Las reuniones son encabezadas por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández Mora, con el objetivo de revisar el avance de las tareas organizativas realizadas por quienes buscan convertirse en coordinadores estatales.

El partido informó que los encuentros se desarrollan por bloques de entidades federativas y permiten evaluar el cumplimiento de las actividades encomendadas a cada aspirante, principalmente en materia de organización territorial, vinculación con la ciudadanía y difusión de los principios de la Cuarta Transformación.

En ese contexto, se espera que las y los aspirantes tlaxcaltecas comparezcan ante la dirigencia nacional en las próximas horas para presentar los resultados de las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, los recorridos casa por casa y las acciones de acercamiento con la población, como parte del proceso interno.

Morena señaló que estos encuentros forman parte del mecanismo para dar seguimiento al trabajo político de quienes participan en la convocatoria y reiteró que la definición de las coordinaciones estatales se realizará con base en las reglas establecidas por la Comisión Nacional de Elecciones.

La dirigencia nacional concluyó que el proceso interno continúa desarrollándose bajo los principios de unidad, transparencia, responsabilidad y respeto a los mecanismos partidistas, mientras avanzan las reuniones con los aspirantes de las distintas entidades del país, entre ellas Tlaxcala.

El cargo Morena se reunirá con aspirantes a la coordinación estatal en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

831 mil pesos bajo sospecha; cuatro servidores públicos habrían recibido salarios del Ayuntamiento mientras mantenían pagos dentro del sistema educativo estatal

Trabajadores del municipio de Contla de Juan Cuamatzi fueron observador por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que identificó irregularidades en el manejo de recursos públicos pues cuatro servidores públicos municipales habrían cobrado del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, recibieron remuneraciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).

Se trata de Yadira Bernal Pérez, cuarta regidora de Contla, quien recibió pagos de la USET; así como Hilda Felicitas Xochitiotzi Cocoletzi, séptima regidora, quien registró percepciones provenientes de la SEPE.

Así como de Ernesto Lezama Delgado, auxiliar administrativo de segundo nivel, y Oscar Eduardo Sánchez Cadena, auxiliar jurídico del Ayuntamiento, quienes igualmente habrían recibido pagos de la USET mientras desempeñaban funciones municipales.

La revisión de la cuenta pública 2025 exhibió un esquema de duplicidad de ingresos con cargo al erario, donde funcionarios con responsabilidades dentro del gobierno municipal mantenían percepciones provenientes del sistema educativo estatal.

De acuerdo con el informe del OFS, el Ayuntamiento destinó durante 2025 un total de 831 mil 223 pesos en salarios para estos cuatro servidores públicos, recursos que el órgano fiscalizador consideró posiblemente improcedentes al existir una probable incompatibilidad de cargos remunerados.

La sombra de las prácticas cuestionadas en SEPE-USET

La corrupción evidencia las condiciones laborales, pagos y ausencia de controles dentro del sistema educativo estatal, luego de que en la SEPE-USET ha sido señalada públicamente por presuntas irregularidades administrativas que han generado cuestionamientos sobre el uso de plazas y recursos públicos.

La autoridad fiscalizadora deberá determinar si la documentación presentada por el municipio logra justificar los pagos o si existen responsabilidades administrativas por el uso de recursos públicos.

El cargo Cobros dobles, salarios públicos y opacidad: OFS exhibe a funcionarios de Contla ligados a SEPE-USET apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Palma Suárez, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario Académico de la institución, fue elegido por el máximo órgano universitario para encabezar la administración de la UATx durante el próximo periodo.

El nuevo rector toma las riendas de una de las instituciones educativas más importantes de Tlaxcala, en un momento en el que la universidad enfrenta retos relacionados con la calidad académica, la investigación, la vinculación social y la atención a las nuevas demandas de la comunidad estudiantil.

La designación ocurre tras la conclusión del periodo encabezado por Serafín Ortiz Ortiz, quien estuvo al frente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y deja una administración marcada por proyectos de fortalecimiento institucional, pero también por diversos desafíos internos y externos para la comunidad universitaria.

La información la confirmó la Universidad Autónoma de Tlaxcala quien refirió que en los próximos minutos darán a conocer mayores detalles de los enroques al interior de la máxima casa de estudios y el mensaje del nuevo rector tras asumir el cargo.

