Según el acuerdo XI/111/2024.5 Adscripciones y Readscripciones, el pleno del Consejo -que es el órgano máximo de decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)- orquestó una serie de triquiñuelas y enroques para que Alfredo Pérez Águila no se quedara sin empleo, después de ser removido del primer cargo.

Fue designado como sustituto de Noé Hernández Hernández al frente del área de transparencia en el mismo TSJE, aunque no de manera definitiva sino interina.

La información de Pérez Águila se ha convertido en una prioridad para algunos integrantes del poder judicial que se han encargado de filtrar la información a diversos reporteros, la intención -de acuerdo con fuentes internas- es desestabilizar a la presidencia en turno con la intención de perfilarse a la máxima representación del poder judicial que en próximas fechas iniciará con las reglas ya previstas en la reforma constitucional.

El cargo De juez a director de transparencia del TSJ; filtración evidencia golpeteo interno apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tras un efímero paso como titular del Juzgado Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia, y con un título y cédula profesional del Derecho obtenidos apenas el año pasado, ahora fue impuesto como secretario proyectista de Sala Interino “en apoyo a la proyección (sic), adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”.

La decisión de darle esa nueva encomienda fue tomada el pasado 17 de diciembre “en sesión privada extraordinaria” por quienes integran el pleno del Consejo de la Judicatura después que, ese mismo día, lo depusieran como titular del juzgado especializado, creado apenas a inicios del doceavo mes de 2024.

El imberbe abogado fue removido como juez interino apenas 12 días después de asumir el cargo, ante el alud de críticas de medios de comunicación y presiones por parte de activistas y colectivos, que cuestionaron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses, por imponerlo sin mérito ni experiencia alguna.

De acuerdo con el oficio SECJRH/3976/2024, firmado por la secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura, Midory Castro Bañuelos, se le informó a Pérez Águila que, “por necesidades del servicio, a partir de las 10:00 horas del día de hoy diecisiete de diciembre del año que transcurre, se da por concluida su designación como juez interino (nivel 16)”.

En ese mismo documento se le informa al novel litigante que se le “designa como secretario proyectista de Sala Interino (nivel 14) en apoyo a la proyección (sic), adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala por el término de tres meses, con efectos a partir del 17 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025”.

Incluso, se le instruyó llevar a cabo el proceso de entrega-recepción correspondiente y se le ordenó que para “recibir indicaciones deberá dirigirse con el contralor José Fernando Guzmán Zárate”.

En una nota publicada en La Jornada de Oriente, fechada el 18 de diciembre de 2024, la reportera Guadalupe de la Luz consignó que la presidenta del TSJE, Anel Bañuelos, al ser entrevistada luego de concluir su informe anual de labores, afirmó que el abogado Alfredo Pérez, tras ser removido como juez interino, “no fue asignado a ninguna otra área” de ese poder.

Sin embargo, esa declaración contradice lo asentado en el oficio referido -al que tuvo acceso este reportero- sobre la nueva encomienda del cuestionado litigante.

En esa misma entrevista, a Anel Bañuelos se le preguntó si la imposición del abogado como juez interino fue por recomendación, a lo que la magistrada respondió de manera tajante: “no, de ninguna manera”. Sin embargo, no supo explicar por qué, sin tener carrera judicial ni experiencia como abogado, a Alfredo Pérez se le dio esa encomienda tan importante.

La presidenta del TSJE achacó ese nombramiento a una decisión colegiada del Consejo de la Judicatura, pero no dijo nada sobre la inexperiencia de ese abogado quien, de acuerdo con documentos públicos, concluyó la licenciatura en Derecho en el año 2017, pero fue hasta 2024 cuando obtuvo su cédula profesional expedida por el Centro de Educación Abierta que opera en la ciudad de Puebla.

Según lo establecido en el tabulador de sueldos del TSJE -vigente hasta el cierre de 2024-, un secretario proyectista de sala ganaba un total de 44 mil 222.28 pesos mensuales por concepto de sueldo base (17 mil 562 pesos), percepción complementaria (17 mil 562 pesos), compensación (6 mil 184 pesos) y canasta básica (2 mil 914.28 pesos).

