida se aplica con base en el Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19, que establece los criterios para la identificación, seguimiento y atención de casos, con el propósito de favorecer una detección oportuna entre las personas que hayan podido estar expuestas al virus.

De acuerdo con el criterio sanitario, los síntomas pueden presentarse entre 24 y 72 horas después del contacto con una persona contagiada, por lo que se recomienda a quienes estuvieron presentes mantenerse atentos a cualquier manifestación de enfermedad respiratoria durante ese periodo.

Asimismo, se exhorta a quienes presenten síntomas a utilizar cubrebocas, reforzar la higiene de manos, evitar el contacto cercano con otras personas y realizarse la prueba para confirmar o descartar la enfermedad.

La CCOM mantendrá comunicación con las y los representantes de los medios y proporcionará la información necesaria para el acceso a las pruebas y el seguimiento de las recomendaciones sanitarias.

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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que presentó resultados, inversiones y avances de Tlaxcala en materia de seguridad, además de entregar información sobre 7 objetivos prioritarios de interés para la Federación.

Así lo informó el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, quien destacó que el encuentro permitió revisar los principales componentes de la estrategia estatal de seguridad y su coordinación con la política federal.

De acuerdo con el funcionario, durante la reunión se expusieron los cuatro pilares de la estrategia de seguridad: coordinación, inteligencia, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención a las causas, además de los resultados obtenidos mediante programas sociales y otras acciones preventivas.

Martínez Velázquez afirmó que Tlaxcala actualmente es la entidad que más ha invertido en seguridad por habitante, además de presumir que el estado ocupa el primer lugar nacional en materia de refugios, como parte de las acciones de atención y protección a la población.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la reunión fue el intercambio de información de carácter estratégico. El vocero reveló que la gobernadora entregó al secretario federal información relacionada con objetivos prioritarios para el estado, cuya identidad y detalles no serán revelados públicamente por razones de seguridad.

El funcionario adelantó que esta información podría derivar en acciones de inteligencia y operativos federales coordinados con las autoridades estatales, por lo que pidió evitar interpretaciones sobre una supuesta falta de comunicación entre ambos niveles de gobierno.

“Se compartió información de objetivos prioritarios para el Estado”, sostuvo Martínez Velázquez, al señalar que posteriormente habrá inteligencia, colaboración y acciones operativas derivadas de esa coordinación.

El vocero también rechazó las versiones que plantean que las autoridades federales realizan operativos en Tlaxcala sin conocimiento del Gobierno estatal. Aseguró que existe comunicación y coordinación institucional, particularmente en asuntos relacionados con objetivos considerados relevantes para la seguridad de la entidad.

En este contexto, confirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana visitará Tlaxcala este miércoles, en una agenda que dará continuidad a los trabajos realizados durante la reunión con la gobernadora.

Martínez Velázquez insistió en que algunos detalles de los acuerdos y de la información compartida no pueden hacerse públicos antes de que concluyan las acciones de inteligencia y seguridad correspondientes.

El cargo Tlaxcala entregó a la Federación información sobre 7 objetivos prioritarios apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante los señalamientos sobre presuntas reuniones, ofrecimientos económicos y amenazas a trabajadores de la delegación del Bienestar en Tlaxcala para participar en actividades de carácter político, el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, llamó a los servidores públicos a denunciar cualquier acto de presión o condicionamiento laboral.

Martínez Velázquez sostuvo que, si existieran este tipo de prácticas dentro de la administración federal, los trabajadores cuentan con mecanismos institucionales para presentar las denuncias correspondientes, particularmente ante los Órganos Internos de Control.

“Los trabajadores tienen la posibilidad de denunciar ante el Órgano Interno de Control de la Federación sobre estas prácticas”, señaló el funcionario, al considerar que cualquier intento de un superior jerárquico por obligar a empleados públicos a participar en actividades políticas sería un asunto grave.

