La negociación entre la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) y Fundación Azteca para redefinir el convenio de colaboración de la Escuela Secundaria Técnica No. 58, ubicada en Totolac, entró en una fase de mayor tensión luego de que un grupo de madres y padres de familia se movilizara en el centro de la capital, pese a que apenas un momento antes ambas partes habían acordado mantener abierta la revisión del acuerdo.

La protesta incluyó el bloqueo de una de las principales vialidades del Centro Histórico y la presentación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Tlaxcala, integrada por estudiantes del propio plantel, quienes ofrecieron una muestra musical durante la manifestación.

La movilización coincidió con el momento en que el Gobierno del Estado insistía en que el convenio con Fundación Azteca permanece vigente y continúa bajo análisis jurídico, administrativo y financiero, por lo que no existe una determinación definitiva sobre su futuro.

Al fijar la postura oficial, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, sostuvo que la revisión del convenio obedece a la necesidad de hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, sin que ello implique afectar la continuidad del proyecto educativo.

El funcionario explicó que el convenio fue diseñado originalmente para financiar, con una sola aportación estatal, la operación de los niveles de secundaria y bachillerato. Sin embargo, actualmente el esquema únicamente atiende a estudiantes de secundaria, por lo que la administración estatal considera indispensable adecuar el monto de la inversión pública a los servicios que efectivamente se prestan.

Esa propuesta, precisó, ha sido planteada a Fundación Azteca durante las mesas de trabajo; no obstante, la organización no ha aceptado modificar las condiciones económicas del convenio, por lo que las negociaciones permanecen abiertas.

Meneses Hernández rechazó que la intención del Gobierno sea cancelar el modelo educativo o retirar los servicios que distinguen a la institución. Por el contrario, aseguró que, en caso de no alcanzarse un nuevo acuerdo con la organización civil, la SEPE-USET implementará las adecuaciones necesarias para que la comunidad escolar continúe recibiendo la oferta académica, cultural y formativa que actualmente caracteriza al plantel, ahora mediante un esquema operado directamente por la autoridad educativa.

La diferencia de posiciones evidencia el principal punto de conflicto entre ambas partes. Mientras el Gobierno estatal sostiene que el financiamiento debe corresponder a la operación real de la escuela y al número de niveles educativos que actualmente funcionan, Fundación Azteca mantiene su postura de conservar el esquema financiero vigente, aun cuando las condiciones bajo las cuales fue firmado el convenio han cambiado.

En ese contexto, el diferendo comenzó a desplazarse del ámbito administrativo hacia el escenario de la presión pública. La protesta se realizó cuando la mesa de negociación seguía abierta y antes de que concluyera el análisis técnico del convenio, circunstancia que diversos observadores interpretan como un intento por elevar el costo político de la discusión y presionar a la administración estatal para mantener intactas las condiciones económicas del acuerdo.

Al mismo tiempo, el conflicto ha comenzado a incorporar actores externos a la comunidad educativa. En redes sociales se hizo evidente el respaldo del exdiputado local Miguel Ángel Covarrubias, quien en los últimos meses ha intensificado su actividad pública con miras a futuros procesos electorales, incorporando este diferendo a su agenda política y trasladando una discusión de carácter técnico al terreno de la confrontación pública.

Frente a ese escenario, la autoridad educativa insiste en que el propósito de la revisión no es desmantelar uno de los proyectos académicos más reconocidos del estado. La Técnica 58 ha obtenido durante los últimos años reconocimientos nacionales e internacionales por sus resultados académicos, ambientales y artísticos, además de figurar entre las escuelas finalistas de los World’s Best School Prizes 2026.

La SEPE-USET recordó también que este modelo fue concebido originalmente para atender a estudiantes con altas capacidades intelectuales mediante un esquema de educación especializada. Con el paso de los años, los criterios de admisión fueron flexibilizados, ampliando el perfil de ingreso de la matrícula, una condición que forma parte de la evaluación integral que actualmente realiza la dependencia.

Pese al incremento de la tensión, el Gobierno del Estado sostiene que la vía institucional permanece abierta y que continúa privilegiando el diálogo como mecanismo para construir un nuevo acuerdo que garantice la continuidad del servicio educativo, preserve la calidad del modelo y permita un ejercicio más eficiente de los recursos públicos.