El cargo Alejandro Palma Suárez asume la rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las estadísticas nacionales del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el INEGI y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) muestran un panorama preocupante, estiman que solo entre 4 y 6 de cada 10 profesionistas logran encontrar un empleo relacionado con la carrera que estudiaron.

El resto enfrenta una realidad muy distinta: trabajan en actividades que no requieren estudios universitarios, aceptan empleos con salarios bajos o permanecen desempleados durante meses e incluso años.

En Tlaxcala, esta situación se agrava por la limitada oferta laboral para profesionistas. El desarrollo industrial y económico del estado no ha crecido al mismo ritmo que el número de jóvenes que egresan de universidades públicas y privadas, provocando una competencia cada vez mayor por un reducido número de plazas especializadas.

Como consecuencia, numerosos egresados terminan laborando en comercios, empresas de servicios, call centers, ventas, actividades administrativas o emprendimientos informales, ocupaciones que poco o nada tienen que ver con la profesión para la que se prepararon durante cuatro o cinco años.

Otros optan por abandonar el estado y migrar hacia entidades como Puebla, Ciudad de México, Querétaro o Nuevo León, donde las oportunidades laborales son mayores y los salarios más competitivos.

Paradójicamente, Tlaxcala mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del país; sin embargo, ese indicador no refleja la calidad del empleo. Muchos profesionistas sí trabajan, pero lo hacen en puestos que no requieren un título universitario o en condiciones de informalidad, una problemática que afecta a una parte importante de la población ocupada en la entidad.

Este fenómeno representa una pérdida de talento y una inversión desaprovechada tanto para las familias como para el propio estado pues el mercado laboral no ofrece suficientes oportunidades para aprovechar ese capital humano.

El desafío para Tlaxcala no consiste únicamente en formar más profesionistas, sino en generar las condiciones económicas que permitan que esos conocimientos se traduzcan en empleos de calidad. De lo contrario, la universidad seguirá siendo, para muchos jóvenes, una promesa incumplida más que un verdadero camino hacia la movilidad social.

El cargo El 50 % de universitarios no ejerce la profesión que estudió apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En Tlaxcala, la transparencia parece existir más en el discurso que en los hechos. Aunque los 60 ayuntamientos están obligados por la legislación estatal y nacional a contar con una Unidad de Transparencia integrada por personal con conocimientos en la materia, no existe un registro público que permita conocer cuántos municipios cumplen realmente con este requisito ni quiénes son los funcionarios capacitados para garantizar el acceso a la información pública.

La ausencia de esta información evidencia una preocupante falta de rendición de cuentas. Mientras la ley exige que cada municipio designe un responsable de transparencia, integre un Comité de Transparencia y capacite de manera permanente a los servidores públicos encargados de esta función, los resultados de las verificaciones oficiales demuestran que los ayuntamientos siguen incumpliendo con sus obligaciones.

Las evaluaciones realizadas por el extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) revelaron que municipios como Atltzayanca, Muñoz de Domingo Arenas, Tepetitla de Lardizábal, Atlangatepec, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, Totolac, Tzompantepec e Ixtacuixtla, entre otros, han registrado niveles mínimos o incluso nulos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

Estos resultados no significan necesariamente que carezcan de una Unidad de Transparencia, pero sí reflejan que la información pública que por ley deben difundir permanece incompleta, desactualizada o simplemente no existe, lo que deja a los ciudadanos sin herramientas para vigilar el uso de los recursos públicos y las decisiones de sus gobiernos municipales.

Especialistas en la materia advierten que uno de los principales problemas radica en que muchos ayuntamientos designan a funcionarios sin el perfil técnico requerido, asignan la responsabilidad como una función adicional o cambian constantemente al personal, impidiendo la profesionalización del área.

A ello se suma que el IAIP no tuvo un padrón público que identifique qué municipios tienen servidores públicos certificados o capacitados, lo que dificulta evaluar si las administraciones municipales cumplen realmente con el espíritu de la ley o únicamente con el trámite administrativo de nombrar a un responsable.

La transparencia es uno de los principales mecanismos para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana, un pendiente que los alcaldes deben cumplir por ley.

