Más allá del decreto 155, que marca la desaparición del organismo y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Finanzas, un tema ha captado la atención de la opinión pública: el supuesto intercambio de personal entre el IAIP y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET). ¿Cortina de humo o realidad tangible?

En días recientes, medios locales y redes sociales han señalado un caso particular: el de Berenice Lima, funcionaria del IAIP que, según publicaciones, habría estado cobrando simultáneamente en el TET, sugiriendo un posible caso de nepotismo o “enjuague” institucional.

Arturo de Casa, presidente del IAIP, abordó estas acusaciones en una entrevista reciente, desmarcándose de cualquier irregularidad. Según De Casa, Lima ingresó al instituto en 2022, bajo la ponencia del comisionado Ángel Espinosa, y no está adscrita a su presidencia ni a su ponencia.

Además, aclaró que la funcionaria solicitó una licencia sin goce de sueldo por una semana por motivos personales, aprobada por el Consejo General, y que ya se reincorporó a sus labores en el área de atención ciudadana del IAIP.

Sin embargo, las explicaciones de De Casa no disipan del todo las dudas. La mención de un supuesto “intercambio” de personal entre el IAIP y el TET, aunque desmentida por el presidente del instituto, refleja una percepción arraigada en Tlaxcala: las instituciones públicas, lejos de ser fortalezas de transparencia, a veces se convierten en piezas de un ajedrez político donde los cargos se negocian y los puestos se acomodan.

La falta de información clara sobre las actividades de Lima durante su licencia y la negativa de De Casa a ahondar en los rumores sobre el TET solo alimentan la especulación. ¿Es posible que una funcionaria pueda desempeñarse en dos instituciones públicas sin que ello implique un conflicto de interés? La opacidad en este punto no ayuda a la credibilidad de las instituciones involucradas.

El contexto de esta controversia no puede ignorarse. La extinción del IAIP Tlaxcala, decretada a nivel nacional y replicada en las entidades, responde a una reestructuración que busca centralizar las funciones de transparencia en órganos desconcentrados.

En este proceso, el IAIP ha destacado por su disciplina financiera, logrando un ahorro de más de un millón y medio de pesos que serán devueltos a la Secretaría de Finanzas.

De Casa presume que el instituto cumplió en cuatro meses un programa anual de 12 meses, un logro que, aunque notable, no desvía la atención de las críticas sobre la gestión del personal y los supuestos acomodos.

El caso de Berenice Lima no es aislado. En Tlaxcala, la política local ha estado marcada por señalamientos de nepotismo y tráfico de influencias en diversos organismos.

La cercanía entre el IAIP y el TET, ambos actores clave en la vida democrática del estado, hace que cualquier indicio de irregularidad resuene con fuerza.

Si bien no existen pruebas concluyentes de un “enjuague” institucional, la percepción de que los cargos públicos se distribuyen entre aliados políticos persiste, erosionando la confianza en las instituciones.

En este escenario, la extinción del IAIP podría ser una oportunidad para replantear la transparencia en Tlaxcala, no solo en términos de acceso a la información, sino en la gestión de los recursos humanos en el sector público.

Mientras los 41 trabajadores del instituto, incluidos los comisionados, se preparan para la liquidación conforme al decreto, la ciudadanía espera que la transición sea un ejercicio de claridad y no un capítulo más de la opaca política local.

La pregunta queda en el aire: ¿es el caso de Berenice Lima un malentendido o la punta del iceberg de prácticas más profundas? Solo una investigación exhaustiva y transparente podrá aclararlo.

Otra vez Miguel Nava, presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala vuelve a estar en medio del conflicto pues de confirmarse este enjuage de cargos se podría reiterar una nueva “estrategia” del jurista para colocar a su gente, sin pudor y sin vergüenza.

Por lo pronto, Tlaxcala sigue siendo un reflejo de los retos que enfrenta la democracia local: la necesidad de instituciones sólidas, libres de sospechas y al servicio de la ciudadanía, no de los intereses de unos pocos.

El cargo La danza de los cargos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Un morenista de cepa entrará al quite después de que la más reciente designación recayera en un proclive priista, como lo es Ángel Espinoza Ponce.

Desde su cargo como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Espinoza Ponce ya era un identificado priista que después se confirmó cuando llegó a la representación, como propietario, del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en un no muy lejano 2016.

El proceso de designación de Espinoza Ponce lo llevó completo la diputada local Blanca Águila Lima como Presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado. En este nuevo proceso de designación la legisladora priista quedó fuera, por eso su abierta inconformidad con lo que ahora sucede.

No debe haber sorprendidos en este nuevo proceso de designación. Es una realidad que el PRI colocó a uno de los suyos en el IAIP hace apenas un par de años, y por eso el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) vino por sus fueros en este 2023.

La inconformidad de Blanca Águila estriba en la imposibilidad de haber impuesto a otro de los suyos en el IAIP-Tlax, por más que pataleé en una inconformidad que no llegará a ningún lado.

Es posible que este 12 de diciembre vuelva a despotricar en contra del proceso, y que en la inconformidad sea acompañada por su homólogo Juan Manuel Cambrón Soria, pero no hay sorpresa alguna. Seguramente esperaban el golpe desde antes de la publicación de la convocatoria.

Eso no implica, sin embargo, minimizar el hecho de que el órgano autónomo encargado de la transparencia en Tlaxcala, sea objeto de una clarísima partidización.

Las y los legisladores locales actúan tan parciales que dejan fuera la posibilidad de una verdadera ciudadanización de los órganos autónomos, como es el caso del IAIP-Tlax.

Arturo De Casa es un militante morenista de hueso colorado que nunca ha ocultado su militancia. En Internet mismo aparecen fotografías suyas con vestimenta identificada con Morena, pero no sólo eso, sino que al menos fue un funcionario estatal, con cargo de dirección, de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

De casa se desempeñó como jefe de oficina del área de Impulso al Comercio Exterior. Es un caso similar al de recién designado titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, salido de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

El tufo está clarísimo y ya huele a hedor: Morena utiliza los órganos electorales autónomos para colocación de los suyos.

Blanca Águila cometió un error gravísimo al inducir un proceso a favor de los suyos en 2021, que ahora se le revierte a pesar de su débil inconformidad, acompañada de un solitario congresista Manuel Cambrón, a quien ni su compañero de bancada le sigue en sus votaciones.

No vamos, bien. En todo caso, ante el reparto descarado de posiciones en los órganos autónomos, es preferible su desaparición, como lo ha sugerido el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Órganos partidizados no tienen razón de ser. Se ha dejado a un lado la participación ciudadana, la verdadera, no disfrazada. Y esta Legislatura es responsable de la desacreditación.

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El cargo Nuevo inquilino del IAIP es “De Casa” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.