La administración estatal considera, sin embargo, que la viabilidad de ese proceso dependerá de que las partes respeten los compromisos asumidos durante la negociación y permitan que las decisiones se sustenten en criterios técnicos, jurídicos y financieros. De lo contrario, advierte, la difusión de versiones parciales, información no corroborada y mensajes propagados a través de redes sociales y grupos de mensajería puede alterar la percepción pública del conflicto y desviar una discusión que, oficialmente, continúa en etapa de análisis.

El cargo SEPE mantiene la revisión de convenio con Fundación Azteca apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 58 “Profesor Florentino Domínguez Ordóñez” manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que concluya el convenio entre el Gobierno del Estado y Fundación Azteca, al considerar que la desaparición del modelo educativo afectaría directamente a cientos de estudiantes.

En entrevista, Ivette Cuéllar, madre de familia de la institución, aseguró que la comunidad escolar se encuentra consternada tras las declaraciones del secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, sobre las alternativas para sustituir el esquema que actualmente opera en el plantel.

Explicó que la prioridad para los padres de familia es que Fundación Azteca continúe en la Técnica 58, al señalar que se trata de un modelo educativo único en Tlaxcala que ha brindado oportunidades de formación artística, cultural y de desarrollo integral que no existen en otras escuelas públicas del estado.

“Queremos que el modelo de Fundación Azteca permanezca porque es algo que ninguna escuela tiene en Tlaxcala y nuestros hijos serían los principales afectados si desaparece”, expresó.

Respecto a la propuesta de que la Secretaría de Educación Pública replique los beneficios que actualmente ofrece la fundación, Ivette Cuéllar consideró que esa alternativa difícilmente podría implementarse de manera inmediata, debido a la complejidad del modelo y a los posibles procedimientos administrativos y legales que implicaría su puesta en marcha.

Advirtió que, mientras ese proceso se desarrolla, las generaciones que ingresarán al plantel y los alumnos que actualmente cursan primero y segundo grado perderían la oportunidad de acceder a los programas académicos, artísticos y de formación integral que distinguen a la institución.

Los padres de familia solicitaron al Gobierno del Estado mantener vigente el convenio con Fundación Azteca, al menos mientras se alcanza un acuerdo definitivo que garantice la continuidad de los programas sin afectar a la comunidad estudiantil.

Asimismo, propusieron que, si la administración estatal pretende desarrollar un modelo educativo similar, éste sea implementado inicialmente como un programa piloto en otra institución educativa, con el fin de evaluar sus resultados antes de sustituir el esquema que actualmente funciona en la Técnica 58.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales para privilegiar el diálogo y concretar las negociaciones con Fundación Azteca, con el objetivo de preservar un proyecto educativo que, afirmaron, ha demostrado beneficios para la formación académica, artística y personal de los estudiantes.

El cargo Padres de familia de la Técnica 58 insisten que Fundación Azteca permanezca en la institución apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández informó que el convenio fue firmado durante la administración anterior y contempló una primera aportación superior a los 5.5 millones de pesos, además de una segunda ministración. Sin embargo, explicó que el acuerdo original incluía la implementación de un bachillerato que finalmente no se concretó, por lo que el monto del convenio fue reducido.

No obstante, sostuvo que la disminución realizada hasta ahora “no es suficiente”, por lo que el Gobierno estatal busca una nueva propuesta financiera por parte de Fundación Azteca que permita mantener el proyecto con una aportación menor de recursos públicos.

El funcionario reveló que este viernes sostuvo una conversación con representantes de la fundación y acordó una reunión, prevista para este fin de semana o a más tardar el lunes, en la que la organización presentará una nueva propuesta económica, luego de reunirse con madres y padres de familia para analizar alternativas de continuidad.

“Si la nueva propuesta financiera satisface lo que nosotros hemos planteado, no tendría ningún inconveniente en darle continuidad”, afirmó.

Indicó que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, el Gobierno del Estado analiza asumir directamente los servicios que actualmente presta Fundación Azteca, entre ellos la orquesta, el uso de tabletas electrónicas y diversos proyectos educativos desarrollados en la institución.

Sin embargo, advirtió que esta alternativa enfrenta limitaciones legales, ya que el diseño del programa y varios de sus componentes son propiedad intelectual de Fundación Azteca, por lo que sería necesario realizar adecuaciones para evitar conflictos relacionados con derechos de autor.

El funcionario reconoció los resultados obtenidos por la Técnica 58, al señalar que el proyecto educativo se encuentra postulado a uno de los premios más importantes de educación a nivel mundial. Recordó además que una docente vinculada al programa obtuvo ese mismo reconocimiento hace tres años y viajó a Dubái para recibirlo con el respaldo de la propia fundación.