El cargo Municipios incumplen la ley de transparencia y operan sin personal especializado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Mientras miles de mujeres sostienen la economía de sus hogares con trabajo remunerado y no remunerado, la seguridad social continúa siendo un privilegio al que gran parte de ellas no tiene acceso, en Tlaxcala 7 de cada 10 mujeres trabajan en el hogar y son invisibles a una seguridad social a la que deberían tener derecho.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en Tlaxcala más de 200 mil mujeres ocupadas trabajan en la informalidad, es decir, sin acceso garantizado a servicios médicos, incapacidades, ahorro para el retiro o prestaciones laborales. Tan solo al cierre de 2025 se contabilizaron 204 mil mujeres en esta condición, equivalente al 71.6 por ciento de todas las mujeres con empleo en el estado.

La cifra revela una realidad preocupante: siete de cada diez mujeres que trabajan lo hacen sin la protección que debería brindar un empleo formal.

Pero existe otro grupo aún más invisibilizado: las amas de casa.

En Tlaxcala no existe un registro oficial que permita conocer cuántas amas de casa están afiliadas voluntariamente al IMSS o cuentan con algún esquema de protección social, lo que dificulta medir la magnitud de esta población.

El trabajo doméstico y de cuidados sostiene gran parte de la economía, aunque permanece sin remuneración y sin reconocimiento en materia de seguridad social.

A ello se suma que la informalidad laboral continúa creciendo en Tlaxcala. De acuerdo con la ENOE, la entidad registró una tasa de informalidad superior al 72 por ciento, una de las más altas del país, lo que significa que la mayoría de las personas ocupadas trabajan sin un vínculo laboral plenamente reconocido o sin acceso a prestaciones como atención médica, vacaciones pagadas, aguinaldo o pensión.

La situación afecta especialmente a las mujeres, quienes además enfrentan una doble carga: muchas participan en actividades económicas informales y, al regresar a casa, continúan realizando labores domésticas y de cuidados sin remuneración.

El cargo Sin derechos laborales y de seguridad 7 de cada 10 mujeres en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• En un año caen 32 objetivos prioritarios del crimen organizado

Lo que durante años se consideró un estado de bajo perfil para la delincuencia organizada cambió de manera acelerada. En los últimos 12 meses, 32 objetivos prioritarios vinculados con grupos criminales fueron detenidos en Tlaxcala, entre ellos líderes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Unión Tepito, como resultado de una serie de operativos encabezados por fuerzas federales.

Las capturas reflejan un incremento en las acciones de inteligencia y despliegues coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales, que han puesto a Tlaxcala en el mapa de la estrategia nacional contra el crimen organizado.

El caso más reciente ocurrió en Huamantla, donde fue detenido David Daniel “N”, alias “El Jarocho”, identificado por la Fiscalía General de la República como un objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal ligada al CJNG con operaciones en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, “El Jarocho” coordinaba actividades delictivas en la región centro del país y era considerado uno de los principales generadores de violencia. Su captura se suma a la de otros operadores regionales asegurados durante el último año en distintos municipios tlaxcaltecas.

Las autoridades federales sostienen que estas detenciones forman parte de una estrategia para desarticular las estructuras criminales antes de que consoliden su presencia en la entidad. Sin embargo, el número de objetivos prioritarios capturados también revela una realidad distinta: Tlaxcala ya no sólo es un estado de paso, sino un territorio donde organizaciones criminales buscan establecer redes de operación, logística y refugio.

Los operativos han incluido cateos, trabajos de inteligencia, aseguramientos de armas, droga y vehículos, además del cumplimiento de órdenes de aprehensión contra integrantes de organizaciones con presencia nacional.

El saldo de 32 objetivos prioritarios detenidos en un año representa uno de los mayores golpes contra el crimen organizado registrados recientemente en Tlaxcala y evidencia el incremento de la presencia de fuerzas federales en el estado, donde las acciones de seguridad han dejado de concentrarse únicamente en delitos del fuero común para enfocarse en el combate a estructuras criminales de alto impacto.

Durante la detención de estos personajes peligrosos no se han generado actos de violencia en las comunidades o en el Estado, debido a que Tlaxcala era ocupado como escondite y no como un centro de operaciones delincuenciales.

El cargo Tlaxcala refugio de líderes delincuenciales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los números no mienten. El 54.6% de las personas con discapacidad ignorara que existía una acción afirmativa para ellas en 2024 no es un dato menor: es la prueba irrefutable de que las cuotas se diseñan desde escritorios, no desde las necesidades reales. Peor aún, que el 61.2% no conozca a nadie electo bajo esa figura revela que estas candidaturas, cuando llegan al poder, se diluyen en el entramado burocrático hasta volverse irreconocibles.