El vocero recordó que la administración estatal ha fijado públicamente una postura en contra de este tipo de conductas y que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha señalado que ningún secretario, titular o superior puede obligar a los trabajadores a participar en actividades políticas.

Ante las versiones difundidas en medios sobre presuntas presiones dentro del Gobierno Federal, Martínez Velázquez informó que se comunicó con el delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, para conocer su postura, ya que es el señalado por los trabajadores del gobierno de México.

De acuerdo con lo expuesto por el vocero, el delegado negó que se hayan realizado las reuniones señaladas y rechazó también que se hayan ofrecido pagos de 500 pesos a trabajadores, así como la existencia de amenazas para obligarlos a participar.

“Lo que me comenta el delegado es que es falso, que no se ha llevado a cabo este tipo de reuniones, ni el tema del dinero, ahí le ponen que ofrecía 500. Y sobre todo, tampoco el tema de las amenazas”, explicó Martínez Velázquez.

El funcionario agregó que, hasta donde tiene conocimiento, no existe una denuncia formal relacionada con estos hechos, por lo que consideró que el asunto se mantiene, hasta ahora, en el terreno mediático.

“Entiendo que no se ha hecho ninguna denuncia, todo es un tema mediático. Y lo que refiere el delegado es que es información falsa”, concluyó.

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El Gobierno de Tlaxcala sostuvo que el proyecto para la construcción de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalupe Ixcotla cuenta con el respaldo de la comunidad y aseguró que, hasta el momento, no existe ningún impedimento jurídico que frene el inicio de las obras.

El vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que el proyecto fue sometido a dos consultas públicas que, aseguró, cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“El proyecto cuenta con el aval de la comunidad”, sostuvo el funcionario, quien señaló que la administración estatal continuará coadyuvando con el Gobierno Federal para defender lo que calificó como la voluntad popular expresada en las asambleas comunitarias.

Martínez Velázquez reveló además que en septiembre comenzarían los procesos de licitación del IMSS para asignar las obras y permitir que los trabajos puedan iniciar durante este mismo año.

Explicó que tanto el proyecto de Zacatelco como el de Guadalupe Ixcotla ya fueron aprobados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuentan con recursos que deben ejercerse durante 2026.

Gobierno acusa falta de sustento jurídico en oposición

Ante las protestas y acciones emprendidas por un grupo de habitantes de Guadalupe Ixcotla que se opone al proyecto, el vocero afirmó que sus argumentos no han prosperado en las instancias electorales.

Recordó que los intentos por destituir al presidente de comunidad y posteriormente desconocer una asamblea fueron desestimados tanto por la autoridad electoral local como por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No tienen la razón jurídica”, afirmó Martínez Velázquez.

El funcionario consideró que ahora el grupo inconforme busca llevar el conflicto por la vía judicial, con asesoría legal que, desde su perspectiva, no tendrá resultados favorables.

Incluso señaló que ya han sido colocadas algunas pintas en bardas de la zona como parte de las acciones de rechazo al proyecto.

“No hay nada legal que impida el inicio de las obras”

El vocero fue categórico al señalar que, con la información que actualmente tiene el Gobierno del Estado, no existe una disposición legal que impida que el IMSS avance con el proceso de construcción.

Martínez Velázquez subrayó que se trata de una obra federal, por lo que la responsabilidad principal corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobierno Federal.

“El gobierno del estado, su único papel es coadyuvar con el gobierno federal para defender la voluntad de la gente”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que la postura de la administración estatal es respaldar el resultado de las asambleas comunitarias y garantizar que se respete la decisión que, de acuerdo con el gobierno, fue favorable a la construcción tanto del hospital como del CESI.

Con los procesos de licitación previstos para septiembre, el conflicto entre los habitantes que respaldan el proyecto y quienes buscan detenerlo podría trasladarse nuevamente al terreno jurídico, mientras el IMSS avanza con los procedimientos administrativos para ejercer los recursos durante este año.