Respecto al monto que el Gobierno estatal planteó como contrapropuesta económica, evitó revelar la cifra al señalar que primero deberá concluir la negociación con Fundación Azteca y, una vez alcanzado un acuerdo, se dará a conocer públicamente.

El cargo Gobierno negociará con Fundación Azteca convenio para la Técnica 58 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la presentación, decenas de jóvenes deleitaron a los asistentes con un repertorio de obras clásicas que atrajo la atención de familias, turistas y ciudadanos que transitaban por el centro de la ciudad. La música se convirtió en el principal vehículo para expresar la preocupación de estudiantes, docentes y padres de familia por la incertidumbre que enfrenta el programa.

Los manifestantes señalaron que la Orquesta Sinfónica Azteca representa mucho más que un espacio de enseñanza musical, pues ofrece talleres, actividades de formación integral y dinámicas que contribuyen al desarrollo académico, artístico y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que solicitaron que el convenio con Fundación Azteca sea renovado para asegurar la continuidad de estas acciones.

En la movilización, una comisión de padres de familia dialogó por personal de la Secretaría de Gobierno, con quien sostuvo una reunión para exponer sus inquietudes y plantear la necesidad de brindar certeza al proyecto.

Los funcionarios estatales se comprometieron a analizar las peticiones presentadas y mantener el diálogo con los representantes de las familias. No obstante, indicaron que será en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado donde se evaluará la viabilidad financiera para determinar si existe disponibilidad presupuestal que permita mantener vigente el convenio con Fundación Azteca.

Mientras tanto, padres de familia y estudiantes reiteraron que permanecerán atentos al desarrollo de las mesas de trabajo y confiaron en que las autoridades privilegien la continuidad de un programa que, afirmaron, ha beneficiado a cientos de jóvenes tlaxcaltecas mediante la educación artística y la formación musical.

El cargo Con música clásica exigen continuidad de plantel Azteca en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Alumnos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), cerraron las instalaciones de la institución y tomaron carreteras que conducen al plantel como medida de presión para que el gobierno del Estado restablezca las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno, a fin de dar respuesta a las peticiones de destitución del rector, Lenin Calva Pérez y de directivos que lo acompañan.

Desde temprano, ahora los estudiantes tomaron las instalaciones de la universidad y evitaron el paso de directivos a la institución, los estudiantes esperaron la llegada del rector para establecer una mesa de diálogo, sin embargo, nunca llegó para intentar dialogar con trabajadores y estudiantes, por lo que decidieron cerrar las instalaciones y tomar las carreteras que conducen a la Universidad.

En este sentido, el coordinador de comunicación social del gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, insistió a las partes involucradas en que el diálogo es la única alternativa para resolver los problemas, por las partes a mantener un diálogo permanente.

Dijo que el gobierno del Estado no cederá a las presiones políticas, ni presiones estudiantiles, “pues ponen como condición, el cese del rector, para retomar el diálogo con la Secretaría de Gobierno y eso no va a suceder”.

Finalmente m, mencionó que el paro que mantienen en la UTT no abona al principal derecho a la educación de las y los alumnos y de los docentes.

El cargo Cierran alumnos la UTT y carreteras, gobierno insiste en diálogo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Lo que comenzó como una serie de inconformidades laborales y administrativas hoy se ha convertido en una crisis institucional que amenaza con hundir la imagen, la estabilidad y el futuro de una de las principales instituciones de educación superior del estado en la región oriente.

En medio de este escenario, docentes adheridos a la CTM han señalado directamente a dos personajes como corresponsables del deterioro que vive la Universidad: el rector Lenin Calva Pérez y el director administrativo Daniel Herrera Carvajal.

Las acusaciones son graves y, de confirmarse, revelarían un patrón de prácticas que poco tienen que ver con la transparencia, la eficiencia y la vocación de servicio que deberían distinguir a los servidores públicos de la llamada Cuarta Transformación y además los desenmascararía como camaleones que han ultrajado los principios y valores de la auténtica 4T.

Los docentes sostienen que recursos destinados a las actividades básicas de la institución no fluyen de manera adecuada debido al pago de costosas facturas en el restaurante Punta Tlaxcala, establecimiento ubicado en Apizaco y que, aseguran, es propiedad del propio director administrativo. De ser cierto, estaríamos ante un evidente conflicto de interés que merece una revisión exhaustiva por parte de las instancias fiscalizadoras y analizar sanciones administrativas y hasta posibles procedimientos ante instancias judiciales.