Pero el golpe más duro a la clase política viene de las comunidades indígenas: el 91% exige documentos comunitarios para acreditar candidaturas. Es decir, la militancia partidista no basta. El “aval” del partido no pesa. Lo que importa es el reconocimiento de la asamblea, del territorio, del tejido social que el político de escritorio desconoce. Y ninguna mesa reconoció a la figura del “Gobernador Indígena” como autoridad legítima. ¿Cuántos partidos han impulsado a personajes sin arraigo solo para llenar una cuota? La respuesta está en esa desconfianza mayoritaria.

La comunidad LGBTTTIQA+ fue aún más contundente: 56.67% considera que las candidaturas no las representaron. Y aunque el 90% pide que las cuotas sigan, la mitad exige un replanteamiento integral. La demanda no es eliminar la acción afirmativa, sino evitar que sea usurpada por oportunistas que buscan el cargo sin compartir la lucha. El 93.33% quiere mecanismos de verificación, pero sin revictimización: no a exámenes médicos, no a entrevistas invasivas. ¿Podrán los partidos entender que la identidad no se demuestra con papeles ni se somete a la discrecionalidad de una comisión?

Las juventudes, por su parte, son un termómetro de la falla comunicacional: el 53.7% no sabía que existían cuotas para ellos. Y los tlaxcaltecas en el extranjero, el 76.32%. La información no llega, y cuando llega, no convence.

El problema de fondo es político, no técnico. Los partidos han tratado las acciones afirmativas como un requisito administrativo, no como una herramienta de transformación. Han colocado cuerpos diversos en las listas, pero han mantenido las estructuras de poder intactas. Han sumado rostros, pero han restado autonomía.

El consejero presidente del ITE, Manuel Ávila González, sostiene que la democracia se fortalece con participación en igualdad. Pero la igualdad no se decreta, se construye. Y para construirla, los partidos tendrán que aceptar que la curul no es el fin, sino el medio; que la representación no se acredita con una constancia, sino con un vínculo vivo con la comunidad; que la legitimidad no la otorga el instituto electoral, sino la base que ve en sus representantes un espejo, no una máscara.

Rumbo a 2027, el ITE tiene en sus manos diseñar acciones afirmativas que no sean un simple requisito, sino una verdadera palanca de poder. Pero el instituto solo puede poner reglas; la voluntad política debe venir de quienes hoy ocupan las cúpulas partidistas. La ciudadanía ya habló: ya no quiere candidaturas de adorno. Quiere poder real, no solo curul.

Los partidos tienen enfrente un espejo. El reflejo no es halagador. La pregunta es si tendrán el valor de mirarse y, más importante aún, de cambiar para realmente cumplir con los espacios para las comunidades, que a lo largo de los años han sido alejadas y discriminadas de los procesos de elecciones.

El cargo Postular no es representar: el espejo que los partidos no quieren ver apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La funcionaria explicó que el laboratorio cuenta con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y desarrolla dos funciones estratégicas: la vigilancia epidemiológica y la vigilancia sanitaria, ambas fundamentales para la detección oportuna de enfermedades y la protección de la salud pública.

Detalló que, en el área de vigilancia epidemiológica, el laboratorio recibe muestras provenientes de unidades del IMSS-Bienestar, servicios ordinarios de salud, clínicas y hospitales generales para su procesamiento especializado. Como laboratorio de segundo nivel, realiza estudios de VIH, sífilis, hepatitis, virus del papiloma humano (VPH), tuberculosis, influenza, sarampión y un amplio panel de enfermedades emergentes mediante técnicas de biología molecular.

Asimismo, indicó que el área de vigilancia sanitaria procesa exclusivamente las muestras remitidas por Cofepris para verificar la calidad microbiológica de alimentos y agua. Entre las pruebas que se realizan destacan análisis de coliformes fecales, vigilancia de aguas residuales y potables, alimentos crudos y productos pesqueros, especialmente durante temporadas de alta demanda como Semana Santa y diciembre.

Aguilar Oropeza subrayó que el laboratorio mantiene operaciones los 365 días del año con el objetivo de garantizar respuestas rápidas ante posibles brotes epidemiológicos. Como ejemplo, recordó que la primera muestra relacionada con sarampión en 2026 fue procesada el 15 de enero y señaló que el estado se encuentra próximo a concluir el seguimiento de ese brote, cuya conducción corresponde al área epidemiológica.

