Así lo afirmaron los padres y las madres de los 43 estudiantes al salir de la primera reunión con la mandataria en Palacio Nacional, quienes destacaron “la disposición de la Presidenta para reconstruir y entrar en una nueva etapa de diálogo”.

Igualmente aseguraron que continuará la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), “pero se tiene que fortalecer”. También resaltaron que el diálogo con la mandataria seguirá, con un próximo encuentro en febrero del 2025.

“Creo que iniciamos bien, con una nueva ruta de diálogo y una nueva disposición de la Presidencia”, enfatizó Vidulfo Rosales, abogado de las familias.

Respecto a la demanda de que el Ejército entregue 800 folios en los que habría información relevante para dar con el paradero de los estudiantes y la participación que tuvo en los hechos de la Noche de Iguala, Melitón Ortega, vocero de las familias, expuso que la mandataria “en breve va a hacer una carta a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) para dar a conocer y solicitar esa información que se requiere”.

Al respecto, Rosales precisó en entrevista que tanto los padres y las madres como la mandataria coincidieron en “no entrar en esta polarización” que representa el tema del Ejército.

No obstante, indicó que dado que es un asunto “de mucha tensión va a haber una modificación respecto a los 800 folios (solicitados) a información que los militares de manera concreta tienen en su poder”.

Insistió en que Sheinbaum “conformó un nuevo equipo que se abocará a la revisión de los expedientes (del caso) y a la utilización de nueva tecnología”, para la localización de lugares e intervenciones legales de teléfonos.

Asimismo, indicó que los padres y las madres de los 43 estudiantes reiteraron a la Presidenta la urgencia de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel. Rosales señaló que la respuesta de la mandataria fue que “van a seguir insistiendo (en ello)” pero que depende del gobierno de ese país el que se logre.

Melitón Ortega también resaltó que la jefa del Ejecutivo fijó una postura “de poder avanzar (en el caso) y no estar confrontando… hay que buscar los puntos centrales que nos permitan avanzar”.

En la reunión que se realizó en el Salón Guillermo Prieto (Tesorería) y que duró poco más de hora y media, participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra.

Con información de La Jornada

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La Secretaría de Gobernación publicó el tercer informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en el cual se informa que en este año se intensificaron las labores de búsqueda y acusa que la sentencia emitida por un juez federal en Tamaulipas, que liberó a 65 presuntos responsables, entorpeció el avance en el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con el documento, la sentencia del tribunal colegiado es inconvencional porque derivó en que las declaraciones y testimonios de personas clave en los hechos quedaran sin efectos al argumentar que fueron obtenidos bajo tortura.

“La sentencia liberó a los implicados en la desaparición y también obstaculizó las posibilidades de obtener justicia y verdad, garantizando impunidad para los probables responsables de uno de los crímenes más graves en la historia reciente de México”, sostiene el informe.

El reporte menciona que el tribunal anuló las declaraciones de los acusados al considerarlas obtenidas bajo tortura, “a pesar de que solo algunos de los procesados fueron confirmados como víctimas de este delito. Esto eliminó pruebas fundamentales que vinculaban a los imputados con la desaparición de los estudiantes”.

Además, dicha interrupción en la investigación fue considerada como una extralimitación del tribunal federal, pues se incluyeron aspectos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que no formaban parte del proceso, lo que permitió al juez liberar a los 65 procesados sin responsabilidad penal.

Tras un amplio desarrollo del curso de la sentencia, la Secretaría de Gobernación sostiene que al tratarse de una sentencia “definitiva e inatacable”, las personas liberadas “no podrán ser juzgadas nuevamente con las mismas pruebas, aun cuando existan indicios claros de su participación en la desaparición de los normalistas.

La Secretaría de Gobernación informa que otro factor que detiene el avance de la investigación del caso Ayotzinapa es el de las extradiciones pendientes de tres personajes clave como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de investigación Criminal y de Abraham Eslava Arvizu, ex funcionario en temas de seguridad, quienes son acusados de practicar tortura a testigos clave.

Además, el gobierno federal señala que una de las trabas en el caso es la extradición pendiente del juez de barandilla José Ulises Bernabé, a quien Estados Unidos le otorgó asilo por persecución política y quien podría contar con información valiosa para conocer qué hicieron los criminales con los normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Avances en la investigación 

En lo que respecta al avance de los trabajos de investigación, el documento añade que en el último año se detuvieron a 23 nuevos probables responsables en los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Entre las 23 órdenes de aprehensión emitidas en el último año destaca la presencia de ex policías de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos del Ejército. De esta manera suman 151 personas que actualmente llevan un juicio por participar directa o indirectamente en la desaparición de los 43 normalistas.

La mayoría de las personas detenidas corresponden a personas que se desempeñaban como elementos de seguridad, pues 48 laboraban en la policía municipal de Iguala, 16 en el municipio de Huitzuco y dos más en Cocula. Además, se encuentran en prisión 10 policías estatales, seis elementos de fuerzas federales y otros seis trabajadores federales ministeriales.

Con información de MILENIO

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Normalistas de Ayotzinapa lanzaron un total de seis petardos a las escalinatas y al Patio del Federalismo de la Cámara de Senadores en momentos en que ya había concluido la primera sesión plenaria.  No se reportaron personas heridas por los artefactos explosivos, solo una puerta de cristal que quedó destruida, mientras personal de Protección Civil y de Resguardo desalojó el área para evitar más afectaciones. A dos días de que se realice la Marcha Nacional para recordar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Senado fue “amurallado” con vallas metálicas y cadenas, al igual que las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, dio la instrucción para que solo senadores y personal de enlace legislativo pudieran ingresar el recinto ante el temor de una toma violenta del inmueble como ocurrió el pasado 10 de septiembre por parte de empleados del Poder Judicial.

En un aviso publicado en el sitio web del Senado, Fernández Noroña informó que se tomó esta medida “con la finalidad de garantizar el desarrollo libre y seguro de las sesiones”. El lunes, simpatizantes del movimiento de Ayotzinapa lanzaron una veintena de petardos a la Secretaría de Gobernación, y el próximo jueves cuando realicen su movilización por Reforma pasarán frente al Senado.

Senadores sesionarán por la noche reforma de Guardia Nacional

En la sesión del mediodía, el Pleno de la Cámara de Senadores conoció en primera lectura el dictamen de la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Posteriormente, se citó a una nueva sesión a las 17:00 horas de este martes a fin de aprobar por la noche o la madrugada del miércoles, la reforma que traspasa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a la Sedena el control de la Guardia Nacional.

Se prevé que a más tardar este miércoles 25 de septiembre, el Senado apruebe con mayoría calificada la enmienda constitucional, la cual será turnada posteriormente a los congresos de los estados para su aprobación.

El senador por Zacatecas, Saúl Monreal, justificó las vallas alrededor del Senado a fin de garantizar la integridad del inmueble, de los legisladores y empleados, y permitir la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.

“El presidente de la cámara tiene la obligación de resguardar la integridad de todos los senadores, no es tanto por el temor que pudiera haber, sino por la obligación que tiene el presidente de la Cámara de resguardarla. Y lo que estamos aprobando chocan algunos intereses y que por eso es importante el resguardo”, destacó.

Con información de Excélsior

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