Pero los cuestionamientos no terminan ahí, trabajadores de la Universidad denuncian que Daniel Herrera mantiene una presencia mínima en las instalaciones de la UTT, desempeñándose prácticamente en modalidad de “home office”, mientras exige a otros funcionarios y directivos asumir responsabilidades y firmar documentos administrativos. Una situación que genera molestia entre el personal y alimenta la percepción de que existen privilegios para unos cuantos.

Los antecedentes del funcionario tampoco ayudan a disipar las dudas. Según diversas versiones, durante la actual administración estatal ha pasado por dependencias como COEPRIST, SEPE-USET, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin que su desempeño haya dejado resultados destacados. Por el contrario, se le atribuyen constantes conflictos, decisiones cuestionables y episodios que han provocado su salida de las dependencias.

Particularmente llamativas son las versiones que lo ubican en la SEPE-USET, donde apenas habría permanecido unos días, tiempo suficiente —afirman trabajadores— para generar problemas relacionados con el consumo de combustible, daños a un vehículo oficial e incluso la desaparición de equipo institucional. Son señalamientos delicados que, más allá del rumor político, tendrían que investigarse para determinar si existe sustento o si forman parte de una campaña de desgaste.

Otro aspecto que preocupa es el perfil profesional del funcionario. Los docentes sostienen que no cuenta con la formación académica requerida para desempeñar una responsabilidad administrativa de tal magnitud. Si esto es así, la pregunta es inevitable: ¿qué criterios utilizó el Gobierno de Tlaxcala para su nombramiento?

Sin embargo, reducir la crisis de la UTT únicamente a Daniel Herrera sería simplificar el problema. La mayor responsabilidad política recae en el rector Lenin Calva Pérez, quien ha permitido que las inconformidades crezcan hasta convertirse en un conflicto de grandes dimensiones. Un rector no sólo administra recursos; también administra confianza, liderazgo y gobernabilidad. Y cuando una comunidad universitaria se siente ignorada, la responsabilidad termina inevitablemente en la oficina principal.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala necesita respuestas, no silencios. Necesita auditorías, no justificaciones. Necesita funcionarios capaces de rendir cuentas y demostrar resultados.

Cuando una institución educativa se convierte en escenario de denuncias, sospechas y confrontaciones internas, los principales afectados no son los funcionarios ni los grupos políticos. Son los estudiantes, los docentes y el prestigio de una universidad que debería estar concentrada en formar profesionistas, no en sobrevivir a sus propios conflictos administrativos, solapando a políticos que se cambian de partidos como de calcetines.

La permanencia o salida de los funcionarios señalados será una decisión del Gobierno del Estado. Lo que ya no admite discusión es que la UTT requiere una profunda revisión de su rumbo antes de que la crisis termine por devorar la credibilidad de una institución que durante años fue motivo de orgullo para Tlaxcala, logrando certificaciones nacionales e internacionales destacando a su planta académica y a los universitarios quienes han colocado el nombre Bere de la UTT en la órbita nacional e internacional.

El cargo La UTT hundida en una crisis que tiene nombre y apellido apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las denuncias contra el rector Lenin Calva Pérez reflejan un hartazgo acumulado entre docentes, trabajadores y estudiantes, quienes acusan abandono institucional, malos manejos administrativos, hostigamiento laboral, deterioro académico y una preocupante falta de liderazgo. En los últimos días, las protestas escalaron hasta la toma de instalaciones y la exigencia abierta de su salida.

Lo más grave no son únicamente las acusaciones actuales, sino el patrón político que muchos observan detrás de su trayectoria. Lenin Calva ha logrado mantenerse vigente en distintos gobiernos y bajo diferentes colores partidistas, acomodándose siempre en espacios de poder. Esa habilidad para sobrevivir políticamente quizá le ha permitido mantenerse en la estructura pública, pero hoy la factura la paga una institución educativa que debería estar enfocada en formar profesionistas, no en servir como plataforma de grupos políticos.

Mientras en otras universidades tecnológicas del país se fortalecen programas, laboratorios y vínculos con el sector productivo, en Tlaxcala la conversación gira en torno a conflictos internos, protestas sindicales, señalamientos de privilegios y acusaciones de abandono. Trabajadores y alumnos denuncian laboratorios obsoletos, carencias académicas y un ambiente laboral cada vez más deteriorado.