El cargo Gobierno asegura “no hay impedimento legal para iniciar las obras en Ixcotla” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El vocero del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, informó que la Embajada de Estados Unidos desmintió las versiones difundidas en un medio de comunicación sobre una presunta investigación en contra de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por supuestos vínculos con la delincuencia organizada y un supuesto impedimento para ingresar a territorio estadounidense.

En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la representación diplomática negó la autenticidad de la información difundida y precisó que no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos ni de agencias internacionales que respalde las afirmaciones publicadas.

Antonio Martínez Velázquez señaló que, ante la difusión de estas versiones, el Gobierno de Tlaxcala analiza presentar una demanda penal y las acciones legales correspondientes en contra del medio de comunicación y del periodista responsables de la publicación, al considerar que incurrieron en presunta difamación y en la difusión de información falsa que daña la imagen de la titular del Poder Ejecutivo estatal.

El vocero indicó que el área jurídica del gobierno revisa el contenido de la publicación para determinar la estrategia legal que se seguirá en este caso.

Asimismo, sostuvo que estas publicaciones forman parte de una campaña mediática de “guerra sucia” emprendida por actores de la oposición con el objetivo de desacreditar a los gobiernos emanados de Morena y generar desinformación entre la ciudadanía.

Martínez Velázquez afirmó que este tipo de estrategias buscan influir en la percepción pública mediante información sin sustento oficial, por lo que reiteró que el Gobierno de Tlaxcala defenderá institucionalmente a la administración estatal y hará valer los recursos legales que correspondan.

Finalmente, el vocero insistió en que, de acuerdo con la información proporcionada por la Embajada de Estados Unidos, no existe ninguna investigación oficial contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por los hechos que fueron difundidos en la publicación señalada.

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El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que la administración estatal ha cumplido con todas las acciones que le corresponden legalmente para la recuperación de la laguna de Acuitlapilco y afirmó que las principales demandas planteadas por los activistas durante la protesta realizada este lunes recaen en el ámbito de competencia de los municipios.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que un grupo de 13 personas acudió a las instalaciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAET), donde colocó de manera simbólica sellos de clausura para manifestar su inconformidad con las acciones emprendidas en favor del cuerpo de agua.

Martínez Velázquez sostuvo que, por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, desde 2023 el Gobierno del Estado coordina un programa integral para la recuperación de la laguna, desarrollado en cuatro etapas con la participación de autoridades federales, estatales, municipales, organizaciones comunitarias y sociedad civil.

Respecto al colectivo “Patos Verdes”, el coordinador de Comunicación señaló que la organización enfrentó diferencias internas entre sus integrantes debido a desacuerdos sobre los métodos de trabajo e incluso afirmó que uno de sus miembros pretendía cobrar por actividades que, dijo, no correspondían, situación que derivó en una división del grupo.

Sobre las denuncias relacionadas con las descargas de aguas residuales, Martínez Velázquez explicó que la clausura de descargas directas al vaso de la laguna es una atribución de las autoridades federales, mientras que el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales corresponden exclusivamente a los municipios, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, reconoció que los manifestantes tienen un planteamiento válido al señalar que las descargas continúan siendo un problema ambiental, aunque insistió en que esa responsabilidad recae en los tres ayuntamientos que comparten territorio con la laguna.

En cuanto a los avances del proyecto de recuperación, informó que actualmente se desarrolla la cuarta etapa, cuya meta es intervenir 2.3 kilómetros de la ribera. Precisó que hasta el momento se han atendido 1.5 kilómetros, equivalente al 65 por ciento del objetivo.

Asimismo, detalló que entre el 25 de junio y el 3 de julio se realizaron trabajos en aproximadamente un kilómetro de la zona federal, consistentes en desazolve parcial del vaso, retiro y acomodo de material pétreo para conformar barreras de protección y habilitar superficies de tránsito.