Además, percibía apoyo trimestral a funciones públicas administrativas (12 mil 988.86 pesos), bono anual (65 mil 501 pesos), bono especial (109 mil 559 pesos), y arcón y pavo (mil 500 pesos).

Un juez de primera instancia ganaba un total mensual de 53 mil 239.28 pesos por sueldo base (21 mil 396 pesos), percepción complementaria (21 mil 396 pesos), compensación (7 mil 533) y canasta básica (2 mil 914.28 pesos). También recibía apoyo a visitadurías (17 mil 642.48 pesos), apoyo trimestral a funciones públicas administrativas (19 mil 155.08 pesos), bono anual (74 mil 716 pesos), bono especial (113 mil 197 pesos), y arcón y pavo (mil 500 pesos).

Con información de Faro Noticias

El cargo Designan a ex juez de asuntos para mujeres como secretario proyectista en el TSJ apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ayer en el teatro Xicohténcatl Bañuelos Meneses presentó su primer informe de actividades al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y con más de un detalle demostró que su ego es sensible, pero también carente de autocrítica. ¿Quién en su sano juicio manda rodear un acto propio -que no de todo el poder judicial- con elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno?, ¿quién hace un evento así en medio del escándalo de la designación/deposición de uno de sus integrantes?. La nota se fue a medios nacionales y solo ella no se enteró.

Posterior a su acto la propia presidenta obviamente negó que el gobierno estatal haya recomendado al abogado Alfredo Pérez Águila, para el cargo de juez especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia. Menos mal que se preocupa por disimular la sumisión que un poder guarda ante otro.

Pero sin importar quien haya recomendado, o impuesto, al ahora desempleado, no puede negar que ella es -al menos en el papel- la que pone y quita, la que manda y decide, la que autoriza o no, todo lo que suceda en ese poder. El membrete nos dice eso.

Aunque la magistrada presidenta explicó que dicha designación fue una decisión del Consejo de la Judicatura, olvidó decir que ese órgano lo preside ella. Así que para su mala suerte Bañuelos acabó embarrando más su prestigio. Es, decide y preside en todos lados, pero parece que nadie le hace caso. ¿Así lo entendió más de uno, o no?.

Aunque no aclaró cómo fue que el “recomendado” logró el nombramiento, la magistrada indicó que fue removido tras dos semanas en el puesto, luego de que litigantes y activistas señalaran que no cumplía con el perfil adecuado para la función. ¿Ahora los nombramientos están a expensas de las manifestaciones, así de tibia es la actual presidencia?. Entonces reitero mi pregunta: ¿era momento de hacer un informe para que al día siguiente los medios destacáramos esto y no sus “logros”?

Bañuelos Meneses enterró ayer su “liderazgo” y esa imagen “fuerte” que deben tener quienes llegan a esas posiciones de poder, porque mientras siga nutriendo la idea de que su decisión fue tomada con base en las opiniones recibidas, o que buscaban asegurar la profesionalización de los jueces en áreas tan sensibles, todos los de afuera interpretamos que la presidencia del poder judicial está en manos equivocadas y que se dobla a las presiones.

No digo que rectificar sea malo, pero hay maneras y saber hacerlo de acuerdo a los “tiempos” es síntoma de sensibilidad y madurez política. Anel Bañuelos lo hizo en el peor momento, en el peor escenario y lo declaró públicamente en el día que tenía que haber salido en hombros.

¿No me cree usted?, revise la entrevista colectiva posterior a su acto, ahí mencionó que, debido a la reforma judicial en curso, los cargos de jueces ya no se pueden concursar este año, lo que obliga a hacer nombramientos interinos y que estos nombramientos son evaluados constantemente y, en casos de que surjan problemas de desempeño, pueden ser removidos sin previo aviso. ¿Acaso el desempleado tuvo tiempo para mostrar su desempeño y ser evaluado en función de su actuación?.

No pasaron más de diez días -desde que se hizo público- y eso fue suficiente para que el Tribunal Superior de Justicia emitiera un comunicado anunciando la designación de Heriberta Morales como la nueva jueza interina del Juzgado Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia. Esta decisión fue tomada tras la remoción de Alfredo Pérez Águila, quien, según precisó la presidenta del Poder Judicial, no fue reubicado en ningún otro cargo dentro de la institución. ¿Quién asesora a la presidenta, quién la odia tanto para permitir que vaya de error en error?

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