ADOLECENTES

Apoya Ana Lilia Rivera acceso y uso seguro de Internet para Niñas, Niños y Adolescentes

Redacción — Fri, 13 Dec 2024 04:37:47 +0000

El Senado de la República aprobó una adición al artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Senadora Ana Lilia Lilia Rivera respaldó la adición al artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues aseguró que ésta garantiza el acceso y uso seguro de Internet, sin ser víctimas de violencia digital, en una era en la que la tecnología constituye una herramienta clave para su desarrollo en ámbitos como la educación, la comunicación, el entretenimiento y la salud.

Sin dejar de reconocer que el entorno del avance tecnológico en nuestros días conlleva riesgos significativos como el ciberacoso, la explotación y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la Senadora tlaxcalteca dio su respaldo a la adición a la Ley porque promueve soluciones integrales que atienden desde la prevención hasta la sanción de conductas dañinas.

Asimismo, sostuvo que fortalece el marco normativo existente alineándose con iniciativas como la “Ley Olimpia” para sancionar conductas que dañan la privacidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, y fomenta la colaboración entre el Estado, las empresas digitales y la sociedad civil para garantizar que el Internet sea un espacio seguro para la niñez y adolescencia en el país.

En su defensa al dictamen puesto a discusión en el Pleno del Senado de la República, la legisladora refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2023, el 92.4 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años utilizan Internet, pero alarmantemente 2.9 millones de ellos han sido víctimas de ciberacoso.

“Las consecuencias de esta violencia no solo afectan la salud mental de niñas, niños y adolescentes, causando depresión y ansiedad, sino que también vulneran su derecho a una vida digna y segura”, dijo.

Por ello, Ana Lilia Rivera señaló que la adición a la Ley se enmarca en los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4° de la Constitución Política federal, que colocan el interés superior de la niñez como prioridad de Estado.

“Al garantizar un acceso seguro a internet, protegemos no solo la integridad de la niñez y la juventud, sino también su derecho a crecer en un entorno que favorezca su desarrollo pleno. Como Senado, tenemos la responsabilidad de adaptar nuestras leyes al contexto digital actual y de actuar en defensa de los derechos de las generaciones presentes y futuras”, reiteró.

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Día de la Juventud: casi mil adolescentes en México están presos por delitos vinculados al crimen organizado

Redacción — Mon, 12 Aug 2024 15:12:52 +0000

De acuerdo con un censo del INEGI, los delitos de portación de armas, cartuchos y explosivos, asesinato, y narcomenudeo y tráfico de drogas son los tres principales ilícitos por lo que están en reclusión el 72 % de los jóvenes detenidos.

A pesar de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que en el país los jóvenes ya no son reclutados por el crimen organizado, las propias cifras oficiales indican que estos casos no son inusuales ni ocurrían solamente en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A pesar del gasto de más de 100 mil millones de pesos en becas (JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO) para frenar el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia, el impacto de la violencia en los niños y jóvenes no se ha reducido.

Por el contrario, los homicidios de niños, niñas, adolescentes y de jóvenes de hasta 29 años aumentaron en el país, pues en el primer trienio de López Obrador se registraron casi 40 mil jóvenes asesinados, un 146 % más que con Calderón y un 73 % más que con Peña. También incrementaron los delitos vinculados a la delincuencia organizada cometidos presuntamente por estos y las desapariciones.

Entre los tres últimos años del sexenio de Peña Nieto y los tres primeros de López Obrador, casi medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vieron impactados por la violencia criminal, ya sea como víctimas o victimarios.

Los datos del censo penitenciario del INEGI

Ahora, como parte del Censo Penitenciario 2024, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reportó que casi mil menores de edad en México están presos en centros penitenciarios por delitos vinculados al crimen organizado, los cuales, según una revisión hecha por Animal Político en colaboración con la organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD), se dividen principalmente en tres grupos.

El primer grupo, con 377 delitos cometidos por menores, es el de delitos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado, que aglutina ilícitos como portación de armas, cartuchos y cargadores, y explosivos, así como los delitos de delincuencia organizada y asociación delictuosa.

El segundo grupo son los homicidios, con 299 casos. Esto es, en México hay casi 300 menores de edad presos que están acusados de asesinato, como el caso de ‘El Chapito’.