Como parte de las acciones comunitarias, indicó que se entregó herramienta a la Cooperativa Acuícola, Ambientalista y Promotora Cultural de la Laguna de Acuitlapilco, organización que participa en el mantenimiento de las áreas recuperadas.

El funcionario también aseguró que el nivel de recuperación del cuerpo de agua ha sido significativo, al señalar que el llenado estimado pasó de 10 por ciento en 2022 a 95 por ciento en la actualidad, de acuerdo con los reportes comunitarios.

Finalmente, Antonio Martínez Velázquez reiteró que la PROPAET ha actuado dentro del marco de sus atribuciones, coordinando acciones con los tres órdenes de gobierno y destinando recursos para la recuperación de la laguna; sin embargo, enfatizó que las demandas relacionadas con el sistema de drenaje y las descargas de aguas residuales deben dirigirse a los gobiernos municipales, ya que son las autoridades legalmente responsables de prestar esos servicios públicos.

El cargo Gobierno de Tlaxcala defiende acciones en la laguna de Acuitlapilco apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las escuelas militarizadas que funcionan en Tlaxcala enfrentarán una revisión integral ordenada por el Gobierno Federal para verificar si cumplen con el marco constitucional y la normatividad educativa, un proceso que podría derivar en la suspensión o cancelación de aquellas que operen al margen de la ley.

Así lo dio a conocer el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, quien confirmó que la instrucción fue emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y será aplicada de manera obligatoria en las 32 entidades del país.

El funcionario explicó que la revisión responde a un acuerdo impulsado desde el Gobierno de México y tiene como objetivo identificar cuántas escuelas de este tipo existen, bajo qué condiciones operan y si respetan lo establecido en el artículo tercero de la Constitución y las disposiciones legales en materia educativa.

Aunque evitó precisar cuántas instituciones funcionan actualmente en Tlaxcala o si alguna presenta irregularidades, reconoció que será el proceso de inspección el que determine si cumplen con todos los requisitos para seguir ofreciendo sus servicios.

“Las escuelas militarizadas se tienen que revisar. Es una instrucción del secretario de Educación Pública federal que fue abordada con la presidenta de la República. Todos los estados tendrán que hacerlo”, afirmó.

Martínez Velázquez sostuvo que, de comprobarse que alguna institución incumple la legislación vigente o no está autorizada para operar bajo ese modelo educativo, no podrá continuar prestando el servicio.

“Si este tipo de instituciones no están permitidas o no cumplen con lo que establece el artículo tercero constitucional y las leyes relativas a la educación, evidentemente no pueden funcionar”, puntualizó.

El vocero estatal subrayó que la prioridad es proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como brindar certeza a los padres de familia que confían en que los planteles donde estudian sus hijos operan conforme a la ley.

Sobre una eventual clausura de escuelas militarizadas, aclaró que por ahora no existe una decisión tomada, ya que primero deberán concluir las inspecciones.

“No lo sé, porque tiene que haber una revisión primero. Lo que es verdad es que se van a revisar”, concluyó.

El cargo Bajo la lupa escuelas militarizadas en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que desea ser recordado como un vocero que transformó la relación entre el gobierno y los medios de comunicación a través de la información, y no como un funcionario señalado por presuntos privilegios o beneficios obtenidos desde el servicio público.

Durante un encuentro con representantes de los medios, el funcionario sostuvo que su gestión rompió con la idea de que una buena relación entre gobierno y prensa depende del dinero destinado a convenios publicitarios, al afirmar que el verdadero vínculo debe construirse con información oportuna y de interés público.

“Me gustaría que me recordaran como alguien que informa”, expresó al señalar que la obligación del gobierno es garantizar el acceso a la información y no condicionar su difusión mediante recursos económicos.

Martínez Velázquez sostuvo que, desde su llegada a la Coordinación de Comunicación Social, impulsó un modelo basado en la apertura institucional, poniendo como ejemplo la posibilidad de que los periodistas dialoguen directamente con funcionarios de primer nivel, como el fiscal estatal.