Las manifestaciones recientes también evidencian algo todavía más delicado: la pérdida de confianza de la propia comunidad universitaria. Cuando estudiantes, docentes y personal administrativo coinciden en que una institución va en declive, el problema deja de ser político y se convierte en una emergencia educativa.

No se puede normalizar que una universidad pública viva permanentemente entre paros, conflictos y acusaciones. Tampoco puede minimizarse que existan señalamientos recurrentes desde hace meses sobre ausentismo, incumplimientos y crisis de liderazgo.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala necesita recuperar su esencia: ser un espacio de formación, innovación y oportunidades para miles de jóvenes tlaxcaltecas. Pero eso difícilmente ocurrirá mientras el poder político siga pesando más que la capacidad académica y administrativa.

Hoy la pregunta no es solamente si Lenin Calva Pérez debe continuar o no al frente de la institución. La verdadera pregunta es cuánto daño más puede soportar la universidad antes de que el deterioro sea irreversible.

Porque cuando la política convierte a las universidades en botín, quienes terminan perdiendo siempre son los estudiantes.

El cargo La UTT secuestrada por la política apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Educación para fortalecer el entorno educativo, promover mejores estilos de vida saludables, impulsar una cultura de paz y consientizar sobre el uso responsable de tecnologías de la información en instituciones escolares.

Diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto presentado por las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.

Las iniciativas fueron presentadas por las diputadas Anel Martínez Pérez, Engracia Morales Delgado y Madai Pérez Carrillo.

También se abordaron temas para consolidar ambientes escolares seguros, inclusivos y saludables, mediante mecanismos orientados a prevenir la violencia escolar, fortalecer la convivencia pacífica, promover la actividad física y fomentar hábitos alimenticios saludables entre niñas, niños y adolescentes.

La reforma armoniza la legislación local con disposiciones previstas en la Ley General de Educación vinculadas al uso responsable de tecnologías de la información y la protección de los derechos de las y los estudiantes.

En tribunales, las legisladoras destacaron la importancia de las reformas aprobadas que beneficiarán a la comunidad escolar y cuyo objetivo es fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

El cargo Reforman Ley de Educación para regular uso de tecnologías en estudiantes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al mantener solo su teoría de riesgo sin mostrar dictámenes que avalen su argumentación, Meneses Hernández fue contundente y aclaró que la decisión no está sujeta a negociación, al tratarse de un tema de seguridad.

“Es una decisión ya tomada; no tengo ninguna facultad legal, ni yo, ni la gobernadora, ni la presidenta de la República para mantener la escuela en ese lugar. Estamos acatados a tomar esta decisión”, dijo.

Finalmente, el funcionario reiteró que la reubicación responde exclusivamente a criterios técnicos y legales, y no a una determinación política, por lo que el gobierno estatal debe cumplir con los dictámenes correspondientes para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

El cargo La escuela Emiliano Zapata se cambia porque se cambia, dijo Homero Meneses apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La vida de mil 250 estudiantes de la secundaria general “Presidente Juárez” de la capital, está en riesgo porque diariamente acuden a la institución a recibir clases en edificios que cuentan con un dictamen de alerta por fallas estructurales ocasionadas por el sismo de 2017.

Por su parte, las autoridades educativas confirmaron que el Gobierno de Tlaxcala no demolerá, ni construirá el nuevo edificio, tal y como lo prometieron el 13 de enero de 2025.

A un año de distancia, padres de familia y alumnos temen por su vida de ser sepultados por el edificio que tiene más de 60 años y se encuentra fuera de norma de construcción, además de tener una llamada de alerta estructural.

Además, externaron su preocupación y su inquietud debido a que en las semanas recientes se registraron sismos en Tlaxcala y temen que los edificios se derrumben.

Cabe recordar que el anuncio de la nueva secundaria fue presentado en rueda de prensa el lunes 13 de enero de 2025, donde anunciaron los “Acuerdos de Proyectos de Inversión del Gobierno Federal para Tlaxcala”.

En aquella ocasión, las autoridades de gobierno contemplaron la demolición de los edificios que tienen más de 60 años y atienden a mil 250 alumnos en los turnos matutino y vespertino.

Además, el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández reforzó la propuesta de demoler la institución al argumentar que la secundaria “Presidente Juárez” se encuentra fuera de norma al tener cuatro niveles, y en Tlaxcala la norma establece como límite máximo 3 niveles.

El cargo En riesgo la vida de alumnos de la “Pte Juárez” de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.