Mientras que el tercero, con 240 casos, es el grupo de delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, incluyendo la posesión simple de narcóticos, el comercio, suministro y el tráfico. No obstante, sobre este punto también cabe precisar que la posesión simple de narcóticos no necesariamente está vinculada a actividades delictivas de los jóvenes, ni al crimen organizado.

Asimismo, los datos del INEGI apuntan que también hay menores presos por otro tipo de delitos graves, como feminicidio, con 44 adolescentes presos.

En total, mil 274 jóvenes están encarcelados (de los que 916, el 72 %, están acusados de delitos relacionados con el crimen organizado).

En cuanto al tipo de internamiento, del total de jóvenes presos, 303 están con una “medida cautelar de internamiento preventivo”, el 24%, mientras que 917 ya tenían una medida de internamiento “definitiva”, el 72%, y el resto no tenía una medida de internamiento definitiva o tenía una medida de ‘semi-internamiento’.

Los datos del INEGI apuntan que el 25% de los menores presos no tenían ningún nivel de escolaridad, o solo habían cursado preescolar o primaria; el 37% tenía secundaria; el 32% la preparatoria; y solo el 1% tenía licenciatura o una carrera técnica.

“Nos tocan y nos desnudan”

En 2023, la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre las condiciones que viven ese millar de personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en los centros de internamiento.

En el documento, la CNDH recabó numerosos testimonios de jóvenes que denunciaron situaciones de malos tratos por parte de los custodios de los centros, como mala alimentación, falta de higiene, medicamentos y de atención sanitaria básica, e incluso situaciones de acoso, abusos sexuales y de espionaje.

“Los teléfonos públicos los controlan y escuchan nuestras llamadas”, denunció uno de los testimonios.

“La directora nos humilla y nos hace hacer talachas forzadas. No nos dejan leer libros que queremos diciendo que están prohibidos. Los teléfonos públicos los controlan y escuchan nuestras llamadas. La comida es de lo peor y nuestra tele nos la quitaron. La psicóloga le dice cosas de nuestra vida privada a la directora, y los custodios nos humillan. Nos hacen quitarnos la ropa y con las cámaras nos acosan”, denunció otra interna. Mientras que otra mujer denunció que los oficiales “nos tocan, nos desnudan, y nos preguntan si somos vírgenes”.

“Nos dan comida para perro”, reportó otro joven preso. “Nos tratan como personas inferiores”, añadió.

Por otra parte, la CNDH también documentó en revisiones en centros de internamiento para adolescentes en Baja California, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas, que existe visibilidad obstruida con ropa de cama, principalmente cobijas y sábanas, “lo que aumenta el riesgo de conductas disruptivas que pudieran derivar en incidentes”.

Por ejemplo, en Zacatecas el personal de la CNDH detectó que era la misma población adolescente recluida la que debía otorgar el consentimiento para el acceso al personal de seguridad del mismo centro y de la Comisión.

“Una vez autorizado el acceso, se percibió olor característico a la marihuana y se observó exceso de cobijas que cubrían el interior de los camarotes”, señaló la CNDH.

Con información de: Animal Político

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Aprueban Comisiones Unidas dictamen para prohibir el castigo corporal y el trato humillante a niñas, niños y adolescentes

Redacción — Mon, 27 May 2024 23:37:50 +0000

Para cambiar el paradigma en la forma de disciplinar o corregir a las personas menores de edad, se introduce el concepto de crianza positiva.

Este lunes, en el Salón Rojo del Congreso del Estado, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que presiden la Diputada Dulce Cecilia García Gayosso y el Diputado Fabricio Mena Rodríguez, respectivamente, aprobaron el dictamen con proyecto de Decreto derivado del expediente parlamentario número LXIV 059/2024.

Con la aprobación de este dictamen se pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de prohibir el castigo corporal y el trato humillante, como formas de aplicar disciplina o de corregir a niñas, niños y adolescentes, por parte de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, la custodia, la guarda o que, por cualquier razón, los tengan bajo su cuidado.

Asimismo, y en contraposición, en el dictamen se propone incorporar el concepto de crianza positiva, entendido como un conjunto de medidas tendentes a proveer a la adecuada formación de niñas, niños y adolescentes, sin recurrir al castigo corporal ni al trato humillante.

En días próximos, el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas se someterá a consideración del Pleno del Congreso Local, para dar continuidad al proceso legislativo correspondiente

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