“Díganme ustedes si antes habían tenido la oportunidad de tener una conversación con el fiscal. A mí me importa que haya información; ese es el mejor mecanismo para tener una buena relación con la prensa”, afirmó.

El vocero reconoció que su postura ha generado incomodidad en algunos sectores acostumbrados a una dinámica distinta con los medios de comunicación.

“Quizá estaban acostumbrados a que la buena relación con la prensa era con dinero. Yo veo que es con información. La información que genera el gobierno es pública y, por sí misma, tiene valor e interés”, señaló.

Incluso calificó como “un absurdo” pensar que el gobierno deba pagar para que se publiquen hechos de interés público, pues consideró que la relevancia de la información oficial no depende de incentivos económicos.

En la parte más contundente de su mensaje, Antonio Martínez Velázquez aseguró que, al concluir su paso por la administración estatal, quiere dejar como legado una política de comunicación sustentada en la transparencia y no en beneficios personales.

“Por fortuna, me pueden atacar por mi manera de ser, pero jamás por un tema de corrupción. O porque tengo una plaza ahí, porque tengo algo. Como no tengo esa parte, la verdad no me preocupa”, declaró.

La afirmación cobra relevancia en un contexto donde han surgido cuestionamientos públicos por la asignación de plazas federales en el sector educativo a funcionarios ajenos al ámbito docente, un tema que ha generado críticas sobre el uso de cargos públicos para otorgar beneficios laborales.

Sin mencionar nombres, el vocero dejó claro que prefiere ser identificado por haber privilegiado la transparencia y el acceso a la información, antes que por haber utilizado el servicio público para obtener prebendas o construir un patrimonio burocrático. Con ello, envió un mensaje que inevitablemente contrasta con los señalamientos que han rodeado a otros integrantes de la administración estatal por la entrega de plazas y beneficios administrativos.

El cargo “Quiero que me recuerden por informar, no por una plaza”: Antonio Martínez apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La corrupción al interior del gobierno del Estado continuará, no en mayor medida, pero persistirá en un bajo porcentaje y se seguirá viendo, así lo admitió el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez que defendió la gestión de Homero Meneses Hernández al frente de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) pues a su parecer redujo significativamente el número de trabajadores conocidos como “aviadores”, al señalar que cuando el exfuncionario asumió el cargo existían más de 300 casos y “hoy hay 161”.

En los diálogos circulares, el vocero estatal respondió a los cuestionamientos sobre la existencia de 161 presuntos “aviadores” y sostuvo que esa cifra no representa una situación nueva, pues, aseguró, el propio Homero Meneses ya había informado previamente sobre el tema.

“Lo preguntas como si fuera una novedad, pero lo dijo aquí. De hecho, dice 161 aviadores. Él, cuando llegó a la Secretaría de Educación, había más de 300”, declaró.

Martínez Velázquez explicó que varios de esos casos correspondían a personal asignado a áreas administrativas o de apoyo vinculadas a la estructura sindical y que, durante la administración de Meneses Hernández, fueron reubicados para desempeñar funciones específicas dentro de la dependencia.

Indicó que el objetivo de esa administración fue erradicar una práctica que, aseguró, ya existía antes de la llegada del entonces secretario de Educación.

“Homero lo que hizo fue tratar de acabar con esa práctica que él encontró cuando llegó”, afirmó.

Respecto a los señalamientos sobre la asignación de plazas administrativas y no docentes, el coordinador de Comunicación Social señaló que esos procesos siguen mecanismos distintos a los de las plazas docentes y, en muchos casos, responden a acuerdos y dinámicas heredadas de la vida sindical.

Añadió que, mientras esos procedimientos se encuentren dentro del marco legal y de las disposiciones aplicables al sindicato, no existirían elementos para iniciar una investigación.

“Cuando se hace una investigación, si ese tipo de procesos son legales o legítimos dentro del sindicato, no tendría por qué haber una investigación”, concluyó.

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