En materia de fortalecimiento institucional, destacó que durante este año el Gobierno del Estado dotó al laboratorio de dos vehículos, renovó su infraestructura tecnológica con 40 computadoras para las áreas administrativa y analítica, además de destinar una inversión cercana a 24 millones de pesos para la adquisición de equipos, insumos y consumibles especializados.

Finalmente, la directora afirmó que estas acciones permitieron incrementar significativamente la capacidad operativa del laboratorio, alcanzando un cumplimiento del 99 por ciento en sus procesos, cifra que calificó como un récord histórico respecto a los niveles registrados en años anteriores.

El cargo Laboratorio Estatal de Salud Pública alcanza 99 % de cumplimiento apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) reveló resultados a las consultas realizadas a 531 personas de pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades LGBTTTIQA+, juventudes y migrantes, que reconfiguran el mapa político rumbo a 2027, la respuesta es una realidad que los partidos políticos no pueden ocultar pues“incluir en las listas no es suficiente; hay que garantizar el poder real”.

Los resultados de las consultas son un diagnóstico crudo de cómo las cuotas han sido, en muchos casos, un parche que no cura la herida de la exclusión.

El fracaso de las “candidaturas de adorno”

Mientras los partidos políticos suelen presumir sus listas plurales, la voz de las bases es demoledora. En el caso de las personas con discapacidad, el 54.6% ni siquiera sabía que existía una acción afirmativa para ellos en 2024. Peor aún: el 61.2% desconoce a alguien electo bajo esa figura. Es decir, las cuotas existen, pero la representación es invisible.

La comunidad LGBTTTIQA+ fue aún más tajante: 56.67% considera que las candidaturas no las representaron adecuadamente. Y aunque el 90% pide que las cuotas sigan, la mitad exige un replanteamiento integral. La demanda no es eliminar las acciones, sino evitar que sean usurpadas por personajes que solo buscan el cargo.

El vínculo comunitario: el gran debate indígena

En los pueblos originarios, la discusión fue de fondo. El 55% de las mesas de trabajo considera que la representación indígena es adecuada en los municipios, pero esa cifra se desploma al 32% en los distritos electorales. La cercanía importa, y mucho.

Sin embargo, el dato que encendió todas las alarmas políticas fue que el 91% de las comunidades exige que los aspirantes presenten documentos expedidos por Asambleas Comunitarias o autoridades tradicionales para acreditar su vínculo. Además, ninguna mesa reconoció a la figura del “Gobernador Indígena” como autoridad legítima. Un golpe directo a ciertas estructuras políticas que buscan validación sin arraigo.

Verificación sí, pero sin acoso

En las poblaciones LGBTTTIQA+, el clamor fue unánime: el 93.33% quiere mecanismos de verificación para saber quién realmente pertenece a la comunidad. Pero con una línea roja clara: no a las evaluaciones médicas, psicológicas o entrevistas invasivas. La certeza no puede justificar la violación de la privacidad.

Para las juventudes, el problema es otro: el 53.7% no sabía que existían cuotas para ellos. La falta de información es la principal barrera, seguida de los prejuicios sobre sus capacidades. Para los tlaxcaltecas en el extranjero, el 76.32% ignoraba la acción afirmativa; su principal herramienta de identidad sigue siendo la credencial de elector.

El mensaje de fondo: “Poder, no solo curul”

Manuel Ávila González, consejero presidente del ITE, fue claro: “Nuestra democracia se fortalece cuando todas las personas tienen la posibilidad de participar en condiciones de igualdad”. Pero el mensaje que dejaron los foros es más profundo: la igualdad no se decreta con una cuota, se construye con reglas claras, competitividad y participación directa.

Rumbo a 2027, el ITE tiene sobre la mesa un mandato popular: diseñar acciones afirmativas que no sean un simple requisito, sino una verdadera palanca de poder. La ciudadanía ya habló. Ahora, los partidos y el instituto tienen la palabra.

“Postular no siempre equivale a representar. Las consultas del ITE son el espejo donde los partidos deberán mirarse antes de definir sus candidaturas para 2027. La exigencia no es estar en la boleta, es ganar con legitimidad.”

El cargo “Postular no es representar”, la gran mentira de las candidaturas inclusivas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.